El asesor de Ayuso imputado por la crisis de las residencias defiende ahora a la Comunidad: “La culpa fue de Fernando Simón”

Todo apuntaba a que la jornada del caso residencias de este miércoles en Collado Villalba iba a terminar en balde. Se había suspendido la sesión en la que debían comparecer tres ex responsables madrileños investigados por supuesta discriminación a las personas enfermas en las residencias. No hubo acción alguna dentro del juzgado, pero sí en las escaleras de la entrada donde el imprevisible doctor Antonio Burgueño, asesor de Isabel Díaz Ayuso, rompió el silencio que ha mantenido durante casi un año, el tiempo que ha pasado desde que fue imputado.

Primero salió un familiar que había viajado desde Alicante para explicar a la prensa la anulación de la vista por una cuestión de trámite. Reveló que Burgueño se le había acercado en el pasillo: “Me ha dado las condolencias, me ha dicho que él es doctor, que lo sentía muchísimo y que si quería buscar un culpable, es el señor (Fernando) Simón (el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad que dirigió la respuesta a la pandemia), que dijo claramente en la prensa que solo habría un caso”. Se refería a que Simón minusvaloró a finales de enero de 2020 el impacto del virus. Tres hijas de fallecidos que se manifestaban con carteles, entre ellos uno con la cara de Burgueño, reaccionaron con una mezcla de rabia y decepción.

Se indignaron porque el octogenario Burgueño parecía un verso libre, un posible aliado. En 2020, al terminar la primera ola, le dijo a EL PAÍS que la medicalización de las residencias que él propuso no se ejecutó, que los mayores de residencias de toda España, incluido Madrid, habían quedado abandonados, y que los responsables podrían acabar en la cárcel.

Hace seis años respondió esto:

P. Usted ha dicho que sería crucificado si le hubiera tocado la gestión de la crisis.

R. Lo he dicho. Ponlo tal cual. O a lo mejor en la cárcel.

P. ¿En la cárcel, usted?

R. A lo mejor. Es que hay que tomar decisiones y alguna puede que no guste o que no sea racional.

Sin embargo, ahora que está imputado, Burgueño parece haber cambiado de opinión. Salió del juzgado mientras el familiar seguía hablando con la prensa. Una de las hijas manifestantes, María Jesús Valero, se dio cuenta y comenzó a increparle.

—¿Cómo ha podido decir lo del doctor Simón? No hay vergüenza, no hay vergüenza, señor Burgueño, no hay vergüenza. Decir eso después de que ha habido cuatro protocolos que han definido la muerte de 7.291 personas. Llevo seis años esperando a que mi padre tenga justicia.

Burgueño se detuvo en la escalinata y se quedó mirándola, muy serio.

—Con usted yo no he hablado.

—Desde luego que no. Porque no tiene vergüenza. Mi padre murió por los protocolos de la vergüenza. No porque el doctor Simón dijera tres meses antes que sólo había un caso de COVID. No tiene usted vergüenza alguna. ¿Vale?

—Lo siento—, le dijo a la mujer.

A pesar de lo incómodo de la situación, Burgueño decidió atender a los periodistas para sorpresa de los presentes y disgusto de su abogado que le golpeó levemente el brazo y le dijo: “no pierdas el tiempo”.

“He mencionado arriba al doctor Simón como responsable de la pandemia”, explicó el doctor. “Pues ya está dicho. Y yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad. Que yo sepa, la Comunidad de Madrid no estaba en la organización de la pandemia. Es decir, la lucha estaba organizada desde el Ministerio de Sanidad.

Burgueño seguía explicando su versión, mientras Valero y sus compañeras le recordaron que eso no tenía sentido. Era una mentira descarada. Los protocolos, el plan de medicalización, el traslado al hospital de Ifema de los sanitarios que iban a reforzar las residencias... Todas fueron decisiones de la Comunidad.

El propio Burgueño participó en la gestión de la crisis durante los primeros días. Ayuso lo convocó a una reunión en el edificio presidencial de Sol con su núcleo duro, el miércoles 11 de marzo. Él había sido el director de Hospitales en tiempos de la presidenta Esperanza Aguirre y conocía al dedillo los recursos sanitarios autonómicos. De manera oficiosa lo nombraron asesor y al día siguiente presentó un plan de 49 páginas con medidas drásticas: evitar el ingreso de los pacientes de residencias en los hospitales a cambio de que fueran atendidos in situ por los médicos de atención primaria con una asistencia de 24 horas.

Fue papel mojado. Una semana después, Ayuso anunciaba su hospital estrella, la reconversión del centro de exposiciones de Ifema, donde tampoco se permitió el envío de pacientes desde las residencias. Para entonces Burgueño había abandonado el barco, cansado de que le ignoraran en las reuniones con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

—Lo de medicalizar sí lo dije—, reconoció Burgueño.

—¿Por qué no se medicalizaron?

—Según parece, porque los médicos ya no estaban.

—¿Y cree que hay una responsabilidad porque se los llevaron a Ifema?

—No, no creo que de eso sean responsables porque resulta que lo que sí sé es que de las cerca de 5.000 residencias que había en España, no se medicalizó ninguna.

Dicho esto, bajó las escaleras y se unió a su abogado, que esperaba impaciente. Antes de que se perdiera de vista Valero le espetó: “Le deseo un buen día y una buena muerte. No como la de mi padre”.

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