“La mente no tiene sexo”: las mujeres de la Revolución francesa

El caso de las mujeres durante la Revolución francesa ilustra a las claras cómo se puede unir la humanidad (y la igualdad humana). Varias habían sido las voces valientes que, en siglos anteriores, habían contemplado la idea de que las mujeres eran plenamente iguales a los hombres en raciocinio, haciéndose eco de pioneras como Christine de Pizan o Marie Le Jars de Gournay, en cuya Igualdad de los hombres y las mujeres (1622) se defendía ese argumento de manera explícita. Pero sería el filósofo cartesiano y clérigo de finales del siglo XVII François Poulain de la Barre quien otorgaría fundamento filosófico a tal tesis. La mente, explicaba Poulain, no tiene sexo. La defensa que él hizo y el razonamiento cartesiano en que se sustentaba serían recogidos en las décadas siguientes en toda una serie de obras filosóficas de la Ilustración y tratados como De la no inferioridad de la mujer respecto al hombre; O breve y humilde defensa del derecho natural del bello sexo a una perfecta igualdad de poder, dignidad y valoración con los hombres (Londres, 1739), atribuido a lady Mary Wortley Montagu, por no hablar del anónimo Reivindicación de los derechos femeninos; O la igualdad de los sexos demostrada moral y físicamente (Londres, 1758). Los títulos de estas obras hablan por sí solos de las convicciones en ellas defendidas y testimonian la presencia de una importante corriente feminista en el pensamiento dieciochesco. Estas autoras y autores criticaban las restricciones impuestas por el matrimonio institucionalizado, presionaban para que se viera la necesidad de la educación femenina y destacaban el papel “civilizador” de las mujeres en la sociedad.

A pesar de ello, y como numerosos estudios han demostrado también, aquellas reivindicaciones incipientes de la igualdad entre hombres y mujeres fueron contrarrestadas por las novedosas —y no menos “modernas”— teorías médicas, fisiológicas y biopsicológicas que postulaban la diferencia esencial entre los sexos. De hecho, en el siglo XVIII —sobre todo en su segunda mitad—, varias de las corrientes más avanzadas de la ciencia se propusieron demostrar que el sexo impregnaba no solo la mente, sino hasta el último “hueso, músculo, nervio y vaso sanguíneo” del organismo, y derivaron de ello explicaciones que ponían el énfasis en las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres, al tiempo que defendían y aconsejaban la complementariedad de los sexos.

Estos argumentos médicos y fisiológicos se veían reforzados a su vez por otros más genéricos de carácter cultural, como los defendidos por Jean-Jacques Rousseau, quien, pese a sus apasionadas justificaciones escritas de la igualdad de los hombres, fue evolucionando hacia un marcado contraste entre los sexos en sus postreras obras tras unos inicios en los que había abogado por la igualdad sexual. Sumado a una evolución parecida en la tradición republicana, en la que se fue enfatizando cada vez más la virtud masculina y la idea de una esfera pública dominada por los hombres, el pensamiento rousseauniano contribuyó a proporcionar una especie de plantilla de base para una ideología de la separación de ámbitos que relegaba a las mujeres al terreno doméstico y encomendaba a los hombres la responsabilidad de los negocios y los asuntos públicos. No en vano la destacada pionera feminista Mary Wollstonecraft puso especialmente a Rousseau en su punto de mira en Vindicación de los derechos de la mujer (1792), donde señaló que ni la más “virtuosa igualdad se asentará firmemente [...] si la mitad de la humanidad es encadenada a su punto más bajo por el destino”. Pese a las protestas de Wollstonecraft, la fraternidad en Francia (como en Estados Unidos) solía apelar casi siempre a un vínculo sentimental entre hombres, como su propio nombre indica, mientras se instaba a las madres y las hermanas a quedarse en casa atendiendo los asuntos familiares.

Estos novedosos argumentos dieciochescos posibilitaron que los revolucionarios franceses concibiesen a las mujeres (y a otros grupos que fueron objeto de parecida marginación) como personas que estaban “en la sociedad”, pero no que no eran “de la sociedad”: resultaban esenciales para la vida de la nación y para su funcionamiento doméstico, pero no para la vida política nacional activa. Excluidas durante siglos de la comunidad política efectiva, se les siguió negando la igualdad que sí se les estaba haciendo extensiva a los hombres. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no podría haber tenido un nombre más apropiado ni más preciso.

