El Gobierno de Ayuso cede ante el de Sánchez y reformará la ley de medioambiente para evitar un pulso en el Constitucional

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha cedido ante el Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez (PSOE) para evitar así abrir un pulso legal en el Tribunal Constitucional alrededor de la norma que aprobó a finales de 2024 la Asamblea regional para flexibilizar la ley del suelo. El acuerdo, publicado este viernes en el boletín oficial de la región, y alcanzado en la comisión bilateral que reúne al Estado y a Madrid, representa un raro ejemplo de entendimiento entre dos administraciones enfrentadas frontalmente. Madrid es, de hecho, la región que más pleitos tiene vivos contra el Estado en el Constitucional.

“La Comunidad Autónoma ha aceptado un compromiso normativo para evitar el recurso y solventar la discrepancia”, resume un portavoz del Gobierno central. Este diario se ha puesto también en contacto con el autonómico para recabar su opinión, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

La reforma de la ley del suelo permitió rebajar la obligatoriedad de sustituir árboles talados; flexibilizar la construcción de campos de golf, gasolineras y crematorios; y facilitar la posibilidad de construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos sociales de redes supramunicipales. Tras una polémica tramitación, pues el PP eligió el formato de ley ómnibus para cambiar decenas de puntos de distintas normas en una sola votación, la negociación con el Gobierno central se abrió en abril, y se centró en temas de evaluación ambiental.

Como consecuencia de ese diálogo, el Gobierno de Díaz Ayuso se ha comprometido ahora a impulsar una iniciativa legislativa para reformular un apartado de una disposición adicional de forma más restrictiva: desaparece del redactado la potestad del consejero regional competente para determinar las actuaciones que, no estando sometidas a procedimientos de evaluación ambiental, no son susceptibles de causar efectos adversos en el Medio Ambiente.

Además, la administración madrileña acepta interpretar como quería la central tres apartados de tres artículos sobre actuaciones de dotación en los planeamientos urbanísticos.

El acuerdo entre las dos partes es raro, pero no excepcional: si bien no hubo pacto con la reforma de las dos leyes LGTBI autonómicas, sí se alcanzó con las de presupuestos y cooperativas. En contraste, Madrid es la región con más pleitos vivos contra el Estado en el Constitucional.

Tres son por inconstitucionalidad (contra la ley de vivienda; la de amnistía; o el reparto de menores no acompañados) y dos por invasión de competencias (en la formación de familias de acogida y por la intención de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática).

Así, desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, la Comunidad ha recurrido una veintena de decisiones estatales en los tribunales. Aunque la justicia ha dado la razón a Madrid en cuestiones como el IVA de diciembre de 2017, lo que procuró 300 millones extra a las arcas regionales, también ha rechazado sus pretensiones con respecto a asuntos clave, como el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que avaló el Constitucional.

Madrid también ha llevado al Gobierno central a los tribunales por la gestión de la pandemia: ahí pidió explicaciones más claras de los criterios que habían impedido que pasara de fase en la desescalada(finalmente desistió); e intentó revertir dos cierres perimetrales diseñados para impedir la expansión del coronavirus en sendos puentes festivos; o las restricciones impuestas al trabajo en la hostelería.

El desencuentro permanente también ha afectado a la política migratoria (con dos recursos en el Supremo por el reparto de migrantes) y económica. En este último caso sobran los ejemplos. Además del choque provocado por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, los ha habido por las entregas a cuenta de 2019; contra un decreto del Ejecutivo central que distribuyó nueve millones de euros de los fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana; contra una resolución que fijaba las instrucciones generales para el reparto de las subvenciones covid; o contra el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización.

En el terreno educativo, además del real decreto de acreditación de universidades, Madrid ha recurrido contra la rebaja de los precios públicos universitarios decididos por el Estado. Un pulso judicial constante que ahora encuentra el oasis de un acuerdo.