Ni aprendemos ni olvidamos
El recurso a la inviolabilidad del monarca no sólo es indigno y falaz: nos mancha a todos


Parece que nunca es buen momento para hablar de estas cosas. Cuando hay tormenta, por no agravarla. Cuando hay calma, por no estropearla. Es lo que hacen las víctimas de los maltratadores cuando no se atreven a denunciar: callar y resistir. Como lo de callar y resistir nunca es buena solución, hay que denunciar. Hablábamos de maltratadores. Hablemos ahora de la monarquía española, que tantos disgustos nos ha dado en los últimos años. Y, pensándolo bien, en los años anteriores a los últimos.
Existe un cierto consenso en torno a Felipe VI: pocos dudan de que este rey es mejor que su padre. De momento, a mí también me lo parece. No me ha llegado noticia de que ande por ahí trincando comisiones, ni de que los servicios secretos tengan que gastar millones del contribuyente para protegerle de sí mismo.
Ahora bien, recuérdese el juancarlismo de hace unas décadas. Pensábamos que a Juan Carlos I se le podía perdonar todo porque, en fin, salvo el detalle de haber sido nombrado por el caudillo Francisco Franco, aquel rey hacía bien las cosas. Mientras permanezcan en secreto tantos documentos de la Transición y del 23-F, y temo que el secreto dure aún muchos años, yo ya no estoy seguro de que hiciera algo bien. Necesitaríamos desbrozar muchísima propaganda y conocer de verdad los hechos.
A algunos nos ha abochornado lo que hemos ido conociendo sobre el ahora emérito. Dejemos de lado señoras vivas, elefantes muertos y demás cuestiones de ocio real. El cobro de comisiones, la acumulación de dinero en paraísos fiscales y el fraude a Hacienda constituyen acciones delictivas e indignas de un jefe del Estado. Eso es culpa de él y de quienes cooperaron en la comisión de las fechorías. El recurso a la inviolabilidad del monarca no sólo es indigno y falaz: nos mancha a todos.
La Constitución es clara. En su artículo 64, apartado 1, dice que los actos del rey “serán refrendados por el presidente del Gobierno”, los ministros competentes y, en el caso de formación de gobierno o disolución de las Cortes, por el presidente del Congreso. El apartado 2: “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”. Pero aquí nadie es responsable de nada.
Los artículos constitucionales referentes a la inviolabilidad siguen siendo los mismos, a pesar de lo que ha pasado. También sigue vigente la norma según la cual los varones tienen preferencia sobre las hembras para heredar la Corona. Sin esa preferencia (artículo 57, 1) hoy tendríamos a la reina Elena. O ya un presidente (o presidenta) de la República: para qué ponerse en lo peor.
Nada se cambia. Nada se toca. El nuevo rey no parece haber hecho ninguna sugerencia en tal sentido. Tal vez la institución monárquica sea tan frágil que no soporte siquiera el debate inevitable en cualquier reforma. Aquello que permitió a Juan Carlos I hacer lo que hizo, y lo que hace, sigue vigente. El desastre puede volver a ocurrir.
De los Borbones suele decirse aquello de que “ni aprenden ni olvidan”. Eso, la verdad, también puede decirse de los españoles. No olvidamos, pero tampoco aprendemos. Quizá, por desgracia, esa familia esté hecha a nuestra medida.
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