Washington se queda sin la extradición del narco

Las autoridades mexicanas negaron desde el principio la extradición a EE UU alegando que las cárceles de su país eran seguras. Pero Washington había aumentado la presión para lograr juzgar a Joaquín Guzmán, El Chapo, en suelo estadounidense. Los juzgados federales de seis Estados reclaman al narco mexicano.

Desde el día en que fue detenido, el 22 de febrero de 2014, Joaquín Guzmán, El Chapo, centró su estrategia judicial en no ser extraditado a Estados Unidos. Fue lo primero que pidió su defensa al presentarse ante un juez. La justicia denegó la petición porque EE UU no había formalizado ninguna orden de extradición para entonces, a pesar de estar reclamado en los juzgados federales de seis Estados.

Las autoridades mexicanas insistieron desde el primer momento en que su sistema penitenciario era suficiente para El Chapo. El narco sería juzgado en México y las peticiones de extradición se ejecutarían después de cumplir la condena en su país. El embajador mexicano en EE UU, Eduardo Medina Mora, dijo que Guzmán estaba en la prisión más fiable de México. Preguntado por la anterior fuga de Guzmán, en 2001, afirmó que esta vez “no ocurrirá”. El anterior procurador general, Jesús Murillo Karam, descartó la extradición. Entre las razones dijo que desaprobaba la política estadounidense de llegar a tratos con narcotraficantes a cambio de cooperación. Dos miembros del cartel de Sinaloa juzgados en San Diego, Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias Chino Ántrax, y Serafín Zambada, hijo de El Mayo, han llegado a acuerdos con la justicia.

Oferta de ayuda al vecino

La huida de Guzmán de la prisión de máxima seguridad de Altiplano amenaza con embarrar la cooperación entre los dos países en materia de lucha contra el narcotráfico. La fiscal general, Loretta Lynch, publicó un comunicado ayer en el que afirmaba compartir la “preocupación” de México y ofrecía “cualquier ayuda” para volver a capturarlo. La fuga ha provocado gran enfado, según fuentes de seguridad de EE UU citadas por CNN, que añaden la sospecha de que el narco tuvo ayuda de los guardias de la prisión. El temor a una evasión era la razón por la que EE UU había aumentado discretamente la presión para lograr la extradición.

Murillo Karam afirmó el pasado enero que tenía conocimiento de que la solicitud de extradición estaba cerca y dijo que se atendería como una más, reafirmando la política mexicana de hacerse cargo del narco. La revista Forbes llegó a informar, basándose en fuentes anónimas, de que la petición fue enviada entonces.

El Departamento de Justicia nunca ha confirmado si presentó o no la petición, ya que es política oficial informar de extradiciones solo cuando se concretan. Para entonces, la defensa de El Chapo se había movilizado para frenar cualquier avance. Una reunión el 16 de junio en Washington entre Lynch, y la nueva fiscal general de México, Arely Gómez, alimentó las especulaciones de que, tras un año y medio de resistencia, la extradición era inminente.