Escolarizar al margen de fronteras

El pasado septiembre arrancó una vez más con récord de estudiantes inmigrantes en las aulas españolas de Primaria y Secundaria: más de un millón, entre el total de ocho millones de alumnas y alumnos matriculados en todo el país. Un reto creciente, asumido principalmente por los centros de titularidad pública, en los que los estudiantes foráneos representan ya el 14% de su alumnado, frente al 7% de la escuela privada y concertada. Por etapas, su presencia en el ciclo de Primaria, obligatorio y gratuito (de 6 a 12 años), alcanza el 15,5% en los colegios públicos, mientras que en la ESO (hasta 16 años) es del 13,9%. Tampoco es homogéneo el reparto según autonomías, con tasas superiores en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Canarias.

La integración educativa de inmigrantes está mejorando, pero aún queda trecho por recorrer para que dichos estudiantes desarrollen su actividad formativa en igualdad de condiciones y oportunidades que sus homólogos nativos. Fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes subrayan que “no se hace distinción entre el alumnado extranjero y español a la hora de diseñar las políticas, primando siempre el concepto de inclusión del conjunto del alumnado”. Como respuesta, se han puesto en marcha programas como el de compensación educativa PROA+, al que se suman otros cinco de cooperación territorial: libros de texto, refuerzo de la competencia matemática, de la competencia lectora, bienestar emocional y educación inclusiva, “con una inversión de más de 350 millones de euros en 2025”, así como proyectos de investigación como INCLUD-ED, dentro del VI Programa Marco de la Comisión Europea.

¿Compensa… qué?

Sin embargo, siguen predominando la desinformación y el desconocimiento en torno a los colegios de compensatoria —aquellos que procuran la integración de alumnos en situaciones excluyentes o con dificultades para seguir un programa educativo normativo mediante una atención más individualizada—, muchas veces marginados tanto por su ubicación geográfica como por la sociedad. “La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos”, reza en su preámbulo la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006 de 3 de mayo). No son pocas las leyes que protegen, en general, el derecho a la educación de los menores, pero pasar de la teoría a la práctica se topa con unos cuantos escollos, sobre todo burocráticos y de adecuación de recursos.

A diferencia de otros países como Bélgica, Italia o Países Bajos, España limita la obligatoriedad escolar a las etapas formativas comprendidas entre los seis y los 16 años, cuando los menores extranjeros suelen retrasar la escolarización y, a su vez, abandonarla antes. “Uno de cada tres niños y niñas están en riesgo de exclusión social en España, por lo que invertir en educación supone hacerlo en prevención. No hay herramienta más poderosa para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Una formación de calidad amplía horizontes, fortalece capacidades y crea oportunidades reales de movilidad social”, asegura Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save the Children.

En concreto, distintos informes coinciden en que cada euro destinado a lo educativo revierte en un incremento económico de unos tres euros.

Centro de la cooperación

Y atendiendo a tales consideraciones, algo parece moverse. España, que forma parte desde 2006 de la Alianza Mundial para la Educación (Global Partnership for Education, GPE), ha protagonizado recientemente hechos reseñables. En diciembre se presentaba la nueva campaña de esta organización en el Congreso, Multiplica tus posibilidades, en un entorno en el que las cifras mundiales hablan por sí solas: siete de cada 10 niños y niñas en países de renta media o baja no saben escribir a los 10 años y 272 millones de menores no están escolarizados, cuando se estima que, si todos leyeran, la pobreza mundial se reduciría un 12%. Traducido a dinero, para garantizar una educación global de calidad se requieren 100.000 millones de dólares adicionales cada año. Por contra, la ayuda oficial al desarrollo ha caído más de 2.000 millones de dólares desde 2020.

En este contexto y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Educación —el pasado 24 de enero—, juventud organizada y sociedad civil en España publicaron una carta abierta al Gobierno para pedir que lo educativo rija las políticas de la Cooperación Internacional. “En situaciones de crisis, conflicto o trasformación acelerada, aprender no debería ser un lujo. Hablamos de la infraestructura democrática más poderosa. Y hoy el sistema está fallando, por lo que instamos tanto al Ejecutivo español como a la UE a que refuercen su liderazgo en ello”, reclama Elsa Arnaiz, asesora de GPE en España y presidenta de Talento para el Futuro, una de las organizaciones firmantes.

Por su parte, Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destaca “el apoyo decidido a la Global Partnership for Education, con 25 millones de euros entre 2021 y 2025. Este último año, además, con un incremento del 11% en partidas destinadas a lo educativo. Trabajamos también en proyectos de educación en emergencias, con la firme determinación de proteger este derecho humano, afectado ahora por crisis humanitarias como Gaza, Haití o el Sahel. Esto debe ser una prioridad en un mundo de crisis superpuestas y presión sobre los presupuestos de cooperación”, defiende Leis.