Argentina no extraditará a Italia al torturador Astiz

En el caso de Astiz, que fue detenido el domingo en Buenos Aires a raíz de un proceso abierto en su contra por la justicia italiana por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), no puede aplicarse el principio de extraterritorialidad de las leyes, opinó el alto funcionario.

"Los delitos que se cometieron en Argentina, sea cual fuere la persona que los cometió, deben ser juzgados por jueces argentinos", dijo Jaunarena a la emisora Radio Continental.

Sin embargo, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, sostuvo a su vez que el proceso contra Astiz "va a ser inevitable" y "podría ocurrir tanto en Italia como en la Argentina".

El ex capitán de fragata, uno de los símbolos de la represión ilegal que puso en marcha el último régimen militar, quedó detenido en forma preventiva por su presunta responsabilidad en la desaparición de tres ciudadanos italianos en Argentina.

A juicio de Conti, además de los delitos que le imputa la justicia italiana Astiz puede ser acusado de supresión de identidad de hijos de personas secuestradas durante la dictadura.

"Creo que en este caso hay, además de desapariciones, una apropiación de menores que en Argentina es plenamente punible.

Cuando el delito por el que se pide la extradición de alguien es también delito vigente en Argentina, la persona se extradita o es juzgada en el país", aseguró Conti anoche en declaraciones radiales.

Astiz fue notificado ayer, lunes, de su condición de detenido por la jueza federal María Servini de Cubría, que avaló la petición de la justicia italiana.

Las autoridades argentinas esperan que llegue desde Italia la solicitud de extradición, aunque, según anticipó el ministro Jaunarena, será rechazada.

El ex marino eludió las acciones de persecución penal en su país gracias a una serie de leyes que en la década de los años ochenta beneficiaron a miembros de las Fuerzas Armadas y policías involucrados en la represión.

Astiz se presentó ante las autoridades para evitar que lo considerasen prófugo y permanece alojado en una dependencia de la Prefectura Naval (guardacostas).

La orden de arresto también comprende al ex oficial naval Jorge Raúl Vildoza, prófugo de la justicia argentina desde mediados de la década de los años ochenta.

El proceso trata de esclarecer la desaparición de los italianos Giovanni Pegoraro, de su hija Susana, que estaba embarazada, y de Angela Aietta, quienes fueron vistos por última vez con vida en 1977 en una cárcel ilegal de la capital argentina.

La jueza Servini de Cubría hizo lugar el viernes al pedido de captura de los ex oficiales navales, con fines de extradición, solicitado dos días antes por el fiscal romano Francesco Caporale y ratificado por el juez italiano Claudio Tortora.

El ex oficial de la Marina de Guerra fue el primer militar del régimen "de facto" juzgado y condenado en el exterior.

En 1990, la justicia de Francia lo condenó en ausencia a reclusión perpetua por el secuestro, torturas y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, quienes también estuvieron cautivas en la bonaerense Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la más grande de las cárceles ilegales montadas por el régimen castrense argentino.

En Argentina quedó en libertad y fuera de todo proceso gracias a las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" sancionadas una vez que se recuperó la democracia.