Comienza el juicio en Alemania contra miembros del grupo Antifa Este por ataques contra la extrema derecha

El juicio contra siete presuntos extremistas de izquierda comenzó este martes en el Tribunal Superior Regional de Dresde, en el este de Alemania, bajo estrictas medidas de seguridad y en medio de protestas de una veintena de simpatizantes. Se les acusa de haber perpetrado durante varios años ataques violentos contra presuntas personas de la extrema derecha. Según la Fiscalía Federal de Alemania seis de los siete imputados, de entre 28 y 49 años, pertenecían a una organización criminal conocida como la Hammerbande (Banda del martillo) o Antifa Ost (Antifa Este), que se fundó, según la acusación, a finales de 2017 o principios de 2018 en Leipzig y sus alrededores, en el este del país. El séptimo está acusado de apoyarla.

Ser parte de una organización criminal y las lesiones corporales graves se castigan con penas de hasta cinco y diez años de prisión, respectivamente.

En la acusación, la Fiscalía atribuye a los seis hombres y una mujer un “antifascismo militante” y actitudes de extrema izquierda, así como de planear atacar a miembros de la escena de extrema derecha con el objetivo de enviar una señal para disuadir a los extremistas de derecha. También deberán responder por lesiones corporales graves, intento de asesinato y daños materiales. Según la Fiscalía, los ataques se llevaron a cabo con diferentes grupos, tanto en Alemania como en el extranjero.

Los agresores actuaron “de forma planificada y organizada”, afirmó la fiscal jefe Alexandra Geilhorn al leer la acusación de 270 páginas, según informó la cadena pública MDR. En algunos casos, los acusados asumieron que las víctimas podían morir, agregó la representante de la Fiscalía.

La atención se centra principalmente en el acusado Johann G., a quien se le atribuye una posición de liderazgo en el grupo. Se le imputa planear los ataques y reclutar a cómplices. Junto con el coacusado Paul M., también habría organizado entrenamientos de combate para los miembros. En unos almacenes, el grupo guardaba, entre otras cosas, herramientas para golpear, espray pimienta, utensilios para enmascararse y teléfonos móviles. Johann G. fue buscado durante años hasta que finalmente fue detenido hace un año en un tren en Turingia.

Las detenciones se llevaron a cabo dentro del “proceso Antifa Ost”, que es como se conoce al conjunto de investigaciones en torno a esta serie de ataques de extrema izquierda en Sajonia, Turingia y Sajonia-Anhalt. De hecho, la causa, que se extenderá hasta el verano de 2027, es en realidad la continuación del juicio contra la estudiante Lina E., condenada en el mismo tribunal, en 2023, a cinco años y tres meses de prisión, y que fue compañera sentimental del principal acusado. Otros tres coacusados recibieron penas menores. Un testigo clave los incriminó. Tanto ellos como los acusados ahora pertenecían al mismo grupo liderado por Lina E. y Johann G.

Según la Fiscalía, el grupo habría cometido un total de 14 agresiones en Alemania y en el extranjero —en lugares como Wurzen, Leipzig, Dessau-Rosslau, Dortmund, Erfurt y Budapest— en las que resultaron heridas 35 personas, algunas de ellas de gravedad. En la capital húngara, en febrero de 2023, se produjeron los últimos ataques contra extremistas de derecha que habían participado en el evento neonazi Día del honor. La investigación de lo ocurrido allí se englobó bajo el nombre del caso Budapest.

El Gobierno estadounidense clasificó recientemente al grupo Antifa Ost como organización terrorista, algo que sorprendió a las autoridades alemanas ya que, como informó una portavoz del Ministerio del Interior alemán, “el potencial de peligro que representa el grupo ya se ha reducido considerablemente en los últimos tiempos” y “los cabecillas y miembros más violentos del grupo ya han sido condenados y se encuentran en prisión o bajo custodia policial”. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, como se conoce a los servicios secretos en el interior de Alemania, describe a la asociación como una “red violenta” de individuos, no como una organización con una jerarquía fija y considera que la red está “claramente debilitada” debido a los procesos judiciales, sentencias y detenciones.