El fraude en obras públicas cuesta a Brasil 15.400 millones al año

Según datos del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aportados por la Secretaría de Derecho Económico (SDE), dependiente del Ministerio de Justicia, Brasil pierde cada año 40.000 millones de reales (15.400 millones de euros), debido a la corrupción, que se traduce en un sobrecoste de las obras públicas y otros proyectos del Estado que alcanza un 13,3% de la facturación total de los trabajos.

El Ministerio de Justicia está estudiando la formación de un comité que controle, con la colaboracion de políticos y empresarios, la facturación de obras y actividades públicas. Se controlará que no se infle el coste de productos como cemento, arena, gases hospitalarios y medicinales, vigilancia sanitaria, merienda escolar y energía eléctrica.

Las operaciones contra la corrupción Huracán y Navaja, que han llevado últimamente a la cárcel a numerosos personajes del mundo de la política, de la Administración pública y de la empresa, han sacado a la luz muchos de esos fraudes en la facturación de las obras públicas.

Para salir al paso de esos costes inflados, a veces un 25% más altos que los precios normales de mercado, va a ponerse en funcionamiento la Coordinación Nacional de Análisis de Infracciones en Compras Públicas, que trabajará en colaboración con otras estructuras del estado, como la Abogacía General de la Unión (CGU) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Las cifras, hechas públicas ayer por la prensa local, causan malestar y hartazgo en la sociedad, que, además, ve cómo los jueces acaban poniendo en libertad a las personas detenidas por la policía. De ahí la necesidad de una profunda reforma, no sólo de la política, sino también del sistema judicial y de la policía, donde existen grandes reductos de corrupción.

Para tener una idea de la envergadura de la corrupción en obras y actividades del Estado, según las cifras que calcula el Gobierno, basta un dato: la cifra defraudada, 40.000 millones de reales, equivale a cuatro veces lo gastado en el programa Bolsa Familia, que ayuda a 12 millones de familias pobres con un presupuesto anual de 8.000 millones de reales. Equivale a todos los gastos previstos para el Ministerio de Sanidad de este año y a dos veces lo presupuestado por el Gobierno federal para obras de saneamiento en todo el país.

Dicha cifra es también un 20% mayor que el presupuesto total que destina el Gobierno Lula en su segundo mandato a la reestructuración y creación de nuevas carreteras, que es de 33.000 millones de reales.