El manifiesto, en pleno franquismo, que abrió las puertas a la pre-Transición

El 1 de abril de 1956, el próximo miércoles hace 70 años, un grupo de universitarios hizo un llamamiento a la oposición al franquismo. No era un manifiesto normal de “los abajo firmantes”. En él aparece por primera vez un sujeto colectivo que se autoidentifica como “nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos”. Esa fue la novedad y la sustancia del documento que, entre otras cosas, decía, tal y como refleja el historiador Santos Juliá en Nosotros, los abajo firmantes (Galaxia Gutenberg, 2014): “En este día, aniversario de una victoria militar que, sin embargo, no ha resuelto ninguno de los problemas que obstaculizaban el desarrollo material y cultural de nuestra patria, los universitarios madrileños nos dirigimos nuevamente a nuestros compañeros de toda España y a la opinión pública. Y lo hacemos precisamente en esta fecha —nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos— porque es el día fundacional de un régimen que no ha sido capaz de integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos”.

Entre los autores de este manifiesto estaban el escritor Jorge Semprún, el economista Francisco Bustelo, el diplomático Víctor Pradera y el editor Javier Pradera. Este último, cuando escribe sobre aquello en La transición española y la democracia (Fondo de Cultura Económica, 2014), afirma: “Todavía me sigo haciendo la ilusión de que aquel pronunciamiento civil firmado por los descendientes de los combatientes y los muertos de ambos bandos contribuyó a la preparación del espíritu que hizo posible la Transición”. Eran la vanguardia de la generación de 1956, formada por los hijos de los vencidos y de los vencedores. Este llamamiento puede considerarse uno de los precedentes de la Transición, una especie de pre-Transición, entendida como un proceso abierto hacia la democracia, no un acontecimiento puntual. En la Guerra Civil hubo vencedores y hubo vencidos, y luego hubo hijos de los vencedores que no la conocieron y que sin ocultar, pero también sin presumir, de su identidad como tales, supieron construir un nosotros con los hijos de los vencidos.

La lucha contra la dictadura franquista tuvo diversos frentes. Los principales fueron el movimiento obrero y el estudiantil y, más adelante, cuando las oleadas de emigración del campo a la ciudad, el movimiento vecinal. A principios de los años cincuenta tuvo lugar en Barcelona un precedente muy significativo, con una huelga de tranvías por la subida del precio del transporte público. Pero el origen del Manifiesto del 1 de abril son los sucesos de la primera semana de febrero de 1956. El catedrático Antonio López Pina se ha preguntado en La generación de 1956 (Marcial Pons, 2010) si en aquel tiempo de silencio se podía hacer poco más que pensar mucho y actuar poco, como el protagonista de la novela de Luis Martín Santos. Los enfrentamientos de febrero de 1956 entre universitarios, falangistas y policías en el entorno de la Universidad Central son una respuesta a aquella pregunta. El 1 de febrero de ese año se distribuye mediante octavillas volanderas un manifiesto (dentro de lo que se denominó luego “oposición firmada”) que pedía la convocatoria de un congreso de estudiantes que acabase con el monopolio del Sindicato Español Universitario (SEU, falangista). Una semana después la Facultad de Derecho era asaltada por la Centuria 20 de la Guardia de Franco; los asaltantes fueron rechazados y en la batalla campal quedaba destrozado parte del escudo falangista del yugo y las flechas (que se convertiría en una “reliquia”) que se encontraba dentro del recinto universitario. En la refriega, los que iban armados —falangista y policías— sacaron las pistolas; al terminar los disparos quedaba en el suelo el cuerpo del joven falangista Miguel Álvarez, de 19 años.

Inmediatamente comienzan las detenciones de los que se suponían responsables del enfrentamiento entre universitarios y escuadristas. El encarcelamiento de los primeros siete dirigentes estudiantiles fue publicitado con gran escándalo por los periódicos y los diarios hablados de Radio Nacional de España, que se transmitían por todas las emisoras (todavía no funcionaba la televisión en España). Sus nombres llamaban la atención por dos motivos: el primero, porque todos ellos habían obtenido ya la licenciatura universitaria; el segundo, por la personalidad de la mayoría de ellos, relacionados con las altas esferas del régimen: eran vástagos de los vencedores de la guerra. El más significativo, Dionisio Ridruejo, pata negra de la vieja guardia de Falange, coautor de la letra del Cara al sol, delegado de Propaganda de Franco hasta el final de la guerra y voluntario de la División Azul. Y los demás: Miguel Sánchez Mazas, primogénito de un exministro amigo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange; José María Ruiz Gallardón, hijo de un periodista y cronista militar de la guerra de África, amigo personal de Franco; Javier Pradera, hijo y nieto de fusilados por los “rojos”, cuyo abuelo era considerado un “protomártir” de la Cruzada, y Gabriel Elorriaga, un dirigentes del SEU que había aspirado a ser designado jefe nacional del sindicato falangista. Los dos únicos encarcelados no relacionados con esa nomenklatura fueron el abogado Enrique Múgica y el economista Ramón Tamames. Después de unos días cayó el resto de la célula comunista de la Universidad: el escritor Jesús López Pacheco, los cineastas Julián Marcos y Julio Diamante o el escritor Fernando Sánchez Dragó. Paradójicamente, en los interrogatorios no apareció el nombre del deus ex machina de aquella revuelta desde la clandestinidad: Jorge Semprún, que operaba con el “nombre de guerra” de Federico Sánchez, de quien la policía lo ignoraba todo. En un ambiente generalizado de torturas y malos tratos, los detenidos universitarios no fueron maltratados por la policía. Cuando los diversos analistas han escrito sobre los “sucesos de febrero de 1956”, se preguntan qué llevó a que un grupo significativo de veinteañeros, hijos de familias vinculadas por lazos emocionales, ideológicos, políticos y económicos al bando vencedor de la guerra civil y al régimen construido sobre los cimientos de fusilamientos, exilios, encarcelamientos y muertes civiles de decenas de miles de derrotados, se incorporasen a mitad de la década de los años cincuenta a los grupos radicales de oposición clandestina al franquismo.

