El hombre misterioso que puso en jaque la expansión del Atlético de Madrid

Un hombre entra a primeros de noviembre de 2024 en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, sede del Tribunal Superior de Justicia. Lleva una carpeta bajo el brazo con una denuncia contra el Atlético de Madrid y otra contra el Ayuntamiento. Pocos días antes, el 29 de octubre, el Consistorio había aprobado definitivamente un plan urbanístico debatido con sordina durante el verano: un proyecto millonario que había pasado por un trámite casi invisible.

Durante el verano de 2024, con la ciudad a medio gas y la atención política lejos de Cibeles, el plan especial de la Ciudad del Deporte apenas generó debate y solo el Partido Socialista presentó alegaciones. No hubo movilización vecinal ni debate social apreciable. El expediente avanzó sin ruido, diluido en el verano, cuando los plazos siguen corriendo, pero casi nadie mira.

Alguien, sin embargo, sí estaba mirando. Un particular siguió el procedimiento, leyó las alegaciones, detectó las grietas jurídicas y tomó nota. De aquel trámite estival —del que casi nadie se percató— saldrían después buena parte de los argumentos que acabarían llegando a un tribunal.

El 29 de octubre de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el plan especial que daba cobertura urbanística a la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, el proyecto con el que el club rojiblanco aspiraba a transformar los alrededores del estadio Metropolitano y consolidar un modelo de crecimiento menos dependiente del resultado deportivo: 265.000 metros cuadrados, de los cuales 205.000 metros cuadrados eran objeto de cesión por hasta 75 años al Atlético de Madrid.

El acuerdo salió adelante con comodidad gracias a la mayoría del Gobierno municipal del PP. Durante el último año se movió tierra, se activó maquinaria y hasta los jugadores del primer equipo recorrieron con casco lo que el club había diseñado. La Ciudad del Deporte dejó de ser un conjunto de planos para convertirse en una obra reconocible en el entorno de San Blas-Canillejas, a pocos minutos del aeropuerto de Barajas. El proyecto había cruzado una frontera simbólica: ya no era una promesa, sino una intervención real sobre el terreno.

Y, en paralelo, llegó el dinero. A comienzos de noviembre de 2025, el fondo estadounidense Apollo cerró su entrada en el capital del Atlético de Madrid. Adquirió el 57% de la entidad en una operación que valoró el club en torno a los 2.500 millones de euros y que supuso un desembolso cercano a los 1.300 millones por la participación mayoritaria. La lógica de la inversión era clara: generar ingresos recurrentes, estables y menos expuestos a los vaivenes del fútbol. En ese esquema, la Ciudad del Deporte era una pieza central.

El hombre que se presentó en Plaza de Castilla no representaba a ningún colectivo vecinal ni actuaba en nombre de afectados directos. En su denuncia no alegó afección personal sobre las parcelas ni perjuicio inmediato alguno. Acudió a los tribunales como particular, invocando un interés legítimo estrictamente jurídico. Copió y pegó buena parte de las alegaciones socialistas, añadió algunos argumentos más y presentó la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin ruido. Sin entrevistas. Sin comunicados. Un año después, la justicia le dio la razón.

A principios de diciembre llegó la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente el plan especial aprobado en octubre del año anterior. El fallo afectó a parte del ámbito del proyecto y dejó en suspenso una de sus piezas clave. Los magistrados concluyeron que determinados usos asociados —hoteles, restauración, actividades recreativas y comerciales— eran incompatibles con el uso principal de equipamiento deportivo previsto para ese suelo. En particular, la Sala puso el foco en el ámbito del antiguo Centro Acuático de La Peineta, donde se proyectaba un complejo claramente lucrativo.

Según el tribunal, esa transformación del suelo no podía tramitarse mediante un plan especial, sino que exigía una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Además, reprochó al Ayuntamiento no haber justificado de forma suficiente el interés general del desarrollo ni haber sometido esa parte del proyecto a una evaluación ambiental estratégica, pese a su envergadura.

La Ciudad del Deporte estaba concebida como un complejo de gran escala alrededor del Metropolitano. El proyecto se extendía sobre cinco parcelas. Dos de ellas estaban destinadas a dotaciones deportivas municipales —pistas de atletismo, campos de fútbol, polideportivos cubiertos— que, una vez construidas por el club, pasarían a gestión pública. Las otras parcelas concentraban el núcleo más rentable del desarrollo: un centro de alto rendimiento, instalaciones privadas y, especialmente, la explotación del ámbito del antiguo Centro Acuático, concebido como una gran arena para conciertos, un hotel y otros usos terciarios. Estudios municipales incluidos en la documentación del concurso estimaban que ese espacio podría generar decenas de millones de euros anuales en beneficios a largo plazo. La inversión total prevista superaba los 350 millones de euros.

Tras conocerse la sentencia, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Atlético de Madrid optaron por minimizar su alcance y trasladar un mensaje de continuidad. Desde el club rojiblanco, fuentes oficiales subrayaron que el fallo no cuestiona el proyecto en su conjunto ni las instalaciones estrictamente deportivas y sostuvieron que se refiere a aspectos concretos del planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento anunció de inmediato que recurrirá al Tribunal Supremo. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, afirmó que la sentencia “no afecta en nada a la Ciudad del Deporte” y aseguró que el Consistorio seguirá otorgando licencias mientras se tramita el recurso. Sin embargo, abogados consultados por este periódico coinciden en que es difícil que el Supremo dé marcha atrás, al tratarse de una resolución ampliamente argumentada y apoyada en una jurisprudencia consolidada en materia urbanística.

La resolución se suma a una cadena de reveses judiciales que han acompañado al Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de José Luis Martínez-Almeida, abogado del Estado de formación. Desde 2019, varios de los grandes proyectos impulsados desde Cibeles han sido anulados o cuestionados por los tribunales por defectos de forma, falta de motivación o problemas de encaje urbanístico: terrazas, el parking del Bernabéu, la zona de bajas emisiones, las cocheras del metro... Antonio Giraldo, el concejal socialista que presentó las alegaciones durante la tramitación municipal, sostiene que el desenlace era evitable. “Advertimos al Ayuntamiento de que, para sacar adelante un proyecto de este alcance, era necesario modificar el Plan General. Si se hubiera hecho, hoy estaría solucionado”, afirma. A su juicio, la consecuencia es doble: “Pierde el Atlético y pierden los ciudadanos”.

Mientras tanto, el demandante que ha puesto en jaque la expansión del Atlético de Madrid sigue siendo un misterio. En la documentación judicial figura identificado con un nombre compuesto y la inicial de su primer apellido. Este periódico se ha puesto en contacto con su abogado, que ha rechazado hacer declaraciones y ha pedido mantener el anonimato de su cliente.