La Eurocámara pide poner más control a los “minerales de sangre”
Las compañías deberán obtener un certificado que avale que los minerales no financian conflictos


El Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo (Francia), pidió el miércoles más control para lo que han denominado "minerales de sangre". Los explotadores e intermediarios en el mercado del estaño, tantalio, wolframio y el oro deberán ahora obtener un certificado —como ya hace desde hace años Estados Unidos (EE UU)— que avale que dichos minerales no vienen de zonas de conflicto y que, por tanto, no contribuyen a financiar las guerras, especialmente en África central.
400 votos a favor, 285 en contra y 7 abstenciones concluyeron en un gran aplauso en lo que se consideró un triunfo para los grupos políticos que más presionaron para endurecer las medidas contra la venta de minerales que financian conflictos.
A pesar de que formaciones como la Izquierda Unitaria Europea abogaban por incluir "todos los recursos naturales" (incluido el petróleo) en el texto, según cuenta una portavoz de la Eurocámara, o de introducir "todo tipo de minerales", como demandaban los socialdemócratas, el resultado de este miércoles significa un gran paso, según Amnistía Internacional. "El Parlamento Europeo ha enviado una señal clara", indicó la ONG con sede en Londres. Los parlamentarios endurecieron el texto propuesto por la Comisión que solo se refería a "algunas empresas" europeas que explotan estos minerales. A partir de ahora serán todas.
Las 880.000 empresas de la Unión Europea (UE) que utilizan estaño, tantalio, wolframio y oro en la producción de todo tipo de productos; automóviles, electrónica, construcción e incluso joyería, tendrán que informar de las medidas que toman para identificar la procedencia de dichos minerales.
Aunque el texto se centra en República Democrática del Congo o la zona de los Grandes Lagos, los parlamentarios quisieron extender el alcance de la norma e incluir "todas las zonas de conflicto y alto riesgo del mundo".
A partir de ahora, el Parlamento pide la colaboración de los Estados miembros para acordar un texto definitivo aprobado por los Veintiocho. La Comisión Europea, que elaboró el informe principal, contestó el miércoles en un comunicado que había "tomado nota" del reclamo de la Eurocámara y que lo evaluará "en profundidad", según el departamento de Comercio, dirigido por la comisaria Cecilia Malmström.
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