Inquilinos de tres bloques diferentes de Madrid comparten casero y acusación: “Usan tácticas de un fondo buitre”

Las prácticas de los grandes tenedores de vivienda ya se asemejan al modus operandi que usan los fondos buitre para vaciar edificios enteros, según denuncian inquilinos de tres bloques de pisos de tres zonas distintas de Madrid que tienen algo en común: son propiedad de la misma familia de rentistas, los Campos Cebrián González-Ruano, que tienen otros cinco inmuebles enteros en la capital. Los vecinos no se conocen entre sí, al menos hasta ahora. Unos viven en la calle de General Lacy 22 (Arganzuela), otros en Modesto Lafuente 8 (Chamberí) y, otros, en Mesón de Paredes 88 (Lavapiés), pero todos tienen algo en común: una misma familia propietaria de los tres edificios y todos coinciden en cómo ha sido el proceder de la propiedad para echarlos de sus casas: burofaxes de fin de contrato, hostigamiento, cambio de suministros sin avisar, desperfectos y humedades que no se arreglan y presencia de mediadores para empujarlos a la casilla de salida, es decir, “puro acoso inmobiliario”.

Por ello, han acudido este martes al Congreso de los Diputados, donde han expuesto su pesadilla ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en una reunión a la que ha asistido el diputado de Sumar Carlos Martín Urriza. Los inquilinos no han recibido información alguna de a qué se van a destinar sus viviendas, pero el Sindicato de Inquilinas, quienes los asesoran, sospechan que la propiedad pretende vaciar los edificios para transformarlos en alquiler de temporada. La familia Campos Cebrián González-Ruano, al otro lado de esta historia, no ha respondido a las preguntas de este periódico.

Todo comenzó en febrero de 2024, cuando los propietarios crearon la sociedad limitada FURUD S.L 2024, momento en el que los vecinos que terminaban contrato ese año recibieron una cascada de notificaciones de que debían abandonar sus casas.

Ese burofax lo recibió Susana Vargas, de 55 años, que lleva viviendo 11 en General Lacy 22, junto a su marido y sus hijos. El contrato de Vargas, que paga 900 euros de alquiler, acababa en junio. Irse les supone un fuerte contratiempo porque uno de los niños, con necesidades educativas especiales, recibe una ayuda específica en el colegio Salesianos de Atocha, a 12 minutos a pie. Se quieren quedar, al menos, hasta que los niños sean mayores de edad.

Cambios de suministros sin previo aviso

“Cuando recibí el burofax, me puse en contacto con ellos para exponer mi situación. Y me respondieron: ‘Lo sentimos, señora, pero cada uno tiene sus necesidades y esta es la nuestra”, cuenta. Su caso se complica porque la propiedad le reclama 11.000 euros de indemnización por incumplimiento del abandono de vivienda desde que le fue notificado. Vargas asegura que está al corriente de pago, tanto del alquiler como de los suministros, a pesar de que los subterfugios de la propiedad. “Nos han cambiado los suministros con otras condiciones, con otros precios, sin contar con nosotros. No sabemos lo que pagamos”, explica Vargas.

Lo mismo ha ocurrido en los otros dos bloques. Carmen Luque lleva 33 años viviendo en Modesto Lafuente 8 y paga 1.300 euros de alquiler. En su caso, el cambio de suministros se ha producido, según denuncia, bajo suplantación de identidad. “Mi compañía me mandó un SMS en el que decía que ya había recibido mi solicitud de baja. Yo no me di de baja. Llamé y me dijeron que me había dado de baja. Les dije: guarden bien este audio porque lo van a necesitar en el juzgado como prueba”, recuerda. “Se ha suplantado mi identidad porque se ha ido dando por hecho un consentimiento que jamás he dado”, sentencia.

En Mesón de Paredes 88 ha sucedido lo mismo con los suministros, pero más grave, ya que provocó que dos personas perdieran el bono social, según cuenta Benjamín Jiménez, que vive en el edificio desde 2013. También denuncia tácticas de desgaste. “Te mandan un correo diciendo que debes dos meses, cuando no es verdad”, cuenta Jiménez, a quien el contrato se le termina el mes que viene y tiene muy clara su postura: no se va a ir.