La movilización del 56 incluía tres etapas, un congreso de poesía, otro de escritores y, finalmente, una más general de estudiantes, que tenían como objetivo cercano acabar con el SEU, que hacía tiempo que no era objeto de las pasiones ideológicas de antaño. Encuadrado en la Ley de Ordenación Universitaria, del año 1943, esta decía textualmente, con esa literatura ampulosa (y tantas veces inconcreta) que caracterizaba las normativas de la primera etapa franquista: “La Universidad es el ejército teológico para combatir la herejía y la creadora de la falange misionera que debe afirmar la unidad católica (…) El Estado necesita ahora más que nunca de la Falange aristocrática del espíritu, de aquella que nace del don celestial del talento, acrecentado por el esfuerzo afanoso del trabajo. La indiferencia del Estado por el estudiante ha dejado de existir. Se asigna al Sindicato Español Universitario una misión efectiva y concreta dentro de la Universidad. En este orden de cosas es donde los estudiantes españoles habrán de sentirse vinculados a las tres categorías de deberes para con la Universidad, España y la Falange, que les señalara con definitivo acierto José Antonio”. Según Roberto Mesa, que editó los documentos de los sucesos de 1956 (Jaraneros y alborotadores, Universidad Complutense de Madrid, 2006), la aspiración del franquismo en los momentos de euforia castrense que siguieron al triunfo en la guerra civil residía en convertir las universidades en “fábricas que lanzasen al mercado un robot arquetípico que fuese mitad monje, mitad soldado”, hacer de la Universidad “la escuela de mandos de la patria”.

Casi inmediatamente después del Manifiesto del 1 de abril emerge la política de reconciliación nacional del Partido Comunista de España (PCE). Son acontecimientos complementarios. Hacía poco tiempo que había sido liquidada su estrategia de los maquis. El propio Stalin se había reunido en Moscú con los dirigentes comunistas Pasionaria y Carrillo para sugerirles (ordenarles) la penetración en las instituciones del Estado y en los agentes sociales (el sindicato oficial) como nueva línea estratégica. Pradera indica en sus libros que el PCE tenía la urgente necesidad de romper su situación de aislamiento, que le había conducido “casi a una leprosería”. En junio de 1956, los comunistas españoles cancelan el espíritu guerrero de la contienda y comienzan a hablar abiertamente de reconciliación. Ello venía sucediendo a pequeños sorbos desde el año 1954, cuando se crea la primera célula comunista en la Universidad Central, ultraminoritaria, formada tan solo por Enrique Múgica, Julián Marcos y Jesús López Pacheco. Luego, entre otros, entraron Sánchez Dragó, el filósofo Javier Muguerza, el economista Eduardo Punset, Javier Pradera y Ramón Tamames. Quien sistematizó los primeros contactos entre intelectuales y universitarios del interior, y la dirección del PCE en París fue Jorge Semprún. El profesor López Pina concluye: el PCE, gracias a la acción de los citados, fue capaz de forzar una conciencia auténtica, movilizar en la Universidad Central a centenares de universitarios hasta entonces instalados en la balsa de aceite que resultó ser solo expresión de una falsa conciencia.

Los sucesos políticos de 1956 tuvieron dos tipos de consecuencias: la primera, la reaparición del movimiento estudiantil universitario, aplastado por la represión en la posguerra. La segunda, en el interior del régimen, un conflicto entre los aperturistas y el macizo de la raza [los tradicionalistas, como lo utilizó Dionisio Ridruejo inspirado en unos versos de Machado], que acabó, entre otros aspectos, con el cese del rector de la universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo, y de los ministros de Educación y secretario general del Movimiento, Joaquín Ruiz Giménez y Raimundo Fernández Cuesta, respectivamente.

El intervalo entre el Manifiesto conjunto de los vencedores y los vencidos y el inicio de la transición a la democracia, con la designación de Adolfo Suárez como presidente de Gobierno, no duró, como preveían de modo voluntarista algunos de los firmantes, unos meses o, todo lo más, unos pocos años, sino dos largas décadas, en las que cada uno de ellos siguió caminos diferentes.