Berlusconi y sus socios aplazan su ajuste de cuentas ante la crisis

La coalición de centro-derecha que gobierna Italia ha aparcado por unas horas sus ajustes de cuentas y el clima de guerra intestina para aprobar en el Senado, por 170 votos a favor y 136 en contra, el ajuste financiero exigido por Bruselas, que recortará 25.000 millones de gasto en dos años y debería reducir el déficit público hasta el 3%.

El ajuste se aprobó por la vía de la cuestión de confianza, sin discusión de las decenas de enmiendas presentadas por la oposición y sin debate parlamentario. El texto, formado por 600 artículos, se votó en bloque. Según Silvio Berlusconi, fue una muestra de coraje del Gobierno, ya que, de haber perdido, el Ejecutivo habría caído de forma automática. Según la oposición, la elección del voto político revela el miedo del primer ministro a que la mayoría mostrara su profunda división.

El plan anticrisis ha abierto un agudo enfrentamiento entre el Ejecutivo y las regiones y ayuntamientos, obligados a recortes brutales, que ascienden a cerca de 13.000 millones. Entes locales, sindicatos y oposición han bramado contra la maniobra financiera, y han recordado que millones de italianos sufrirán las consecuencias de un ajuste injusto e insostenible mientras en el Gobierno se extiende la gelatina de la corrupción.

El ajuste, cinco veces menor que el portugués y diez veces más leve que el irlandés, no afectará en nada a los sueldos de los políticos, contra lo dicho al principio, y según el economista Tito Boeri, "golpeará sobre todo a los jóvenes y forzará a las regiones a endeudarse más mientras la deuda pública nacional, la más alta de Europa, sube a 1.300 euros por segundo".

Más que al convencimiento de Berlusconi, el impopular ajuste se debe atribuir a la insistencia del ministro de Economía, Giulio Tremonti, por alejar al país del fantasma de un hundimiento a la griega. La decisión más impactante es la de retrasar hasta diciembre el pago de las multas a la UE por el exceso de producción láctea, exigida a sangre y fuego por los barones regionales de la Liga del Norte, y que costará al contribuyente italiano 25 millones en sanciones adicionales.

Cuesta abajo

Pero los problemas del Gobierno se juegan ahora en los palacios de poder. Desde enero, la cuesta debajo de Berlusconi es cada vez más pronunciada. El partido se resquebraja y el primer ministro aparece cada día más desbordado por los escándalos judiciales y políticos. En menos de dos meses, se ha visto forzado a cesar a dos ministros (Claudio Scajola y Aldo Brancher), y el lunes le llegó el turno al secretario de Estado de Economía, Nicola Cosentino.

Curiosamente, Cosentino no dimitió por sus relaciones con el poderoso clan camorrista de los Casaleses, que han llevado a los jueces de Nápoles y al Tribunal Supremo a solicitar su arresto al Parlamento (permiso denegado por la mayoría hace un año), sino por una acusación más doméstica pero no más tierna: su supuesta acción de guerra sucia contra un adversario directo del Pueblo de la Libertad en Campania, el finiano Stefano Caldoro, actual gobernador de la región.

Según los fiscales de Roma, Cosentino recurrió a la logia masónica P3, considerada por los jueces la sucesora de la P2 de Licio Gelli, para fabricar y difundir un falso dossier sobre Caldoro cuando ambos pugnaban por ser candidatos electorales del PDL a la presidencia regional. La idea era contar en la prensa mediante pruebas falsas que Caldoro era homosexual y frecuentaba transexuales. Cosentino fue interceptado mientras decía al teléfono a uno de los masones: "Acabemos con ese maricón".

Berlusconi ha intentado minimizar el alcance de esa conspiración mafiosa-masónica diciendo que se trata de "cuatro jubilados desgraciados que solo intentaban arreglar un poco el país". Pero el caso P3 podría convertirse en la tumba política de su sistema de poder. La sensación general es que si Italia fuera cualquier otro país europeo, el Ejecutivo se habría ido ya a casa pidiendo perdón.

La investigación ha enviado ya a la cárcel a los tres supuestos jefes de la P3, entre ellos el empresario sardo Flavio Carboni, implicado en los peores misterios italiano-vaticanos desde la quiebra del Banco Ambrosiano en adelante. Los tres están acusados de asociación secreta para conspirar contra los órganos constitucionales del Estado. Los magistrados les cazaron mientras intentaban presionar a jueces del Constitucional para lograr un fallo positivo al Laudo Alfano, el escudo judicial que debía librar a Berlusconi de sus procesos pendientes.

Las presiones fracasaron, porque el Laudo fue declarado institucional, pero la logia trabajó de lo lindo, y en el intento dejaron un reguero de pruebas muy comprometedoras para Berlusconi, a quien todos llamaban en numerosas conversaciones privadas con un nombre en clave significativo y poco original: César. "César estará contento", decía uno de ellos.