La lucha judicial por la herencia de la duquesa de Medinaceli continúa

Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, XVII duquesa de Medinaceli, falleció el 18 de agosto de 2013, pero el reparto de su herencia —redactado en un testamento de 2003, que fue ratificado en 2012— sigue en los tribunales desde que, en 2019, cuatro nietos y dos bisnietos de la aristócrata denunciaran a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y a su tío y presidente de la entidad, Ignacio Medina, para que, con cargo a los bienes legados a institución, se completara la cantidad asignada por ella en calidad de legítima. Si en 2021 un juzgado de Sevilla daba la razón a los descendientes y obligaba a la Fundación a pagarles 40,5 millones de euros, ahora la Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado en su totalidad ese fallo, permitiendo a la entidad preservar un patrimonio que incluye, entre otros, la Casa Pilatos en Sevilla; el Pazo de Oca, en Pontevedra; la iglesia de Jesús de Medinaceli, en Madrid, y un importante fondo documental. Pero la batalla legal no ha terminado. Los herederos ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo.

La enrevesada disputa por la herencia de la penúltima duquesa de Medinaceli, conocida como Mimi, es muy relevante porque en jaque está el desmantelamiento de un legado que la fundación —que la aristócrata creó en 1978 para preservar permanentemente los valores históricos, artísticos, culturales y patrimoniales de la Casa ducal de Medinaceli, centralizar en una sola institución todo ese legado histórico y simbólico y garantizar su sucesión en el tiempo, más allá de la herencia familiar— se ha esforzado por conservar y mantener unido. Pero el morbo, como suele ocurrir en las sagas de la aristocracia española, está en los herederos, la mayoría habituales de las revistas de crónica social y que, de momento, han visto truncadas sus pretensiones de acuerdo con el fallo dictado el pasado 30 de enero y al que ha tenido acceso este periódico. Se trata de los cuatro nietos de la duquesa fallecida: Rafael y Luis Medina —hijos de Nati Abascal y del fallecido duque de Feria, Rafael Medina—; Casilda Medina Conradi, marquesa de Solera; y Victoria de Medina, duquesa de Santisteban; y los dos bisnietos: Victoria de Hohenloe, actual duquesa de Medinaceli y la persona con más títulos nobiliarios de España; y su hermano, Alexander Hohenlohe.

“Vamos a recurrir al Supremo, solo queremos que se cumpla la voluntad de nuestra abuela”, ha asegurado Rafael Medina sobre los pasos a seguir de los herederos, según recoge este martes la revista ¡Hola!. La Audiencia de Sevilla discrepa y recalca que en el testamento “se hacía constar el expreso deseo y voluntad de la finada sobre la preservación de bienes de su peculio”, y se recoge el contenido de su cláusula tercera: “Ha sido su preocupación constante el procurar la permanencia, a través del tiempo, de los valores históricos, artísticos, culturales y de toda índole pertenecientes a su casa”, para lo que se constituyó la Fundación en 1978. Y en este sentido, advierte que todas las donaciones y dotaciones que se realizaron a la entidad desde entonces y “durante décadas” “eran públicas y conocidas” por los demandantes que formaban parte de su patronato, y que no existió intención de perjudicar las legítimas hereditarias.

Los magistrados de la Audiencia de Sevilla tumban todos los argumentos de la sentencia anterior. En 2021, el juez consideró que la Fundación había recibido en calidad de donaciones una cantidad de bienes que menguaba la legítima estricta que todos los herederos tenían derecho a recibir y determinó una acción de suplemento de legítima; es decir, que la entidad debía abonar a través de sus bienes patrimoniales el equivalente a lo que los demandantes consideraban que les correspondía como legítima, una cantidad que se fijó en 40,5 millones. La nueva resolución señala que lo que los demandantes realmente estaban reclamando no era un suplemento de legítima, sino la rescisión de donaciones que nunca se recibieron tras el fallecimiento de la duquesa, sino antes, por lo que la Fundación no tiene “masa hereditaria” que repartir.

Pero no solo se queda allí. La Audiencia sostiene que el tiempo tanto para ejercer esta acción de reducción de donación inoficiosa como la relativa al suplemento de legítima habría prescrito en 2019, cuando se interpuso la primera denuncia, porque el plazo para presentarla es de cinco años desde el fallecimiento del testador, que en este caso fue en 2013. Pero, además, en la sentencia se incide en que todos los herederos aceptaron la herencia sin reserva en 2016, no impugnaron el testamento ni la partición y, como indicaron en su demanda, su intención era “respetar la voluntad de la fundadora y la Fundación”.

Hace cinco años, Ignacio Medina, duque de Segorbe, presidente de la Fundación y el único hijo vivo de la penúltima duquesa de Medinaceli, ya advirtió que no podía hacer frente al pago de la legítima que exigía el fallo, ahora revocado, porque eso supondría dispersar el legado de la institución. Ahora, la entidad se congratula de que la nueva sentencia “comporta la preservación de estos bienes dentro del patrimonio fundacional, asegurando su continuidad y su destino al interés general, conforme a la voluntad de la fundadora, evitando su fragmentación o su integración en patrimonios particulares”, de acuerdo con el comunicado difundido.

Este fallo, sin embargo, es un nuevo punto y seguido en una batalla por la herencia de la duquesa de Medinaceli, cuyo último párrafo escribirá el Supremo.