Un tribunal noruego condena a un ruandés a 21 años por el genocidio

Un ruandés que vive en Noruega ha sido condenado a 21 años de cárcel –la pena máxima--, este jueves en Oslo, por su complicidad en el genocidio en su país natal, en 1994. El tribunal sostiene que Sadi Bugingo, un hutu de 57 años, que allí era empresario y en el país nórdico trabajaba de limpiador, fue cómplice del asesinato de entre 1.0000 y 2.000 personas, la mayoría tutsis. Budingo niega la acusación e inmediatamente recurrió la sentencia. “La ignorancia en la que se escuda el acusado no parece creíble”, ha dicho Jonas Petter Madso, presidente del tribunal.

Bugingo llegó a Noruega tras el genocidio siguiendo a su familia. Vivía en Bergen desde 2001 con su esposa y sus hijos hasta que fue detenido, en 2011 tras una investigación de tres años, pero no es ciudadano noruego, según la prensa local.

La sentencia considera que Budingo organizó varias matanzas, que transportó a los lugares donde ocurrieron tanto hombres armados como víctimas. “Varios acusados han descrito cómo el acusado estuvo presente en varias masacres”, según el juez Madso. Este recalcó que que muchos de los asesinatos fueron “bestiales”, como las muertes de mujeres y niños a machetazos o a palos.

El inmigrante ruandés alegó durante el juicio que cuando ocurrieron los asesinatos en masa –medio millón de ruandeses fueron asesinados en unos meses de 1994—él no estaba en la región. Y que en realidad él contribuyó a salvar vidas, no a acabar con ellas.

Varios supervivientes del genocidio viajaron a Oslo para testificar contra el acusado. “Era hora de que Noruega hiciera algo para evitar convertirse en un refugio para gentes que participaron en el genocidio”, declaró en otoño pasado una de los testigos al diario Aftenposten.

Es la primera vez que Noruega juzga a alguien por genocidio, cosa que sí han hecho los vecinos Suecia, Finlandia y Dinamarca en los últimos años. A Bugingo no se le pudo aplicar el artículo del Código Penal noruego que castiga los crímenes contra la humanidad con hasta 30 años de prisión porque fue aprobado después de que se cometieran los crímenes.