Turismo: se activa el derecho de admisión en ciudades, playas o montes

Son dos vectores tirando en dirección opuesta. En una, los beneficios: el turismo se ha convertido en el factor diferencial de la economía española, lo que la ha permitido crecer en los últimos años más que cualquiera de las naciones de nuestro alrededor; el consumo de los no residentes aporta medio punto al PIB, que compensa bastantes de las calamidades que llegan del resto del mundo en forma de incertidumbre y aranceles. En la otra dirección están sus efectos negativos cada vez más numerosos: gentrificación de las ciudades y expulsión de sus ciudadanos de toda la vida (“el turismo destruye lo autóctono”, decía una pancarta), los atascos en las vías y en las calles y plazas, alquileres inasumibles, consumo ilimitado de recursos naturales, vertidos sin depurar al mar, cortes de agua, déficit de servicios públicos como la sanidad, etcétera. El germen de la “turismofobia”: turismo de masas, pobreza en las casas.

Este debate no se había planteado en toda su crudeza hasta hace poco tiempo. La contribución del turismo a la riqueza nacional, cerca del 13% del PIB y más de dos millones y medio de empleos, parecía compensar todo lo demás. Lo que ha ocurrido en la temporada alta del año pasado y la previsión de llegar rápidamente a los 100 millones de visitantes (el doble de la población española) han tensionado a muchos de los que los van a “sufrir”. Ello conlleva dos paradojas: cómo cambiar el tan manido modelo de producción, que los expertos llevan exigiendo para que el país sufra menos en los ciclos bajos de la economía, si el turismo ejerce como estabilizador casi automático; la segunda es que mientras todo ello se expande, el 33,4% de los ciudadanos españoles no puede permitirse salir de vacaciones al menos una semana al año, y ese porcentaje va creciendo (Instituto Nacional de Estadística).

España es una superpotencia turística. Va detrás de EE UU y a pesar de las políticas xenófobas de Trump no parece que ello vaya a cambiar a corto plazo. Según las prospecciones del Consejo Mundial de Transportes y Turismo (WTTC en sus siglas inglesas), en una década el turismo va a representar en nuestro país el 17% del PIB (más de cuatro puntos por encima de ahora; por ejemplo, pagaría todas las pensiones del baby boom) y crecerá el doble que la economía general. Su contribución se acercaría a los 300.000 millones de euros y daría empleo a 3,7 millones de personas. Es difícil interpretar de dónde saldrán los titulares de tales puestos de trabajo más allá de la respuesta genérica de la inmigración. Pero el siguiente interrogante siguiente la amortigua: ¿dónde se van a alojar?

Hasta el momento la demanda se ha mostrado inelástica a los precios. Estos últimos suben en alojamientos y viajes sin que repercutan en el número de foráneos que llegan. La saturación es de tal grado en algunos sitios que se están contemplando dos tipos de respuestas: una es la de las tasas turísticas, que tratan de disuadir la entrada en determinados lugares y cuyo monto serviría para mejorar los servicios demediados. La segunda es el derecho de admisión: se impone un numerus clausus de gente que puede entrar a determinados lugares, o que accedan en transporte particular: en Covadonga, en la playa de las Catedrales de Ribadeo, en distintos lugares de Canarias, etcétera. Esta comunidad autónoma ha sido protagonista de diversas manifestaciones, cada vez más masivas, de ciudadanos irritados por el crecimiento de un turismo abrasivo sin que la riqueza que proporciona permee en sus hogares. Ello no afecta solo a las islas, o a España, sino que otros países (Italia, por ejemplo), otras ciudades (Venecia, etcétera) están poniendo límites a las llegadas.

Vamos a ver si los “tiempos de oro” prosiguen. Las incertidumbres geopolíticas son grandes. En cualquier caso, no afectarán al corto plazo. La otra incógnita es más de fondo: incluso con un turismo menos numeroso pero de más calidad, ¿se podrá afirmar que es una industria sostenible, según los criterios de sostenibilidad comúnmente aceptados?