HRW acusa al Gobierno de Uzbekistán de “torturar” a los presos políticos

Los presos políticos en Uzbekistán sufren "torturas" y viven en "pésimas" condiciones, según un informe de Human Rights Watch (HRW). Entre los abusos denunciados están simulaciones de asfixia con bolsas de plástico y máscara de gas; agresiones sexuales y uso de electrochoque. La ONG exige al Gobierno "la liberación inmediata y sin condiciones" de los encarcelados.

El informe —de más de 100 páginas y titulado "Hasta el Final"— resalta que entre los detenidos están activistas, periodistas y críticos del Gobierno, que han luchado por una reforma democrática del país o encabezado cambios en el ámbito cultural, artístico, religioso y filosófico. La ONG ha entrevistado y analizado los casos de 34 actuales prisioneros y 10 expresos.

Los entrevistados por HRW afirman que los servicios de seguridad les han asfixiado con bolsas de plástico y máscaras de gas, han amenazado con agredir físicamente a sus familiares, les han negado el acceso a agua o comida, les han humillado, han abusado de ellos sexualmente y les han torturado mediante el uso de electrochoque.

Steve Swerdlow, un investigador de HRW para Asia Central, ha asegurado que en al menos 29 de estos 44 casos se puede demostrar que han recibido malos tratos, abusos o "torturas", ya sea durante la fase de prisión preventiva o en el cumplimiento de sus penas. "Tashkent no puede aparentar durante mucho más tiempo que el encarcelamiento político no existe en Uzbekistán", ha añadido.

Uzbekistán ha negado que existan presos políticos en sus cárceles. Las autoridades afirman que los abusos están siendo eliminados y que algunos agentes acusados de tortura han sido enjuiciados.

HRW denuncia también que algunas condenas han sido ampliadas arbitrariamente como la del opositor pacifista Murod Juraev, cuya pena ha sido alargada por el Gobierno en cuatro ocasiones desde su encarcelamiento en 1994. La última vez fue en 2012, cuando se le acusó de "pelar las zanahorias de forma incorrecta" en la cocina de la cárcel. "La tortura, el secuestro, las detenciones en régimen de incomunicación, el confinamiento en solitario y la ampliación de las sentencias son abusos innombrables que nadie debería sufrir", ha asegurado Swerdlov.

La ONG destaca además que las potencias occidentales —EE UU y Europa— han antepuesto la utilidad de Uzbekistán como ruta de acceso a Afganistán a las sanciones por la vulneración de los Derechos Humanos. HRW insta a estos países a imponer sanciones económicas y militares a Tashkent. "Los socios internacionales de Uzbekistán deben decir al presidente Karimov que pagará un alto precio a no ser que su Gobierno deje de detener y torturar a activistas pacíficos, periodistas y creyentes religiosos".