EE UU insiste en que los grupos religiosos no pueden negar anticonceptivos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó este viernes la decisión de la juez del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, que eximió a una organización religiosa de cumplir con su obligación de proporcionar un seguro médico a sus empleadas que incluya anticonceptivos. La decisión judicial, anunciada en las últimas horas del 31 de diciembre, abre un nuevo frente para la Administración Obama y la aplicación de la reforma sanitaria.

Decenas de grupos religiosos y empresas afiliadas han demandado al Gobierno federal por lo que consideran una violación de sus derechos. La nueva ley de salud exige a todas las compañías que proporcionen este tipo de pólizas médicas. En el caso de algunas organizaciones religiosas, éstas pueden delegar esa responsabilidad en la compañía aseguradora, una concesión que realizó la Casa Blanca hace dos años para aliviar la tensión que causó esta medida.

“Con una simple firma, los solicitantes pueden asegurarse el alivio que quieren obtener del Tribunal Supremo, quedar exentos de cumplir con el requisito de cubrir el gasto de anticonceptivos”, respondió este viernes el abogado general del Estado, Donald Verrilli. El Departamento de Justicia solicitó además que se niegue la exención aprobada el pasado martes por Sotomayor para la organización Little Sisters of the Poor, el grupo de monjas que dirige una residencia de ancianos en Denver.

La magistrada actuó el día 31 de diciembre con carácter de urgencia, ya que el mandato entraba en vigor con la llegada de 2014. El Gobierno contaba con un plazo de tres días para presentar su reacción y, como en todas las ocasiones en las que se ha pronunciado sobre este mandato, ha vuelto a defender que es legal y necesaria para garantizar la salud de las mujeres.

“El Gobierno exige a Little Sisters of the Poor que firmen un permiso para obtener medicamentos abortivos y anticonceptivos o pagar millones de dólares en multas”, afirmó este viernes Mark Rienzi, abogado del Becket Fund for Religious Liberty, que asesora a éste y otros grupos que han demandado a la Administración Obama. “Las Hermanas creen que hacer esto viola su fe y que no se les debería obligar a desviar fondos destinados a los mayores, los pobres y aquellos a los que han dedicado su servicio”.

La reforma sanitaria aprobada en 2010 establece el pago de una multa para aquellas empresas que no proporcionen un seguro médico a sus empleados de acuerdo con la legislación. En el caso de no proveer pólizas a sus empleadas que cubran los costes de anticonceptivos -aunque estos sean recetados por motivos de salud- las empresas se enfrentan a pagos de hasta 100 dólares por empleado y por día, según la estimación del grupo de abogados del Becket Fund.

A la hora de cumplir con este mandato, la legislación distingue entre empresas privadas -obligadas a cumplir con él-, organizaciones religiosas -que pueden delegar el mandato en las aseguradoras- y ONGs afiliadas a grupos religiosos. La organización de Denver cae en esta tercera categoría y considera que la posibilidad de delegar tal obligación no es suficiente.

“Lamentablemente, el Gobierno ha comenzado el año de la misma manera que terminó el anterior: intentando intimidar a las monjas para que violen sus creencias religiosas”, añadió Rienzi. “Todo esto es triste e innecesario. Nuestro gobierno tiene poder. Obviamente es capaz de encontrar maneras de distribuir anticonceptivos y píldoras abortivas sin involucrar a las monjas”.

El Tribunal Supremo accedió en noviembre a estudiar dos casos similares presentados por dos empresas privadas que consideran que el mandato viola los derechos religiosos de sus propietarios. La Corte escuchará los argumentos en la primavera y se pronunciará al respecto el próximo mes de junio.