Starmer rectifica y anuncia una investigación de alcance nacional sobre un escándalo de abusos a menores ocurrido hace dos décadas

Keir Starmer ha presentado su último cambio de opinión como una cuestión de justicia, pero a muchos de sus críticos les cuesta evitar la sensación de que el primer ministro británico ha vuelto a plegarse al juego de la derecha populista. Después de meses negándose a investigar un escándalo de abusos sexuales a menores —que se produjo hace casi dos décadas y se prolongó durante años en localidades del norte de Inglaterra—, Starmer ha anunció este sábado que esa investigación se llevará finalmente a cabo.

La decisión se conocía apenas 24 horas después de que un nuevo grupo de siete hombres de origen paquistaní de Rochdale fueran condenados el pasado viernes por aquellos hechos: más de medio centenar de agresiones sexuales múltiples a mujeres menores blancas de situación familiar y económica vulnerable, entre 2001 y2006. Todo “bajo las narices de trabajadores sociales y otros responsables que deberían hecho mucho más por proteger a estas menores”, había dicho en la sala el fiscal encargado del caso.

El Gobierno laborista insistió desde enero pasado, cuando el magnate Elon Musk resucitó el asunto en la red social X con mensajes incendiarios, en que ya se había realizado un informe, elaborado a lo largo de siete años por la profesora Alexis Jay. La propia Jay dijo entonces que no había que investigar nada más, sino aplicar las recomendaciones añadidas a su documento.

Pero Starmer, cada vez más asediado por el mensaje racista de la derecha populista de Reform UK, el partido de Nigel Farage, quiso ganar tiempo. Encargó una consulta rápida a la baronesa Louise Casey, miembro independiente de la Cámara de los Lores que se ha significado durante muchos años por su tarea en ayuda de las personas vulnerables. El mandato incluía la obligación de tener en cuenta la etnia y el grupo demográfico tanto de los presuntos agresores como de las víctimas, así como “los factores culturales y sociales que pudieron ser determinantes en este tipo de delitos, en todos los grupos étnicos”.

Las principales críticas contra las autoridades ante la gestión de estos delitos sugerían que policías y servicios sociales decidieron mirar para otro lado ante el hecho de que los culpables eran de una minoría étnica —paquistaníes—, para evitar mayores tensiones raciales.

“Ella [Casey] ha llegado a la conclusión de que debería emprenderse una investigación de alcance nacional, después de haber visto lo que ha visto”, explicaba el sábado el primer ministro. Se refería a material policial y judicial que nunca se incluyó en el informe anterior. “He leído al detalle su texto y voy a aceptar su recomendación. Creo que es lo correcto”, anunciaba Stamer.

El origen del escándalo

A finales de los años noventa, las autoridades locales de Rotherham, una ciudad al norte de Inglaterra de casi 250.000 habitantes, pusieron en marcha la organización de ayuda Risky Business. Su propósito era atender a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes víctimas de la explotación sexual en las calles. Durante los años previos habían surgido señales de alarma. Algunos responsables de centros de acogida de menores vulnerables habían detectado un tráfico de taxis nocturnos, en su mayoría conducidos por personas de origen paquistaní, que transportaban a niñas a otros puntos de la ciudad.

La información acumulada, que trasladaba constantemente a las autoridades, llegó a ser abundante. La policía local sugirió a una de esas trabajadoras sociales, conocida como Senior, que la enviara directamente a un buzón de correo electrónico, bautizado como Box Five. Tres años más tarde, la trabajadora descubrió que ese buzón ni siquiera existía. Nadie había prestado atención a unas denuncias que habían acabado en la papelera.

“Siempre nos decían que no aportábamos suficientes pruebas”, contó Senior a la BBC. “Pero nuestra labor no era la de investigar, sino la de denunciar”, se quejó. “Nos decían que las declaraciones de las niñas no eran sólidas, y que eran ellas las que habían consentido sus abusos”.

En 2011, el periodista del diario The Times Andrew Norfolk reveló la existencia de bandas organizadas de tráfico y explotación sexual de menores que habían operado a lo largo de más de una década por diferentes ciudades del norte y las Tierras Medias (Midlands) de Inglaterra, incluida Rotherham. Un auténtico tsunami de explotación sexual, aseguraron fuentes policiales anónimas a Norfolk, que se extendía por los condados de Yorkshire, Lancashire o Greater Manchester, entre otros. Trece ciudades. Según los datos expuestos por el periodista, hasta 56 personas habían sido condenadas por violación, secuestro de menores, abusos y agresiones sexuales a menores.

La inmensa mayoría de los condenados pertenecía a la comunidad británico-paquistaní. La componen algo más de 1,6 millones de habitantes. Llegaron al Reino Unido durante la gran migración de los años cincuenta y sesenta. Norfolk señalaba en su artículo que 50 de los condenados eran musulmanes, aunque intentaba matizar en un párrafo posterior que, “en realidad, la inmensa mayoría de los musulmanes consideran este tipo de crímenes algo aborrecible”.

Casi todas las víctimas eran menores británicas blancas, procedentes muchas de ellas ―no todas― de entornos vulnerables y familias desestructuradas.

En 2014, la profesora Alexis Jay, al frente de una investigación pública, presentó un devastador informe. Era el resultado de una profunda indagación sobre las actividades de las bandas responsables de agresiones sexuales en Rotherham, una ciudad del condado de Greater Manchester.

Jay señaló que al menos 1.400 niñas habían sido víctimas de esas bandas entre 1997 y 2013. “Muchos de los casos que hemos estudiado describen a niños de entornos familiares conflictivos, con episodios de violencia doméstica, padres con adicciones, y en algunos casos graves enfermedades mentales. Un número significativo de víctimas presentaba un historial de desatención en sus cuidados y de abusos sexuales previos”, relató Jay.

La investigadora señaló que la mayoría de los agresores sexuales habían sido descritos como “asiáticos” por las víctimas. Las decenas de condenas surgidas en años posteriores fueron casi en un 80% a varones británicos de origen paquistaní. Jay indicó en su informe que algunos de los trabajadores de los servicios sociales “expresaron su nerviosismo a la hora de señalar el origen étnico de los supuestos acosadores por miedo a ser tachados de racistas”. Alguno, indicó, llegó a sugerir que había recibido instrucciones claras de sus superiores de no decir nada en ese sentido.