Pozuelo decreta el cese definitivo del centro de extranjeros del Gobierno central

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP), en la Comunidad de Madrid, ha anunciado este lunes el cese definitivo de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) organizado en la localidad por el Gobierno central (PSOE y Sumar), al carecer, según su versión, de la licencia adecuada para su funcionamiento. Por la instalación, abierta en 2022 para atender la emergencia humanitaria que provocó el estallido de diversas guerras, y con más de 500 plazas, han pasado más de 100.000 personas, fundamentalmente procedentes de Ucrania, pero también de África y América. Con el cierre, la alcaldesa Paloma Tejero, ex alto cargo del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, alimenta el enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico y el central por la política migratoria, y ayuda a limitar desde el punto de vista del PP el impacto electoral en Madrid del discurso de Vox, que lleva semanas reclamando el cierre de estas instalaciones.

La resolución municipal da cuatro meses para realojar a los actuales internos, periodo durante el que no se podrán admitir nuevas altas, bajo amenaza de cierre inmediato. No es descartable que el conflicto con el Estado por este cierre acabe en los tribunales.

“Ya se ha notificado la resolución en la que el Consistorio, atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las más de 400 personas que allí residen según los últimos datos ofrecidos por el propio Gobierno central, da cuatro meses de plazo al Ejecutivo (el doble del que el propio ministerio reconoce como promedio de estancia) para que las realoje, evitando así el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos”, se lee en el comunicado enviado por el Ayuntamiento a los medios de comunicación. “No obstante, no podrá acoger nuevos residentes en ese plazo y su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato”, se añade sobre una resolución adoptada tras el estudio de las alegaciones y el recurso de reposición presentados el pasado 14 de agosto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esto contrapone un portavoz del Gobierno central: “Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación al respecto. En todo caso, los servicios jurídicos del ministerio analizarán la documentación, una vez que llegue la resolución, para decidir cómo proceder”.

El equipo de la alcaldesa Tejero justifica la decisión porque la instalación se viene usando para la actividad de centro de acogida y alojamiento, que no es la autorizada por la licencia municipal, por lo que el uso de la instalación es considerado por el Consistorio como “incompatible” con la normativa local.

Esta decisión llega después de que el pasado 30 de julio se notificara al centro de refugiados de la ciudad el cese cautelar de su actividad tras comprobar que no disponía de licencia de funcionamiento, pues esta se limita a la de un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social con auditorio y hospedaje de 150 habitaciones.

La capacidad total del centro es de 546 plazas, según información del Gobierno estatal que consta en el expediente municipal. Todas ellas son gestionadas por la Fundación ACCEM.

Efectivamente, el centro de Pozuelo es un edificio que pertenecía al área de Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero que cedió al área de Migraciones en 2022 para atender la emergencia humanitaria que provocó el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania.

Por allí han pasado desde entonces más de 100.000 personas con algún tipo de protección internacional y nunca había habido ningún problema con el Ayuntamiento, según han venido detallando en el Ministerio de Migraciones.

A finales de julio, cuando el equipo de gobierno de Pozuelo dio el primer paso para el cierre, allí vivían 404 personas, aunque tiene capacidad para acoger a 564. De ellas, 187 eran ucranias y las 217 plazas restantes estaban ocupadas principalmente por migrantes procedentes de países de África, aunque también había varias decenas de Venezuela y de Colombia.

Menores de edad

Entre sus argumentos para decretar el cierre, el Consistorio emplea el de que las 150 plazas de corta estancia para cursos de formación que tiene autorizadas el centro se han transformado en esas 560. Y que algunas de ellas están siendo utilizadas por menores de edad. Al respecto, la Delegación del Gobierno viene defendiendo que esos migrantes no están solos, sino acompañados por sus familias.

Aunque la polémica por el CREADE empezó en julio, la violación de una niña de 14 años en agosto a manos, presuntamente, de un menor migrante ha llevado a Vox a poner la diana sobre todos los centros que sirven de hogar para los emigrantes. La extrema derecha pide su cierre. Y aunque el Gobierno regional (PP) ha calificado de “irresponsable” que se quiera echar la persiana a las instalaciones que acogen a menores, la propia presidenta, Díaz Ayuso, sí se ha mostrado a favor de clausurar los centros para mayores de edad de Alcalá de Henares, Pozuelo y Campamento (este en la capital), todos ellos dependientes del Estado.

Quizás por eso a Vox le ha sabido a poco lo decidido en Pozuelo. “Lo celebramos por los vecinos de Pozuelo que podrán dormir tranquilos gracias a la presión de Vox para cerrar este centro de ilegales”, ha dicho su portavoz regional, Isabel Pérez Moñino, que oposita a ser candidata a la presidencia regional en 2027. “El PP se conforma con pasar el problema de un municipio a otro, pero no hablan de repatriar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen”, ha añadido. “En Vox, lo tenemos claro, ni en Fuenlabrada [donde el centro depende de la Comunidad de Madrid] ni en Pozuelo: billete de vuelta.”