El juicio contra el ex primer ministro de Portugal José Sócrates por corrupción comienza 10 años después de su detención

Los tribunales portugueses compiten desde hace unos años por los juicios históricos, que afectan a varios exministros, banqueros y empresarios que condicionaron la política y los negocios del país durante décadas. Pero, sin duda, el que comenzará este jueves en el Campus de la Justicia de Lisboa tiene asegurado más párrafos que ningún otro en los libros de historia reciente de Portugal. Nunca hasta ahora se había sentado en el banquillo un antiguo primer ministro. José Sócrates, que gobernó Portugal entre 2005 y 2011, será juzgado por 22 delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal tras un proceso de investigación e instrucción que se ha prolongado más de una década desde la detención del político y que lo ha llevado al borde de la prescripción.

A pocas horas del inicio aún no hay certeza de que el juicio comience este jueves, ya que el tribunal podría anunciar que asume la causa que se seguía en otro juzgado contra Sócrates por blanqueo de capitales y retrasar unos meses el inicio de la vista.

Sócrates, el primer socialista que logró una mayoría absoluta en Portugal (el segundo sería António Costa en 2022), fue detenido en el aeropuerto de Lisboa en noviembre de 2014 cuando regresaba de París, donde residía desde su dimisión como primer ministro en 2011. Del aeropuerto pasó al interrogatorio judicial y de ahí a la prisión de Évora, donde permaneció nueve meses sin recibir una acusación formal y sin acceder al sumario, según sus declaraciones. “En ninguna democracia occidental se pasan nueve meses encarcelado sin acusación”, afirmaba en una entrevista a EL PAÍS en 2016.

Tres años después de su detención, el ex primer ministro fue acusado por la Fiscalía, que en Portugal tiene las competencias de la investigación judicial, de 31 delitos. En el sumario de la Operación Marqués, como se bautizó al megaproceso, se imputaron también delitos a nueve empresas y 27 personas, incluidos el antiguo presidente del Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, el exministro Armando Vara, el empresario Carlos Santos Silva, considerado testaferro del ex primer ministro, o el chófer de Sócrates que supuestamente viajaba de Lisboa a París con dinero en metálico. El Ministerio Público consideró que se había producido un entramado de mordidas y favores entre las mayores empresas portuguesas y el poder político. Los fiscales acusaron a Sócrates de acumular 34 millones de euros procedentes de pagos de corporaciones empresariales (Grupo Espírito Santo, Grupo Lena y Grupo Vale de Lobo) a cambio de beneficiarles desde el Gobierno.

Buena parte de esos delitos se cayeron en el desarrollo posterior de la instrucción. La decisión más controvertida fue la del juez Ivo Rosa, que podó radicalmente la operación en 2021. De los 189 delitos de la fase de instrucción, concluyó que solo debían ser juzgados 17 y que José Sócrates solo tendría que responder en el banquillo por menos del 10% de los delitos que le achacaba la Fiscalía (tres de 31). Ninguno de ellos por corrupción. Sócrates recordó este martes en Bruselas que Ivo Rosa, juez de instrucción, tachó de “fantasiosas, incongruentes y especulativas” las imputaciones de la Operación Marqués y que, además, consideró prescritos los delitos atribuidos inicialmente.

Esta decisión sería más tarde revertida por el Tribunal de la Relación, una instancia superior, que recuperó parte de las imputaciones. Finalmente, Sócrates llega a la vista oral acusado de 22 delitos, que evaluará un tribunal presidido por la jueza Susana Seca en el Campus de la Justicia, inaugurado por el propio político en sus días de primer ministro.

Muchas dilaciones se deben a la infinidad de recursos y cuestiones procedimentales presentadas por la defensa del antiguo líder del Partido Socialista, al que la justicia reprochó en una resolución haber tenido un comportamiento “abusivo reprobable” para evitar llegar al juicio. El martes, 48 horas antes del inicio del juicio, Sócrates anunció en Bruselas una demanda contra el Estado portugués ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por el desarrollo del proceso al considerar que detrás hay “una motivación política” y que su caso es otro ejemplo de “lawfare” (utilización judicial con fines políticos).

Sócrates considera que se han seleccionado jueces y tribunales para conducir su caso, que se ha manipulado el plazo de prescripción y se ha modificado el delito por el que será juzgado y que en esta década ha sufrido una campaña mediática que dañó su derecho a la presunción de inocencia. “La alianza entre el periodismo y el sistema judicial funcionó de forma perversa para tratar de establecer una verdad fuera del proceso y llevarla luego a la sala del juicio”, afirmó en Bruselas, acompañado por el abogado belga Christophe Marchand, que también representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuando denunció al Reino Unido ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

El ex primer ministro tuvo una carrera meteórica dentro del Partido Socialista tras afiliarse en 1981. Fue ministro del Gobierno de António Guterres, actual secretario general de la ONU, y en 2004 se convirtió en secretario general de su formación. Al año siguiente logró una histórica mayoría absoluta que dio paso a una etapa de grandes inversiones públicas (suyo fue el proyecto para construir una línea de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, que sigue pendiente en 2025), de apuesta por las energías renovables en las que Portugal es ahora puntero y de reformas como la aprobación de las leyes del aborto y del matrimonio entre personas de igual sexo.

Pero eran también días de confusión entre intereses públicos y privados, como revelan algunos casos ya juzgados como el de su exministro de Economía, Manuel Pinho, que recibió casi cinco millones de euros del Grupo Espírito Santo a cambio de favorecer los intereses del poderoso conglomerado empresarial y financiero que lideraba Ricardo Salgado. Pinho y Salgado fueron condenados hace un año por corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El estallido de la burbuja financiera mundial también se llevó por delante las cuentas portuguesas del mandato de Sócrates. En 2011 el primer ministro solicitó un rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros y dimitió poco después cuando el Parlamento rechazó su plan de austeridad, que llevó a unas nuevas elecciones, donde el Partido Socialista fue derrotado.