La justicia europea avala que se oculten las dietas de los europarlamentarios

El Parlamento Europeo no está obligado a dar cuentas sobre cómo sus diputados gastan su asignación mensual en dietas. La Corte de Luxemburgo ha avalado este martes la negativa de la Eurocámara de hacer públicos los documentos que justifiquen las dietas, gastos de viaje y asistencia de sus miembros. Estos habían sido solicitados por periodistas de varios países que, tras el rechazo de la Oficina del Parlamento, decidieron acudir a la justicia. Los magistrados europeos, sin embargo, han considerado que su publicación podía perjudicar la intimidad e integridad de los diputados. Los periodistas han anunciado ya que apelarán la decisión.

El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado este martes ante un recurso que presentó en 2015 un grupo de periodistas y asociaciones de medios de comunicación ante la imposibilidad de saber en qué se gastaban los diputados de sus países el dinero percibido en concepto de dietas. Los diputados tienen un sueldo de 8.484,05 euros brutos al mes, sujetos a un impuesto de la UE y al pago de un seguro de accidentes. Una vez deducidos, esa cantidad queda en 6.611,42 euros, según la Eurocámara.

A ese salario se añaden 4.416 euros mensuales en dietas para cubrir, entre otros, gastos de gestión de sus oficinas o teléfono. Además, también reciben una cantidad para sufragar el coste de los viajes para desplazarse hasta la capital europea o a Estrasburgo. En total, el monto asciende a unos 40 millones de euros de euros anuales a cargo del presupuesto comunitario. Sobre todas estas últimas cantidades inquirieron varios periodistas, a lo que el Parlamento Europeo se negó a responder. Los periodistas recurrieron a los jueces comunitarios, cada uno con sus peticiones nacionales correspondientes, al considerar que el Parlamento no estaba cumpliendo con las exigencias de “máxima transparencia” que, entre otras disposiciones, recoge el artículo 115 de su reglamento interno.

Este martes, la Corte de Luxemburgo ha rechazado todas esas peticiones al considerar que no puede atribuirse “una primacía automática al objetivo de transparencia” frente al “derecho de protección de los datos de carácter personal”. Los jueces recuerdan que el Parlamento puede denegar el acceso a esos documentos para proteger la intimidad de sus diputados, si bien admite que puede concederlo si el solicitante demuestra la necesidad de difundirlos y no se lesionan los derechos de los políticos. Aun así, considera que este no es el caso y apunta que “los solicitantes no han logrado demostrar la necesidad de esa transmisión controvertida de los datos personales a efectos de llevar a cabo un control suficiente de los gastos en los que incurrieron los miembros del Parlamento para ejercer su mandato”.

Abrir un "debate público"

El tribunal también rechaza que los periodistas puedan obtener esos datos por “determinadas sospechas” sobre irregularidades en el uso de esos fondos. En concreto, algunos periodistas querían saber si tras esas cantidades había “empleos simulados”. Tampoco aceptan otro de los argumentos que llevaron los periodistas a la corte: la voluntad de abrir un debate público sobre la transparencia de las instituciones públicas. Los demandantes, concluye el tribunal, pretenden con su acción “denunciar las carencias y la ineficacia de los mecanismos de control existentes, por lo que no corresponde al tribunal apreciar los presentes recursos”.

La organización Transparencia Internacional ha lamentado que la sentencia puede suponer un “peligroso precedente” para las instituciones públicas y ha tachado de “simplemente indefendible” que el Parlamento Europeo continúe “bloqueando” la rendición de cuentas de esos gastos. También el grupo de Los Verdes ha lamentado el fallo y ha afirmado que “la mayoría de diputados están de acuerdo en la necesidad de mayor transparencia acerca de sus propios gastos, pero que la Oficina del Parlamento y el presidente [Antonio] Tajani rechazan actuar”.