Un presunto colaborador de la pareja de Ayuso, a la espera de sentencia por otro caso de falsedad documental

Uno de los presuntos colaboradores de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el fraude fiscal de 350.000 euros ha sido juzgado este miércoles en la Audiencia Nacional por otro caso, una supuesta falsedad documental y estafa agravada. El reo es el sevillano David Herrera Lobato, conocido por haber elaborado en 2021 facturas supuestamente falsas para el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. En 2023, estafó presuntamente 70.000 euros a la misión europea en Somalia al hacerse pasar por un proveedor habitual de productos médicos. Según los investigadores, es una estafa BEC (Business E-mail Compromise), un tipo de engaño muy extendido por el que los delincuentes envían un correo electrónico suplantando la identidad de un proveedor para lograr transferencias de dinero. Se enfrenta a tres años de cárcel.

Dos policías han escoltado a Herrera Lobato esta mañana a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El sevillano, de unos 50 años, había sido detenido en su pueblo de Arahal (20.000 habitantes) el día anterior. Hoy iba ataviado con un chándal gris y un abrigo verde, y ha permanecido cabizbajo durante la sesión de algo más de una hora.

Se ha declarado inocente ante el tribunal: “No me he lucrado”, ha dicho tras sentarse en el banquillo. “Vivo con mi madre. Hago cuatro papeles de gente de confianza en mi pueblo, a los pocos que me quedan ya”. Hasta hace poco dirigía una gestoría en el pueblo de Arahal, de casi 20.000 habitantes, y en los últimos años ha llegado a ser titular de una treintena de sociedades de todo tipo. En el caso que afecta a la pareja de Ayuso usó empresas sin actividad para emitir facturas falsas que Amador usó para simular gastos irreales y pagar menos impuestos, según la investigación.

Este miércoles, la acusación estaba representada por la Fiscalía Europea, que solo interviene cuando se ven dañados los intereses financieros de la Unión Europea. La denuncia fue interpuesta por una misión civil de la UE dedicada a reforzar las capacidades de seguridad marítima y policial en Somalia. Esta entidad tiene su sede en Mogadiscio, con oficinas sobre el terreno en Somalilandia y Puntlandia.

La misión tiene un proveedor habitual en Kenia que le abastece de material médico. Una persona cuya entidad se desconoce, pero en todo caso en coordinación con Herrera Lobato, suplantó presuntamente la identidad de esta compañía keniata para reclamar un pago de 69.751,40 euros, según la investigación. Envió un correo electrónico donde solo variaba ligeramente el dominio (la parte que sigue a la arroba). En ese mensaje solicitó cambiar la cuenta bancaria en la que debía hacerse el pago e incluyó un IBAN de una cuenta de Caixabank residenciada en Arahal y a la que Herrera Lobato tenía acceso, según han testificado tres agentes de la Guardia Civil. El personal de la misión europea en Somalia se percató de que había hecho un pago improcedente al ser alertada dos días después por la empresa de Kenia.

El abogado de Herrera Lobato, Ricardo Corzo, ha alegado que su cliente no tiene conocimientos para hacer esa “filigrana informática” y solicitó su absolución. Además, alegó que podría haber otros implicados que no han sido considerados por la acusación. “No están todos los que son”, ha dicho Corzo en su alegato final. “No cabe condena ni prisión provisional. Este señor está mal”.

La vista de hoy se ha celebrado después de tres intentos a lo largo del año pasado que fueron fallidos porque Herrera Lobato no se había personado. Él ha alegado este miércoles que sufre problemas de salud. “Aporté certificado médico de que me había doblado un pie. Tuve una arritmia. No estoy obstruyendo la justicia”, ha dicho Herrera Lobato antes de concluir la sesión. Los tres magistrados se han retirado a deliberar y han declarado el caso visto para sentencia.

Según el abogado de Herrera Lobato, este no tiene antecedentes penales, pero sí ha tenido anteriormente otros problemas judiciales. El caso que le vincula a González Amador, que comenzó a ser instruido en marzo de 2024 por una jueza de Plaza de Castilla, está a la espera de que se fije la fecha del juicio en un juzgado de lo Penal madrileño.

En esa causa, la pareja de Ayuso sostiene su inocencia y defiende que no eran facturas falsas, sino que fueron incluidas por error en la contabilidad de su consultoría de calidad, Maxwell Cremona. Amador adjuntó 13 facturas por 180.000 euros de seis empresas radicadas en el pueblo de Herrera Lobato, que eran titularidad de este o de otros dos vecinos del pueblo, un camarero y un panadero. Estas empresas tienen como objeto social actividades de limpieza, impresión de periódicos o actividad manufacturera, entre otros. Además, Amador incluyó otras dos facturas sospechosas emitidas por un ciudadano mexicano, Maximiliano Niederer, por supuestos negocios con una compañía de México y otra de Costa de Marfil. Ambas facturas suman algo más de 1,5 millones de euros.

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