Buena noticia, mala noticia

La votación del pasado jueves, en la que el Gobierno logró mayoría suficiente para convalidar el decreto ley de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, fue un éxito para Pedro Sánchez y un alivio para la situación económica y social del país, porque esas medidas permitirán atajar la inflación y estabilizar el crecimiento. Es una buena noticia que el plan de gobierno se ponga en marcha y, sin embargo, no se puede decir que la votación que lo permitió fuese una buena noticia política para casi nadie en este país.

No lo fue políticamente para el presidente, porque, una vez más, se comprobó la inestabilidad de su Gobierno (ERC votó en contra y hubo dudas hasta el último día) y porque las encuestas demuestran que Pedro Sánchez tiene que pagar siempre un altísimo coste político cuando se percibe que sobrevive con el apoyo de EH Bildu. Y no fue tampoco una buena noticia para el Partido Popular porque quedó, también una vez más, asociado a Vox.

El nuevo dirigente popular, Alberto Núñez Feijóo, perdió una gran ocasión de serenar la vida política, abandonando la imagen del PP exasperado de Aznar y Casado y recuperando la de un centro moderado, capaz de aceptar el pluralismo y calibrar intereses generales. Es verdad que en esta ocasión el portavoz de Feijóo en el Congreso, Jaime de Olano, tuvo un discurso más pausado que el de sus antecesores (y, todo sea dicho, bastante más que el del inflamado orador socialista, Pedro Casares), pero lo cierto es que, bien porque no se decidió o porque no recibió ninguna señal que lo animara a ello, la ocasión del PP pasó.

Una mala noticia, salvo para quienes, desde los sectores más radicales de la izquierda y el nacionalismo, creen que la mejor estrategia electoral (sean cuando sean las próximas generales) es que Vox y Partido Popular aparezcan como un único bloque, pese al enorme riesgo que se corre, precisamente, de que el PP termine por normalizar la agenda de Vox, aproximándola al Gobierno de la nación. Bastante inquietante es lo ocurrido en Castilla y León como para proseguir ese malaventurado camino, que una vez recorrido tendría difícil vuelta atrás.

En realidad, el coste político que, según las encuestas, está pagando Pedro Sánchez se debe mucho más a la imposibilidad de conseguir que Unidas Podemos se mantenga como una opción seria en su espacio político (incluso la mejor baza de UP, Yolanda Díaz, intenta encontrar otro marco) que a su propio balance de tres años de presidencia. En términos generales, Sánchez podría llegar a las próximas elecciones explicando que ha hecho todo lo que tenía que hacer, incluida la recién anunciada e importantísima Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tanto tiempo deseada.

El mayor problema del presidente es la imagen de fragilidad que proporcionan votaciones como las del jueves y un Gobierno sometido a los continuos tirones de sus socios, tanto de coalición como de investidura. Todo lo ha tenido que negociar y, para colmo, en escenarios de crisis, totalmente inesperados y muy duros, como la pandemia o la guerra en Ucrania. Por mucho que La Moncloa insista en que los gobiernos de coalición expresan de forma habitual posiciones distintas, en realidad los gobiernos de coalición, como los de cualquier tipo, se expresan con una sola voz y cuando se producen disonancias suelen quebrar. Si nada de eso se ha producido, ha sido por la propia habilidad de Sánchez, pero también gracias al trabajo de su equipo, con especial relevancia de las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, que, con diferentes dotes comunicativas y procedencias políticas, han sido capaces de poner en marcha acuerdos importantes, dentro y fuera de España, y de mantener el entramado unido. No parece, sin embargo, que ese trabajo vaya a ser suficiente para equilibrar la imagen de fragilidad que se volvió a apreciar esta semana.

El resultado de las elecciones autonómicas andaluzas ayudará a comprender mejor la situación política real y el posible calendario nacional, bastante acotado ya por la presidencia española de la UE, el 1 de julio de 2023. El peor de los resultados posibles en Andalucía dejaría a Vox a las puertas de San Telmo. El compromiso para impedirlo debería ser absoluto.

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