Una ola de asesinatos y fugas de presos pone en evidencia la crisis de las cárceles de El Salvador

El pasado fin de semana fue especialmente violento para el sistema penitenciario de El Salvador, que adolece de una crisis basada fundamentalmente en el hacinamiento: dos reos procesados por graves delitos —homicidios y secuestros— fueron asesinados y sus cuerpos, abandonados en contenedores de basura, mientras que en un centro preventivo de menores 15 de sus internos se dieron a la fuga.

El doble asesinato ocurrió el domingo en el penal de Chalatenango, en el norte de El Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Romero, de 23 años, y Sergio Barahona, de 28, que estaban siendo procesados por homicidios y secuestro, además de pertenencia a las pandillas juveniles conocidas como maras. Ésta es la segunda masacre de reos que se registra en este presidio en un mes. El pasado 5 de marzo fueron asesinados cinco reos en las mismas circunstancias: a cuchilladas o estrangulados y arrojados en basureros, sin que las autoridades de vigilancia se percataran de los actos violentos.

Durante el mes de marzo, 12 han sido los reos asesinados en todo el sistema carcelario salvadoreño. De los siete que murieron en Chalatenango, cin co eran pandilleros deportados de Estados Unidos, que supuestamente querían imponerse a los cabecillas locales, según las primeras investigaciones. De acuerdo al subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Luis Tobar, los crímenes pueden estar relacionados con la lucha por el control de las maras dentro de los presidios.

Por otra parte, 15 jóvenes del Centro de Menores Sendero de Libertad, de la provincia de Cabañas, se fugaron el sábado pasado; de ellos, sólo tres han sido capturados. Según los vigilantes del penal, los prófugos se evadieron al saltar los muros del centro.

Estos incidentes revelan que la crisis carcelaria en El Salvador se agudiza día a día. El hacinamiento es el principal de los problemas, ya que, aunque la capacidad de las instalaciones es únicamente para 7.000 internos, en la actualidad están ocupadas por más de 18.000, la mitad de ellos sin haber sido condenados, según fuentes oficiales.