Chile, paralizado por la mayor huelga de funcionarios del Gobierno Bachelet
Ministerios, colegios, hospitales y ayuntamientos están en paro indefinido
Los funcionarios públicos chilenos han iniciado hoy su tercer día consecutivo de paro indefinido con el que quieren presionar al Gobierno de Michelle Bachelet para lograr un aumento de salarios. El sector público chileno reúne a varios de los sindicatos más fuertes del país, y sus dirigentes anunciaron que marcharán junto al edificio del Congreso Nacional, en Valparaíso, mientras los parlamentarios debaten la propuesta de ajuste que hizo el Gobierno.
Las exportaciones de productos agrícolas, uno de los principales bienes del país, se ha visto ralentizada, forzando a las autoridades a buscar rutas alternativas para dar salida a las exportaciones. Las exportaciones han sido desviadas hacia los principales puertos del país, según informa Reuters.
La batalla en las calles por el ajuste de las remuneraciones del sector público comenzó la semana pasada y ha incluido marchas, tomas y concentraciones y paralización de actividades. Los ministerios, oficinas públicas, municipalidades, profesores, trabajadores de la salud y hasta los recolectores de basura en algunas comunas se han sumado al paro laboral de mayor intensidad y alcance en los tres años de Gobierno de Bachelet.
Empresarios y sindicatos del sector privado siguen con atención el resultado del conflicto, porque el ajuste que logren los funcionarios del Estado es una señal del techo al que ellos pueden aspirar. Al conflicto lo condimenta el aumento de la inflación, que en 12 meses llega al 9,9%, la mayor de la última década.
El Gobierno cuestiona a los dirigentes que presionen con la paralización, afectando a numerosos servicios públicos. "Los ciudadanos no pueden ser rehenes de una demanda salarial", afirmó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, mientras Bachelet apeló a la "responsabilidad" de todos en un período económico complejo.
El Gobierno hizo ayer una propuesta de ajuste escalonado según tramos de salarios, que parte con un 10% de aumento para el 60% de los trabajadores públicos, aquellos que ganan menos del equivalente a 880 euros mensuales, sigue con un 8,5% de aumento el siguiente peldaño, que incluye hasta quienes ganan 1.650 euros (30,6% del total) y de 4% para el tercer peldaño (8,9% del total), con remuneraciones mensuales de hasta 3.400 euros.
La propuesta de ajuste del Gobierno deja sin reajuste a quienes reciben sobre 3.400 euros mensuales, los altos directivos de los organismos del Estado, incluyendo a la presidenta, los ministros y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. "Las personas de altos ingresos hacen un esfuerzo y se meten la mano al bolsillo en este período difícil de la economía", sostuvo Velasco.
Pero los sindicatos consideraron insuficiente la propuesta del Gobierno, con una inflación anual del 9,9%, mientras piden un 14,5% de aumento y rechazaron también que sea escalonada.
El ajuste por tramos implica "una rebaja diferenciada" de salarios, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, y uno de los líderes del movimiento.
"No corresponde hacer esta segmentación dentro del sector público de forma tan improvisada", cuestionó De la Puente, mientras otros ven un intento de dividir al movimiento.
Los sindicatos recordaron a los parlamentarios que votarán la Ley de aumento de salarios del sector público que el próximo año hay elecciones y "vamos a ver quién es quién". Según De la Puente, es también "muy grave" que las autoridades "no miran, no escuchan, no oyen, no leen lo que está pasando en el país".
Los parlamentarios también criticaron el aumento por tramos, aunque tienen poco margen de maniobra si el Gobierno no a accede a mejorar el ajuste. La alternativa de rechazar la ley implicaría dejar a los trabajadores sin ajuste salarial.

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