El Ayuntamiento de Madrid choca con la Justicia en su intento por cerrar la sala Teatro Barceló

La discoteca madrileña Teatro Barceló ha recibido esta semana un balón de oxígeno judicial. El tribunal ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la promotora del local y ha paralizado, por ahora, el precinto ordenado por el Ayuntamiento de Madrid. El cierre se había decretado semanas atrás como sanción por haber superado en dos ocasiones el aforo permitido de 990 personas durante 2023 —en unas 600 personas, según la Policía Municipal—. Mañana, la sala abrirá con normalidad.

Tras conocerse la resolución, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió el precinto como respuesta a “dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido”. Sus declaraciones han encendido los ánimos en la Plataforma por el Ocio. Los hosteleros sostienen que “la noche madrileña es segura” y señalan la “arbitrariedad” de la Agencia de Actividades (ADA) en la aplicación de la normativa como el verdadero problema.

El conflicto por los aforos en los locales de ocio nocturno viene de lejos. Se remonta a 1997, cuando el Ayuntamiento, entonces bajo el mandato del popular José María Álvarez del Manzano, aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Aquel documento fijó unos “tipos urbanísticos” que asignaban un aforo base según el tipo de actividad y permitían exenciones de hasta 600 personas o más en zonas periféricas. “En Madrid, el aforo se calcula por un mapa, no por la seguridad del local”, critica Vicente Pizcueta.

Eso significa que dos locales con las mismas dimensiones, salidas de emergencia y plan de evacuación pueden tener aforos diferentes solo por estar en barrios distintos. En la capital, desde hace casi 30 años, el número de personas permitidas en un local no depende únicamente de los criterios técnicos de seguridad, sino también de su ubicación.

Para los hosteleros, este statu quo tiene consecuencias claras: penaliza a los negocios del centro y favorece, en cierta medida, a los de la periferia. En distritos como Vallecas, donde las ZPAE —zonas de protección acústica especial— regulan los horarios pero no actúan con la misma severidad, los locales pueden obtener aforos más generosos. En cambio, en Centro, donde se encuentra Teatro Barceló, incluso los espacios con metros y salidas suficientes se topan con un límite administrativo que solo puede ajustarse si la administración tramita el ERIU, el procedimiento que permite adecuar el aforo según criterios técnicos de seguridad.

Según Noche Madrid, la asociación que agrupa a empresarios del ocio nocturno, la Agencia de Actividades se niega a tramitar esos incrementos en Centro y Chamberí, dos zonas con ZPAE especialmente lucrativas para el sector.

Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación, se muestra satisfecho con la decisión del tribunal: “Si hubiera existido el más mínimo riesgo, es imposible que se hubiera concedido una medida cautelarísima”.

Desde el Ayuntamiento evitan avivar la polémica. “El Ayuntamiento cumple con la normativa y respeta las decisiones judiciales”, afirmó una portavoz del Área de Urbanismo. La hostelería, sin embargo, acusa a la ADA de incumplir reiteradamente el compromiso asumido por Carabante de elaborar una nueva instrucción sobre aforos que acabe con el vacío legal actual y defina con claridad los criterios de seguridad aplicables a los locales.

Pizcueta asegura que Carabante prometió a Noche Madrid un borrador de esa hipotética reforma. “Tuvimos dos reuniones: el 10 de septiembre y el 29 de octubre. Pero el documento nunca llegó”.

El caso de Teatro Barceló no es el único. En junio, la sala Cocó, en la calle Alcalá, fue precintada tras una inspección que detectó 898 personas en un espacio con aforo oficial para 520. La administración ordenó el cierre y abrió un expediente sancionador. Sin embargo, ese mismo expediente incluye un informe técnico que, aplicando el Código Técnico de la Edificación, calcula que el local tiene capacidad para evacuar a más de 1.400 personas. En agosto, el tribunal también decretó medidas cautelares a favor de Cocó. La contradicción es evidente: los Bomberos consideran que el espacio es seguro para muchos más asistentes, pero la Agencia, amparándose en la ZPAE, mantiene el aforo administrativo por debajo.