La derecha de Francia critica la condena de prisión a Sarkozy como una persecución política contra el expresidente

La condena al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de cárcel por asociación ilícita en el caso de la financiación de su campaña electoral con dinero del régimen libio ha provocado una oleada de reacciones en Francia. Parte de la clase política, sobre todo las formaciones de centroderecha, cuestionan el fallo de los jueces y denuncian una persecución política. Aunque sea brevemente, Sarkozy será el primer presidente de la V República en pisar la cárcel.

Alexandra Vaillant, secretaria de la Unión Sindical de la Magistratura, que agrupa a jueces y fiscales, explica a este periódico: “No se trata de una decisión política, sino motivada, en los hechos y conforme a la ley, por un tribunal formado por tres jueces”. Recuerda que “al margen de la relevancia del condenado”, el fallo demuestra “que la ley es la misma para todos”. “Cada vez que hay una decisión que implica a una personalidad política se ataca a los jueces, pero el problema no es de la Justicia, sino de los responsables públicos que la cuestionan cuando les afecta”.

Sarkozy, que a pesar de sus líos judiciales goza de mucha popularidad, denunció este jueves, tras recibir la condena, que la sentencia es un golpe al Estado de derecho y han salido en su defensa el ministro del Interior dimisionario, Bruno Retailleau, la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, y miembros del partido de Los Republicanos, heredero de la UMP, formación que lideró Sarkozy. Por parte de la izquierda solo han celebrado su condena varios grupos ecologistas y La Francia Insumisa.

En el centro de las críticas está la medida que obliga a ejecutar inmediatamente la pena, en este caso la entrada de Sarkozy en prisión, a pesar de que ha recurrido la resolución. “Es indispensable para garantizar la ejecución de la pena, teniendo en cuenta la magnitud del problema de orden público causado por el delito”, argumentó el tribunal.

“El de Sarkozy no es un caso aislado, esta es una medida que se usa habitualmente”, recuerda Vaillant, en el 60% de todas las penas de prisión que se dictan y en el 80% de las condenas en casos que han requerido años de instrucción, como es el caso de Sarkozy.

Esta medida ya fue objeto de polémica cuando Marine Le Pen fue inhabilitada en abril tras ser condenada por desvío de fondos públicos. Recurrió la sentencia, pero no podrá presentarse a las presidenciales de 2027, salvo que el tribunal de apelación se pronuncie antes y la absuelva. Le Pen ha pedido que se reforme la ley y ha denunciado una “caza política” por parte de algunos jueces.

El tribunal ha podido probar que Sarkozy maniobró, junto con varios de sus colaboradores, para tratar de conseguir dinero del régimen del exdictador libio Muamar el Gadafi para su campaña presidencial en 2007. No han podido probar que finalmente recibiese esos fondos, pues el “sistema era muy opaco” y preparado “para que el dinero no se pudiera rastrear”, señaló ayer el Tribunal de París. Por eso ha sido condenado por asociación ilícita, pero no por corrupción pasiva o financiación ilegal.

Según el documento de motivación de la pena, Sarkozy “en el momento de los hechos (…) ocupaba funciones ministeriales que utilizó para preparar una corrupción de alto nivel” junto con dos de sus colaboradores para llegar al Elíseo. Son hechos “de una gravedad excepcional, susceptibles de minar la confianza de los ciudadanos en aquellos que los representan y que deberían actuar en su interés general”, reza el veredicto.

La Fiscalía Financiera, la que se encargó de la instrucción, ha convocado a Sarkozy el 13 de octubre para comunicarle qué día tendrá que ingresar en prisión. El abogado del francés ya ha presentado el recurso. Según Vaillant, cuando el condenado entra en la cárcel, el nuevo juicio se suele celebrar rápido, en un periodo de entre cuatro y ocho meses.

Sarkozy podrá pedir que se le libere, pues tiene ya 70 años. Esto suele resolverse en un plazo relativamente rápido, de dos meses, según la magistrada. No podrá evitar, por tanto, pasar algunas semanas en el establecimiento penitenciario. Miembros de Los Republicanos han pedido que el presidente, Emmanuel Macron, lo indulte, aunque ya le retiró la distinción de Legión de Honor, así que esto parece poco probable.

El expresidente no solo ha enfrentado cinco procesos judiciales en los últimos años, sino que aparece en otras investigaciones aún en curso. Una de ellas es la bautizada como Qatargate. Se remonta a 2019, cuando se abrió una investigación por corrupción activa y pasiva tras la polémica atribución a Qatar del Mundial de fútbol de 2022. En 2010, en un momento decisivo para la adjudicación de la sede, Sarkozy se reunió con el jefe de la UEFA, Michel Platini, y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, entonces príncipe heredero del emirato. Aunque no hay aún imputados, se investiga si pudo haber un delito de corrupción.