Ciudadanos de tercera... o de cuarta

Con exactitud —sarcástica, según se ha visto—, el ministro del Brexit, David Davis, aseguraba que con la propuesta de Theresa May los europeos no serían ciudadanos “de segunda” en un Reino Unido separado de la Unión. Cierto. No serán de segunda categoría, sino de tercera, cuando no de cuarta. Los 15 folios presentados este lunes al Parlamento por la primera ministra enhebran distintas capas de cebolla segregadas en cuanto a su nacionalidad o residencia.

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La primera es la casta de los ciudadanos británicos, que gozarán de la plenitud de derechos. Después figurarán los irlandeses, que sea cual sea su pasaporte, podrán circular libremente por la isla mayor: para evitar que se cree una frontera dura en la vecina Irlanda, entre el Ulster y el Eire, lo que replantearía los graves problemas previos al Acuerdo del Viernes Santo, entre protestantes unionistas (con Reino Unido) y católicos republicanos que sueñan unirse, sí, pero con los irlandeses del Sur.

Y en tercer lugar, los europeos continentales, que disfrutarían de bastantes derechos pero muchos menos que hoy. Y aún esta tercera clase se fragmentaría entre tres capas: a) Los residentes (cercanos a los nacionales, pero sin derechos políticos), con más confort. Tras ellos, b) Los “asentados”, los que ya están ahí, pero sin los cinco años de residencia necesarios, que podrían aspirar a la categoría anterior. Y en el hoyo, c) Los parias que lleguen después de todas las transiciones y fases de adaptación, una vez consumado plenamente el Brexit, que serían unos inmigrantes más. Para quienes nada contaría el pretérito parentesco europeo.

¿Es exagerada la evocación del “paria”? Juzguen. Carecerían de derechos clave, como a la reagrupación familiar. Solo la lograrían los consortes que acreditasen ingresos anuales de 18.600 libras (20.000 euros).

Es el viejo y repugnante perfume a naftalina de la “democracia censitaria”, antes del imperativo de una-persona-un-voto, en la que solo concurrían a las urnas los propietarios o tenedores de un cierto capital.

Por no hablar de la insultante mención a la expulsión de los “criminales”: los “graves y persistentes”, que conviene deportar. Se comprende que los residentes europeos en la isla estén que rechinan.

Al final hay un cierto reconocimiento de derechos individuales y sociales, pero como carta otorgada. Y de duración incierta. Si hay que guiarse por el compromiso de Londres en garantizar derechos sociales a sus ciudadanos, ¿quién aseguraría que estos no serán rebajados —ya lo están, bajo las actuales excepciones del Tratado de la Unión— desde el nivel actual?

Al cabo, si triunfa este Brexit, europeos y británicos perderán derechos.

El primero y principal, la libre movilidad y residencia en todo el (actual) territorio europeo. Y su garantía, el imperio del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (“no tendrá jurisdicción” en el Reino Unido, jura May) esa última instancia que pretende abrogar. La que más protege a los desposeídos (cláusulas suelo, trabajadores interinos). O sea, a tantos votantes del Brexit.