Los hijos de la dueña de 'Clarín' se someterán a pruebas de ADN

La Cámara Nacional de Casación Penal (que cumple funciones parecidas al Tribunal Supremo) ordenó ayer que los hijos adoptivos de Ernestina Noble, dueña del mayor conglomerado mediático del país, incluido el diario Clarín, se sometan a una extracción de muestras de ADN (sangre, saliva, cabellos) para que sean cotejadas con otras muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y se determine si son hijos de personas "desaparecidas" durante la dictadura militar.

El fallo, que establece que la extracción se hará "con o sin consentimiento" de Marcela y Felipe Noble, puede ser objeto de recurso en la Corte Suprema y no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes. Las Abuelas de Plaza de Mayo, que abrieron la batalla judicial hace ya casi 10 años y que se han quejado siempre de los obstáculos presentados por los abogados de los Noble, lamentaron ayer que el fallo limite el grupo de muestras con el que se puede efectuar la comparación, en lugar de realizarse con el conjunto de datos que figuran en el Banco. Los abogados de Marcela y Felipe Noble, ambos de 35 años, querían, por su parte, que el análisis no se realizara en el BNDG sino por miembros del Cuerpo Forense y en relación exclusivamente con las familias concretas que alegaron inicialmente ser sus parientes. El Banco Nacional de Datos Genéticos, con gran prestigio científico, alberga muestras de grupos familiares de un número no precisado, pero muy numeroso, de desaparecidos.

Tanto Marcela como Felipe fueron adoptados durante la dictadura militar, periodo en el que se produjo el secuestro de más de 500 bebés, que fueron entregados ilegalmente en adopción, en muchos casos a militares y policías implicados en la represión. El delito de apropiación de esos niños está considerado de lesa humanidad y no prescribe.

Hasta el momento, las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado identificar a 102 "nietos desaparecidos". En algunos casos, pocos, los interesados se han negado a proporcionar las muestras biológicas necesarias porque ello suponía frecuentemente implicar a sus padres adoptivos en un delito penado severamente. En el caso de Ernestina Noble, que cuenta actualmente 85 años, fue detenida durante unos pocos días en 2002 mientras se llevaba a cabo la investigación. En noviembre pasado, el Parlamento aprobó una ley que obliga a los posibles hijos de desaparecidos a someterse a análisis de ADN.

Los hermanos Noble se han quejado públicamente de que su identificación pueda formar parte de la dura batalla política que enfrenta al grupo Clarín con el partido en el Gobierno y con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "No somos chicos, somos dos personas adultas, responsables, que solo pretendemos ejercer nuestros derechos y tomar nuestras decisiones, sin presiones y en libertad", escribieron. Las Abuelas de Plaza de Mayo aseguran, por su parte, que comprenden la situación de los jóvenes, pero que las familias de los desaparecidos tienen también derecho a conocer el destino de aquellos bebés.