Bien está reconocer que muchas revolucionarias (y algún que otro revolucionario) refutaron esos argumentos que las excluían. El marqués de Condorcet fue una de las voces destacadas que lo hizo públicamente durante toda la Revolución y presionó para que se les diera la plena ciudadanía a las mujeres, al tiempo que negaba su pretendida inferioridad de raciocinio. ¿Por qué eran ellas menos capaces de “ejercer sus derechos” que ellos?, preguntaba cuestionándose el argumento dominante. ¿Por sus cuerpos? Alegar el embarazo o el ciclo menstrual como motivos para la exclusión era tan absurdo como suponer que a los hombres con gota estacional se les debían negar sus plenos derechos.

Las mujeres se esforzaron lo suyo para demostrar que eran igualmente capaces que los hombres. Su actividad revolucionaria fue considerable, por mucho que se les escatimase la condición de ciudadanas activas. Escribían y publicaban revistas, periódicos, libros y obras. Organizaban peticiones y participaban en las reuniones de secciones y clubes varios, como el Cercle Social o la Société Fraternelle des Patriotes de l’Un et l’Autre Sexe. Y llenaron repetidas veces calles y galerías para apoyar o para protestar. En uno de los más célebres acontecimientos de la Revolución, un grupo de mujeres emprendió una marcha multitudinaria de París a Versalles en octubre de 1789 e invadió el palacio del rey y la reina. Las mujeres forzaron entonces a la familia real a acceder a sus demandas y la obligaron a volverse con ellas a París. Iban acompañadas y flanqueadas por soldados (varones), pero aquella acción propició que se dijera de las mujeres lo que algunos habían dicho de la gente común que había tomado la Bastilla: ¡estas sí que eran las verdaderas ciudadanas activas de Francia!

Esos argumentos fueron llevados hasta los más altos niveles del Estado. Marie Madeleine Jodin, una antigua actriz y amiga del enciclopedista francés Denis Diderot, declaró en una petición de diciembre de 1790 ante la Asamblea Nacional para hacer extensiva la plena ciudadanía a las mujeres: “Señores, no somos, aquí en este mundo, una especie diferente de ustedes. La mente no tiene sexo y tampoco lo tiene la virtud”. En otra petición, esta de marzo de 1791, redactada por la activista Pauline Léon y firmada por trescientas personas, se reclamaba para las mujeres el mismo derecho a portar armas. Y, en septiembre de ese año, la dramaturga y monárquica constitucional Olympe de Gouges elaboró su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer como suplemento de la Declaración de los Derechos del Hombre. El documento de De Gouges seguía muy de cerca la redacción del original y ponía de relieve sus notorias ausencias y exclusiones. “Considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, [los representantes del pueblo francés] han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer”, se afirmaba en el preámbulo. En el artículo 1º se proclamaba que “las mujeres nacen libres y permanecen iguales en derechos a los hombres”. Y el resto del documento seguía en esa línea. En una lúgubre adición (dado que ella misma pasaría por la guillotina en 1793), De Gouges precisaba que, “si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, no menos derecho debe tener de subir a la tribuna”.

Estas fueron más que meras afirmaciones sin consecuencias. La más importante de sus repercusiones probablemente fue que ayudaron a que “las mujeres” se convirtiesen en una categoría política diferenciada como nunca antes lo habían sido. También produjeron beneficios más concretos e inmediatos, como la aprobación de su derecho a divorciarse y a repartirse por igual las herencias con los varones. Pero, posiblemente, la consecuencia más directa vendría en forma de “reacción adversa” (un fenómeno se demostraría recurrente en la historia contemporánea como respuesta a los intentos de avance). Entre críticas a la influencia “antinatural” de las mujeres en la vida pública, los hombres franceses hicieron encarnizada burla y desprecio de los “marimachos” y “monstruos” que optaban por «renunciar a su sexo». Así, finalmente, en octubre de 1793, la República ilegalizó la afiliación de las mujeres a los clubes políticos y comenzó a perseguir a las que eran activas en política. Y la constitución jacobina radical de ese mismo año, que reconocía la plena ciudadanía activa para todos los varones del país, se negó a contemplar semejante posibilidad para las mujeres. En no menor medida que en los casos inglés y norteamericano, el contrato social francés era un “contrato sexual” constitucionalmente asentado sobre las diferencias atribuidas a las mentes y los cuerpos femeninos.