El Parlamento francés aprueba la ley que endurece las condiciones de los 'sin papeles'

El Parlamento francés ha dado luz verde a una ley que endurece las condiciones para la regularización de los inmigrantes y dificulta el reagrupamiento familiar. No obstante, ha preferido ser prudente en el caso de las familias con niños escolarizados, después de que la amenaza de su expulsión ha originado un gran rechazo por todo el país. Esta misma tarde, Arno Klarsfeld, "mediador nacional" para armonizar las decisiones de regularización o expulsión de estas familias, ha asegurado que "no habrá expulsiones este verano".

Nombrado por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, Klarsfeld ha explicado en una emisora de radio que "no habrá caza de niños", como han denunciado los portavoces del movimiento ciudadano surgido para impedir dichas expulsiones y coordinado por la Red de Educación Sin Fronteras (RESF). El abogado, descendiente de dos prestigiosos defensores de hijos de deportados judíos y defensor el mismo de las partes civiles en los procesos contra los nazis Touvier y Papon, ha añadido en su intervención que los inmigrantes ilegales padres de menores escolarizados "pueden presentar sus documentos hasta el próximo 13 de agosto" y demostrar que sus hijos tienen "unos vínculos fuertes con Francia".

El 31 de octubre de 2005 Sarkozy permitió a estas familias permanecer en el país hasta hoy para que finalizaran el año escolar con normalidad. Esto implica que entre 2.500 y 50.000 personas podrán ser expulsadas a partir de mañana. Cuando el ministro y candidato presidencial anunció esta "tregua" escolar, el pasado otoño, provocó sin proponérselo un inesperado movimiento de desobediencia civil, que hoy alcanza dimensiones excepcionales, en apoyo de los pequeños ilegales y de sus familias.

Aprobación parlamentaria

Lo que todo este revuelo no ha podido evitar es que el Parlamento francés haya aprobado hoy definitivamente una ley que endurece las condiciones para la regularización de los inmigrantes y dificulta el reagrupamiento familiar. Tanto el Senado como la Asamblea Nacional han ratificado una norma que se basa en la filosofía de que en Francia debe primar la inmigración "escogida" y no la "sufrida", como ha afirmado repetidamente Sarkozy, verdadero impulsor del proyecto.

La nueva norma elimina la regularización automática de los ilegales que lleven más de diez años en Francia, como ocurría hasta ahora. También es más rígida a la hora de que las autoridades consulares y de Interior otorguen visados y permisos de estancia y naturalización a extranjeros casados con ciudadanos franceses; contra la política anterior, se elaborará un estudio de cada caso. Los aspirantes deberán comprometerse a aprender francés y respetar las "leyes y valores" del país, según la ley, que combate los llamados "matrimonios de connivencia", al no otorgar automáticamente el permiso de residencia al inmigrante casado con un nacional francés, ya que será obligatorio demostrar un tiempo de convivencia.

La ley dificulta el reagrupamiento familiar, al exigir que el inmigrante que quiera traer a los suyos lo podrá hacer sólo transcurridos 18 meses de residencia legal en el país y siempre que justifique trabajo, ingresos y alojamiento adecuados para mantenerlos. Por contra, la normativa prevé la posibilidad de ofrecer visados especiales a quienes puedan beneficiar el dinamismo económico y la proyección internacional de Francia, como científicos, artistas o deportistas de alto nivel.