Filipinas se declara dispuesta a ayudar a los rohingya

Filipinas ya acogió a otros balseros que huían desesperados de su país de origen hace casi 40 años. Era la guerra de Vietnam. Ahora ha despertado esperanzas de que la historia pueda repetirse, esta vez con los refugiados de la minoría birmana rohingya, de religión musulmana. El Gobierno en Manila -el único de la región, junto con Camboya, firmante de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados- se ha declarado dispuesto a actuar en favor de los miles de inmigrantes de esta minoría que, hacinados en botes a la deriva, vagan por el sureste asiático en busca de un lugar que les acoja.

 Filipinas “ha extendido asistencia humanitaria a balseros e incluso en los años setenta estableció un centro para el procesamiento de viajeros vietnamitas”, ha afirmado el secretario de Comunicaciones de ese país, Herminio Coloma, en una declaración citada por la web de información filipina rappler.com. “Seguiremos cumpliendo nuestra parte para salvar vidas”.

Por su parte, el portavoz del Ministerio filipino de Exteriores, Charles Jose, declaró a la emisora de televisión ANC: “tenemos el compromiso y la obligación de extender la asistencia humanitaria a estos solicitantes de asilo”. Jose no precisó qué tipo de ayuda humanitaria se plantea Manila exactamente.

Si Manila decide abrir la puerta a estos potenciales refugiados, sería “un ejemplo para la región”, ha apuntado el subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson. No obstante, ha apuntado a la cautela, al recordar que en días pasados otros miembros del Gobierno filipino habían apuntado que también este país expulsaría a los barcos de refugiados.

Cerca de 3.000 de estos refugiados, muchos de ellos enfermos o desnutridos tras meses en el mar, han tocado tierra en Malasia e Indonesia en las últimas dos semanas, la mayoría de ellos bien recogidos por pescadores o tras llegar a aguas poco profundas. Son los más afortunados, que llegan contando terribles historias de peleas entre los pasajeros por la supervivencia o abusos de los traficantes que los embarcaron y acabaron abandonándolos a su suerte.

Aquellos barcos interceptados por las patrullas de Malasia, Indonesia o Tailandia reciben comida, agua y combustible y son devueltos a altamar, en lo que las organizaciones humanitarias han descrito como “un juego de ping-pong humano”.

Uno de estos barcos en particular suscita una creciente preocupación: después de haber sido rechazado consecutivamente por los tres países, y con 300 personas a bordo, entre ellas mujeres y niños, no se han vuelto a detectar señales de él desde hace tres días.

Los ministros de Exteriores de los tres países tienen previsto reunirse este miércoles en Kuala Lumpur (Malasia) para tratar la crisis. En vísperas del encuentro, la jefa de la diplomacia indonesia, Retno Marsudi, insistió en que la crisis “no es un problema de uno o dos países, sino regional”.

Tailandia ha convocado una cumbre regional sobre el problema para el próximo día 29, una fecha demasiado tardía según las organizaciones humanitarias ante lo urgente de la crisis. Birmania aún no ha confirmado si asistirá. El Gobierno de Naypyidaw no reconoce a esta minoría de 1,1 millones de personas, considerada entre las más perseguidas del mundo, ni le concede el derecho a la ciudadanía. Considera a sus miembros inmigrantes ilegales bangladesíes, aunque sus familias hayan residido en Birmania durante generaciones.

En un intento de presionar a las autoridades de la región para que flexibilicen sus posturas, los organismos de la ONU para los refugiados y la migración han lanzado un llamamiento conjunto en el que instan a “los líderes de Indonesia, Malasia y Tailandia a proteger a los emigrantes y refugiados a la deriva en barcos en la bahía de Bengala y el mar de Andamán para que permitan su desembarco sanos y salvos, y a dar prioridad a salvar vidas, proteger los derechos y respetar la dignidad humana”.