Tensión entre Polonia y Hungría tras conceder Orbán asilo político a un exviceministro polaco procesado por corrupción

La pelea entre la Hungría del nacionalpopulista Viktor Orbán y la Polonia del conservador europeísta Donald Tusk escala por momentos. Las autoridades húngaras han concedido asilo político al exviceministro de Justicia polaco Marcel Romanowski, procesado por malversación y corrupción. El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha definido la decisión de Budapest como un “acto hostil”. Los dos Estados miembros de la UE mantienen una relación muy fría desde que Tusk reemplazó a los ultraconservadores de Ley y Justicia en Polonia (PiS) —al que pertenece Romanowski—, aliados del Orbán en el club comunitario.

La Comisión Europea ha advertido a Hungría de que deberá estudiar la petición de arresto y la orden europea contra Romanowski. También ha enfatizado que todos los Estados miembros de la UE se consideran países seguros y que, por tanto, las concesiones de asilo a un nacional de uno de ellos constituyen casos “extremadamente excepcionales”, según ha precisado un portavoz comunitario este viernes.

El jefe de Gabinete de Orbán, Gergely Gulyás, explicó el jueves que Budapest había concedido protección al exviceministro de Justicia polaco y acusó al Gobierno de Varsovia de acosar a sus oponentes políticos. “Las acciones del Gobierno liberal de Donald Tusk, que se dedica a la guerra jurídica contra sus oponentes, son motivo de preocupación por el Estado de derecho en Polonia”, ha lanzado Balazs Orbán, director político del primer ministro húngaro, que ha apuntado que Hungría ha concedido asilo a Romanowski porque considera que en Polonia no tendrá un “juicio justo”.

Contenciosos con la Comisión Europea

Hungría, considerado el socio díscolo de la UE tanto por su deriva autoritaria como por su cálida relación con el Kremlin, tiene varios contenciosos abiertos por la Comisión Europea, que mantiene unos 22.000 millones de euros congelados (entre fondos de cohesión y plan de recuperación), precisamente por sus incumplimientos del Estado de derecho. Sucedía algo semejante con Polonia durante el Gobierno ultraconservador del PiS. En este caso, Bruselas ha ido liberando algunos fondos, aunque las dificultades del Gobierno de Tusk para hacer reformas por los vetos del presidente del país, Andrzej Duda, del PiS, dificultan que cumpla la senda de reformas para ponerse al día con los cobros.

Desde que llegó al poder Tusk (Partido Popular Europeo) en 2023, la relación con la Comisión Europea se ha restablecido. El primer ministro polaco asegura que ha abierto la vía para que los fiscales investiguen irregularidades y casos de corrupción del Gobierno anterior que aseguró que habían sido encubiertas. La fiscalía polaca acusa al exviceministro Romanowski de 11 delitos durante su papel de supervisión del llamado Fondo de Justicia, una reserva de dinero dedicada a ayudar a las víctimas de delitos que tiene unos 40 millones de euros. El político ha negado los cargos y cuando se inició otra orden contra él huyó a Hungría.

El Gobierno polaco ha amenazado al Ejecutivo de Orbán con acudir a las autoridades europeas y ha afirmado que si no cumple con sus obligaciones, reclamará a la Comisión Europea que abra un procedimiento de infracción contra Budapest. Además, ha llamado a consultas a su embajador en Hungría y ha convocado al jefe de la delegación diplomática húngara al Ministerio de Exteriores en Varsovia.

Antiguos aliados, Hungría y Polonia están ahora a años luz. No es solo por la llegada de Tusk. Ya se había producido un distanciamiento un poco antes con el Ejecutivo del PiS, aunque solo en política internacional, por la relación de Orbán con el líder ruso, Vladímir Putin, y su falta de apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.