El coste de los derechos: por qué la libertad depende de los impuestos

El oficio de presidente de Gobierno en España es bastante estable en relación con otros países europeos. Obviado el caso de Adolfo Suárez, que sufrió los avatares lógicos de una transición entre dos regímenes tan distintos, los demás han sido duraderos: Felipe González (13 años y medio), Aznar (dos legislaturas), Rodríguez Zapatero (dos legislaturas), Mariano Rajoy (casi dos legislaturas) y ahora Pedro Sánchez, del que pronto sabremos. Entre la primera y la segunda legislatura de cada uno apenas suelen cambiar los programas electorales, aunque sí las prácticas políticas, sobre todo si varía el tipo de mayoría de la que se disfruta (relativa o absoluta). En este sentido España es considerada una “democracia estable”, según el índice de calidad democrática de la revista The Economist.

El programa con el que se reivindican los socialistas y Sumar para gobernar los próximos cuatro años (“España avanza. Una nueva coalición de gobierno progresista”) es típicamente socialdemócrata, con una agenda muy arriesgada de transición ecológica. En ella (como en el resto del programa) es muy importante presentar cómo se va a financiar. Recordemos que en algún cajón del pasado Gobierno se ha quedado un Libro Blanco de la Reforma fiscal, elaborado por un grupo de expertos al que apenas se hizo caso. Casi siempre los tempos políticos y los de los expertos son diferentes. En aquel libro blanco se desarrollaba la idea de que en materia de medio ambiente la imposición se situaba como media de la Unión Europea —27, en el año 2021— tan sólo en el 2,2% de la recaudación total. En 2009 era el 2,4% No han cambiado mucho las cosas a pesar del crecimiento geométrico de los problemas ecológicos y de la estrepitosa emergencia climática.

Otros puntos centrales de aquella reforma fiscal, que serviría para financiar los planes sociales del Gobierno de coalición y que tan poca receptividad tuvo, eran limpiar las bases imponibles del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor añadido (los más recaudatorios) procurando acabar con las minoraciones y los gastos fiscales no justificados, y revisar los tipos y las tarifas impositivas, o situar el impuesto de sociedades en un nivel más alto (en el año 2021 estaba en el 2,9% de la recaudación total de la UE-27). Aquel Libro Blanco se sustentaba en las ideas de unos hacendistas estadounidenses (Stephen Holmes y Cass R. Sunstein) que habían escrito un libro de título tremendamente significativo: El coste de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos.

Además de la reducción de la jornada laboral, ampliamente comentada (una parte de la cual habrá de hacerse en el marco del diálogo social, no manu militari), hay algunos aspectos que dependerán mucho de su desarrollo: la autonomía estratégica industrial, después de las debilidades conocidas durante la pandemia con algunos productos (las deslocalizaciones ya no están bien vistas por los poderes ejecutivos); ampliar la influencia de los organismos reguladores evitando su captura y las puertas giratorias; la creación de un consejo nacional para la productividad, con la coordinación de las políticas públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la tecnología; la vuelta de una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que decayó en la anterior legislatura; o la etérea participación de los trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas. Etcétera.

En el extremo, lo que más diferencia la ideología socialdemócrata de todas las demás es la lucha contra las desigualdades. Ello se manifiesta en este programa tanto como en el anterior con Podemos. Para los socialdemócratas, una persona no es ciudadano si no es ciudadano de forma triple: civil, política y social o económicamente. No hay dos sin tres. Aunque en las últimas décadas se han reconocido los derechos civiles de algunos colectivos (LGTBI,….), lo más representativo del siglo XX fue la conquista del Estado de Bienestar y unas condiciones mínimas de salud, educación, cuidados y bienestar económico. De lo que se trata, en cada competición electoral, es de subir esas condiciones mínimas.

Apúntate aquí a la newsletter semanal de Ideas.