El fantasma de la corrupción regresa a Brasil

El fantasma de la corrupción vuelve a planear sobre el Gobierno de Brasil. En este caso, se trata de un escándalo relativo a las tarjetas de crédito corporativas usadas por los ministros y por los asesores de la Presidencia de la República, según publicó el semanal Istoé, ocasionando "el pánico en la Presidencia de la República".

La revelación ya tiene su primera víctima: Matilde Ribeiro, hasta hace poco ministra de la Secretaría de Igualdad Racial, que la semana pasada renunció al cargo que ejercía desde 2003 debido a la polémica generada por sus elevados gastos con una tarjeta de crédito oficial. La propia Ribeiro reconoció que, de los 170.000 reales (unos 66.000 euros) que gastó con la tarjeta había compras en una tienda libre de impuestos de un aeropuerto y alquileres de coches en fines de semana o días festivos, algo que nada tenía que ver con las necesidades de su cargo. Se trata del octavo ministro que pierde el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por motivos relacionados con la corrupción desde que llegó al Gobierno.

No se descarta que otros ministros presenten su dimisión, aunque algunos ya han empezado a curarse en salud y han devuelto parte de lo gastado con la tarjeta de crédito oficial. Algunos, como hizo la ex ministra Ribeiro, alegan "errores administrativos", es decir, que se habían equivocado de tarjeta al realizar los pagos.

En los cinco últimos años del Gobierno de Lula, el aumento de los gastos con las tarjetas de crédito oficiales fue del 800% respecto a años anteriores: alrededor de 75 millones de reales (unos 29 millones de euros) entre 2006 y 2007; de esta cantidad, unos 50 millones corresponden a dinero en efectivo conseguido en cajeros, por lo que será difícil conocer para qué exactamente fueron empleados.

Horas antes de aceptar la dimisión de la ministra Ribeiro y al percibir que el escándalo comenzaba a divulgarse, Lula dio órdenes para limitar las posibilidades de sacar dinero en efectivo con las tarjetas.

El último supuesto caso es el de uno de los ocho guardias de seguridad de Lurian, la hija de Lula, que el año pasado gastó 55.000 reales (más de 21.000 euros) con la tarjeta de crédito, en buena parte, al parecer, en compras no relacionadas con los gastos de seguridad.

La Presidencia de la República ha anunciado que castigará a quienes han hecho públicas dichas informaciones, que deberían haberse mantenido en secreto "por la seguridad nacional" y porque su divulgación puede aumentar el peligro de "terrorismo" contra los usuarios de las tarjetas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno por apagar la nueva hoguera, la oposición comenzó ayer a recoger firmas en el Parlamento y en el Senado para la creación de una comisión de investigación sobre este nuevo escándalo.