Cerca de 300 colegios públicos de Madrid abrirán sus patios y bibliotecas durante las tardes este próximo curso

Cerca de unos 300 colegios públicos de 84 municipios de la Comunidad de Madrid participarán este curso 2025/26 en el programa Patios Abiertos, una iniciativa que busca mantener los patios y las bibliotecas escolares bajo libre acceso en horario vespertino, una vez terminada la jornada lectiva. La decisión es celebrada por las familias, que aseguran que llevan “décadas luchando” por conseguirlo, pero también es criticada debido a la “poca financiación” destinada para ello: 4,8 millones de euros para todos los centros de la región. Solo 84 de los 179 municipios madrileños se sumaron, por lo que para Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, “no es de extrañar que la mayoría [de municipios] hayan rechazado participar en este programa”.

El objetivo, según la Consejería de Educación, es que los niños del barrio o del municipio puedan jugar, leer, hacer ejercicio al aire libre y pasar el tiempo en estas instalaciones de forma segura. Tanto los alumnos matriculados en cada centro como otros que no, pero que vivan en la misma localidad, podrán disfrutar de las pistas deportivas y leer o estudiar en las salas de las bibliotecas de forma gratuita una vez finalice la jornada lectiva.

Para garantizar la seguridad de los menores, cada consistorio recibirá ayudas del Gobierno regional para la contratación de personal encargado de supervisar las áreas en funcionamiento. “Los consistorios organizan el servicio en función de las características de los centros participantes y deben dotar el personal suficiente para la supervisión y vigilancia del patio y la biblioteca, así como del control de la entrada y salida de los usuarios, que tendrán que estar en el mismo rango de edad de los alumnos del colegio”, explica la Comunidad.

Según indican, el programa se incorpora a la apertura de los colegios en días no lectivos y a las actividades extraescolares, medidas implementadas el año pasado, dirigidas a los centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP), los de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) y los Rurales Agrupados (CRA). El presupuesto para esas tres medidas alcanza los 4,8 millones de euros y los municipios que lo hayan solicitado recibirán ayudas económicas para organizar y ofrecer estos servicios a las familias.

Los consistorios pueden decidir en qué periodos ofrecen el servicio, pero ya ha empezado a funcionar esta semana previa al comienzo de las clases en una treintena de centros públicos de la región, según la Consejería, “para que sus usuarios realicen actividades deportivas y relacionadas con la formación en primeros auxilios o en nutrición y hábitos saludables, entre otras”.

Isabel Galvín, reconocida sindicalista y profesora de Didáctica y 0rganización Escolar del departamento de estudios de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense, ve con muy buenos ojos el proyecto, que, según considera, combate la pobreza y mejorara la socialización. “Esta es una política educativa recomendada por organismos internacionales y estudios académicos. Donde se ha puesto en práctica ha venido acompañada de mejora en resultados, especialmente cuando hay refuerzo de las actividades extraescolares y financiación necesaria”, dice.

María Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, también celebra la implementación —que las familias han solicitado desde hace décadas— y que “podría ser una pieza clave en la vida diaria de niños y niñas”. Sin embargo, reconoce que la cantidad de municipios que se han sumado no es suficiente y que, de momento, queda sin cubrir una gran parte de la Comunidad de Madrid. “Será interesante conocer cuáles son los motivos que llevan a diferentes ayuntamientos a no solicitar el programa”.

La razón de esa negativa la tiene muy clara Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid. Según explica, los 4,8 millones de euros son un 4% menos que la cantidad (5 millones de euros) aprobada en los presupuestos de 2024. “¿Apuestan por este programa o quieren recortar sus fondos?“, critica. También asegura que ”los ayuntamientos soportan la gran mayoría del coste de este programa" y que, siendo así, “no es de extrañar a la vista de ello que la mayoría hayan rechazado participar en este programa”: solo 84 de los 179 municipios accedieron. “Exigimos una apuesta firme por la enseñanza pública desde la Consejería”.

Por su parte, Javier Becerra, secretario de Enseñanza de UGT de Madrid, también considera que la idea es buena, pero que “les preocupan algunas lagunas que se abren en un programa que delega toda la responsabilidad en los ayuntamientos participantes y cuya definición ya deja entrever que pueden existir problemas de infrafinanciación al tener que asumir los sobrecostes derivados del propio plan”. Y considera que el desarrollo correcto del programa debe aportar la financiación suficiente para que los centros, “tanto los participantes en el programa como los que no, tengan unas instalaciones acordes a las necesidades educativas de las madrileñas y madrileños, y se puedan cubrir los gastos directos derivados de la ejecución”.