A algunos de los vecinos de General Lacy 22 no les ha llegado burofax, sino que les han notificado su salida cuando su contrato estaba a punto de terminar. Le ha pasado a una vecina que no quiere que figure su nombre, pero sí contar su situación. Desde hace 15 años tiene su negocio en uno de los locales y vive en uno de los pisos y su contrato vence en noviembre del año que viene.

“Me dijeron, si no das problemas, no vas a tener problemas hasta la jubilación… hasta que los ha habido”, lamenta. “En mi negocio tengo 3.700 clientes fijos de proximidad. No me los puedo llevar del brazo a otro sitio”, explica. Ha intentado negociar con los dueños, a los que ha ofrecido pagar más, pero la respuesta ha sido la misma: la quieren fuera del edificio.

El papel de la empresa mediadora

Una de las alquiladas más longevas de General Lacy 22, María Luisa, de 84 años, fue la primera persona a que le llegó la orden de dejar su casa, según cuenta otra vecina a la que ha autorizado a exponer su situación, ya que ella está delicada de salud y se está sometiendo a quimioterapia. Su familia lleva allí tres generaciones: primero vivió con su madre y, después, con sus hijos. Cuando recibió la orden, fue a los servicios sociales para que la ayudaran a buscar un abogado: quiere un entendimiento con la propiedad que aún no se ha producido. Se queja de que la fríen a cartas y facturas de poca cantidad, como de 1,64 euros, lo que mina su salud mental. “Que vengan a mi casa y se lo pago en mano”, pide María Luisa.

Los vecinos sostienen que el acoso se produce especialmente a través de una empresa de mediación, Gaiprop, que no tiene siquiera CIF. Dos mediadores, María José Jiménez y Rafael Ramírez, han intentado pactar con algunos vecinos su salida, sin abogados de por medio. Según los inquilinos, la empresa, en realidad, no quiere negociar, sino dividirlos para debilitar la postura firme de los vecinos a no marcharse de sus casas.

A una de las vecinas a las que se han dirigido ha sido a Jacqueline, madre de dos hijos que lleva 15 años en el bloque, los mismos que en España. En su caso, paga 800 euros y el contrato termina en 2026. “Vienen de mala manera y con malas formas”, cuenta. “A mí me llamó el señor (Ramírez), que quería arreglar la situación. Me dijeron que, si yo tenía que pagar una cantidad para irme, ellos me ofrecían una parte”, recuerda Jacqueline.

La tensión con los mediadores escaló en una de las asambleas que celebran los lunes. Acudieron al edificio e intentaron hablar con un vecino al que le llegó el burofax, pero no estaba en casa y cuentan que fueron a por el portero. Fuera del edificio, los vecinos aseguran que los mediadores presionaron, acosaron y gritaron al trabajador, quien, al llegar a la portería, tuvo un ataque de ansiedad del que fue atendido por Jacqueline, que es técnica en enfermería, y luego fue trasladado por el Samur al hospital. Desde entonces, han colgado un cartel donde piden a los mediadores que se dirijan a sus representantes legales o al Sindicato de Inquilinas para comunicarse con ellos. Este periódico también se ha intentado poner en contacto con Gaiprop en varias ocasiones sin obtener respuesta.

Además, los vecinos de Lacy 22 denuncian que sufren multitud de desperfectos y humedades en su edificio, con una antigüedad de más de 100 años, que la propiedad ni ha arreglado ni ha ido a interesarse por ellos. La presión está siendo tal que muchos inquilinos se han rendido. En Modesto Lafuente 8, por ejemplo, resisten 13 viviendas de las 28 que hay en el bloque y, en las que se han ido vaciando, han instalado puertas antiokupas. Luque asegura que, desde que comenzaron con el envío de burofaxes, la comunicación entre propietarios e inquilinos es inexistente. “Utilizan tácticas de fondo buitre y la de silencio, para hacer imposible cualquier tipo de negociación”, cuenta Luque.