Starmer se enfrenta a una creciente rebelión de diputados laboristas por su política migratoria

La cuestión migratoria, que todas las encuestas del Reino Unido señalan ya como la principal preocupación de sus ciudadanos, ha comenzado a provocar grietas internas en la izquierda británica. De momento, son mayoría los diputados laboristas que hoy respaldan la vuelta de tuerca anunciada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, que pretende endurecer con graves condiciones el acceso al derecho de asilo. Porque tienen miedo de que Reform, el partido de extrema derecha que lidera Nigel Farage, acabe arrebatándoles el escaño en cada una de sus circunscripciones. Pero en apenas unos días ha crecido también el número de rebeldes en el partido y el grupo parlamentario ―algunos de ellos de naturaleza moderada―, que han utilizado palabras de grueso calibre como “repugnante”, “injusta”, “racista” y “cruel” para referirse a la nueva estrategia del Gobierno de Keir Starmer.

“Nos enfrentamos a un serio problema, y nuestra obligación moral es arreglar un sistema [de concesión] de asilo que está provocando una profunda división a lo largo de nuestro país. Para mí es una misión moral poner fin a esta división, y creo que nuestras reformas pueden reparar el sistema y volver a unir a los ciudadanos”, se ha defendido Mahmood en sede parlamentaria frente al fuego amigo que le llegaba de su bancada parlamentaria.

La ministra es ella misma hija de inmigrantes paquistaníes que llegaron al Reino Unido de manera irregular, y musulmana practicante.

La diputada laborista Nadia Whittowe, hija de inmigrantes indios sij, procedentes de la región del Punjab, era la primera en arremeter directamente contra la ministra. Se sumaba a un coro de protesta que suma al menos ya 17 voces autorizadas. “Es una vergüenza que sea un Gobierno laborista el que esté desgarrando los derechos y la protección otorgados a personas que han sido víctimas de traumas inimaginables”, ha acusado Whittowe. “¿Cómo podemos estar adoptando políticas de una crueldad tan obvia? ¿Se enorgullece el Gobierno de haber caído tan bajo como para haber provocado los elogios de Tommy Robinson [el líder de la ultraderecha más extrema del Reino Unido]?“, añadió.

Gran parte de las nuevas medidas anunciadas oficialmente este lunes habían sido convenientemente filtradas por el Ministerio del Interior a lo largo del fin de semana, para tomar la iniciativa en un debate que promete ser intenso y peligroso para Starmer.

Con el nuevo modelo que se pretende impulsar, todos los que lleguen al Reino Unido de manera irregular y concluyan con éxito el proceso de solicitud de asilo, así como aquellos que permanezcan en el país una vez que haya expirado su visado de entrada, deberán esperar un plazo de 20 años antes de poder adquirir la residencia permanente. Hasta ahora, ese plazo era de cinco años.

Además, durante ese largo tiempo de espera, el Gobierno se reservará el derecho a revisar la situación personal del solicitante cada 30 meses, y si considera que las condiciones del país de origen son seguras de nuevo, podrá deportar a aquellos que obtuvieron en su momento el asilo.

“La idea de que refugiados con estatus legal puedan aun así ser deportados es injusta. Claro que necesitamos un control de nuestras fronteras, pero si decidimos conceder asilo a unas personas, deberíamos acoger e integrar, y no crear un limbo perpetuo”, ha denunciado en la red social X el diputado Tony Vaughan, que acusaba al Gobierno de utilizar una retórica similar a la de aquellos que fomentan el racismo y la división.

Joyas y visados

El Ministerio del Interior ha presentado la reforma como la más ambiciosa y drástica en materia de migración. Y combina una estrategia jurídica aparentemente compleja con ciertas propuestas de brocha gorda que han irritado a cierto sector del laborismo.

Frente a los cantos de sirena de la ultraderecha de Farage y del propio Partido Conservador, que exigen a Downing Street que rompa definitivamente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y deje de someterse al dictado del Tribunal de Estrasburgo, la ministra Mahmood intenta negociar con otros miembros del Consejo de Europa una interpretación más flexible de los artículos 3 y 8 del convenio, que regulan la prevención de tortura o trato inhumano y el derecho a la unidad familiar respectivamente, y que el Gobierno británico considera que son utilizados de modo abusivo por los solicitantes de asilo para recurrir su deportación.

Junto al impulso de esos cambios legales, el Gobierno laborista ha anunciado su intención de crear organismos independientes pero ajenos al sistema judicial para responder específicamente a los recursos legales que presenten aquellos cuya solicitud de asilo sea denegada.

Así mismo, los inmigrantes en situación de temporalidad deberán disponer de documentos electrónicos de identidad, para su mayor control.

Junto a estas propuestas jurídicas, otras ideas de la reforma anunciada han puesto nerviosos a algunos diputados laboristas, como el hecho de que el Gobierno se reserve el derecho a confiscar bienes de valor en manos de los inmigrantes recién llegados, como joyas o vehículos, para ayudar a costear parte de los gastos de su futuro mantenimiento. Ante las críticas de diputados laboristas como Sarah Owen, que definía directamente como “repugnante” la propuesta, el secretario de Estado de Interior, Alex Norris, señalaba en la BBC el caso de un inmigrante irregular y solicitante de asilo residente en el Reino Unido que poseía un vehículo Audi y recibía cerca de 800 libras mensuales (unos 900 euros) desde el exterior.

“Si son capaces de poseer automóviles o bicicletas eléctricas, deberían poder contribuir a su mantenimiento. Pero no tenemos intención de confiscar joyas que tengan un significado material”, ha señalado Norris, en referencia a posibles alianzas matrimoniales o reliquias personales.

Finalmente, la ministra Mahmood ha anunciado que el Gobierno laborista dejará de aprobar visados de entrada para los ciudadanos de aquellos países que se nieguen a readmitir a inmigrantes deportados, en línea con la política adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, Downing Street ha señalado a Angola, Namibia o la República Democrática del Congo.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, un total de 111.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025. A su vez, entre marzo y marzo de esos dos años, 172.798 inmigrantes obtuvieron esa condición.