La lucha de una madre, adolescente y tutelada, por ver al hijo que Bienestar Social de Toledo le retiró hace seis años

El expediente de Laura Timar, de 23 años, y de su hijo, de ocho, en la Sección de Menores de la Delegación de Bienestar Social de Toledo tiene más de 700 folios. Hoja tras hoja, informe tras informe, se desgrana toda la accidentada vida de su familia y la suya propia. Laura es otra de esas madres que fueron menores tuteladas por los Servicios Sociales de Toledo y que, tras dar a luz, les retiraron a su hijo. Es el tercer caso de estas características que llega a EL PAÍS desde la capital manchega, con la intervención de buena parte del mismo equipo de técnicos.

En julio de 2017, cuando nació su hijo, Laura tenía solo 15 años y se encontró con su pequeño en la calle porque su madre les había echado de casa. Fueron tutelados en ese momento por los Servicios Sociales de Toledo pero, a los dos meses, les devolvieron a los dos inexplicablemente con su madre. Y, al año, le retiraron el niño a la abuela, que tenía la tutela de la madre (menor) y del hijo. Declararon al niño “en riesgo”, ante el descuido y los problemas de salud mental de su abuela. Y, después, “en desamparo”. Pero dejaron a Laura y a su hermana pequeña con su madre, aquejada de depresión, sin trabajo y con una suerte de síndrome de Diógenes.

Desde la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha han declinado responder las preguntas planteadas por este periódico sobre el caso (“¿Por qué no protegieron también a la madre?“,,“¿Por qué la separaron de su hijo?“, ”¿Por qué no la ingresaron en un centro para madres adolescentes como ella solicitó?“), para “proteger los derechos y la privacidad del menor”. Y se han limitado a enviar un protocolo genérico de funcionamiento del Servicio de Menores y Familia de Toledo, competente en estos casos. El pasado 3 de julio se conocía la dimisión del Delegado de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz, con quien EL PAÍS habló en varias ocasiones en relación con otras retiradas de menores publicadas por este periódico.

La historia de Laura comienza cuando su madre llegó a España con ella y sus dos hermanos en 2009 desde Rumanía. Por aquel entonces, Laura contaba nueve años, los mismos que tiene ahora su hijo, al que solo puede ver una vez al mes durante una hora, desde que fue entregado a una familia en acogida el 21 de marzo de 2019. El niño, que entonces tenía un año y medio, entró en un régimen de “acogimiento temporal” y, en mayo de 2020, en “acogimiento permanente” con la misma familia. No fue dado en adopción, como en otros casos similares, y hoy continúa en régimen de acogimiento.

Desde la separación, Laura cuenta que ha tratado de hacer “todas las cosas bien, de acuerdo con lo que pedían los Servicios Sociales” para recuperar a su hijo: “A los pocos meses de perderlo, cumplí 18 años, me independicé, busqué trabajo, encontré un empleo estable y un lugar donde poder vivir sola, acudí a las citas con los técnicos de la delegación y del ayuntamiento y, por supuesto, nunca falté a ningún encuentro con mi hijo”, relata ahora, cuando ya es madre de otro bebé de algo más de un año.

La vía judicial

Viendo que iba cumpliendo los requisitos que se le marcaban, pero que “nada era suficiente para las técnicas de menores de la Delegación de Bienestar Social de Toledo”, Laura optó por la vía judicial para tratar de recuperar a su hijo. Buscó una abogada de Familia y comenzó a litigar en los tribunales. “Yo no quiero separar a mi hijo de la familia con la que lleva viviendo más de seis años, su otra familia, con la que ha crecido; sé que les quiere y que le quieren, pero yo quiero poder verlo con más frecuencia, verlo crecer también, saber cómo es, cómo duerme, qué le gusta hacer, qué no, dar un paseo con él, poder ir a verlo a sus competiciones deportivas, a su fiesta de cumpleaños o invitarle a un helado... Con una hora al mes en una habitación vigilada eso no es posible”, argumenta.

En enero de 2024, un juez de Toledo le dio la razón y estableció en una sentencia un régimen de visitas más frecuente: una vez a la semana. “Todos los déficits que presentaba el niño al inicio del acogimiento han desaparecido, considerando ahora a sus padres de acogida como sus propios padres; un cambio radical en su vida, como sería retornar con la madre biológica, podría desestabilizar al menor”, rezaba el escrito del magistrado. “Pero también es destacable que el niño no olvida a su madre biológica, estando perfectamente adaptado a verla con normalidad en las visitas, lo que resulta altamente positivo para el niño”, valora el juez. “Este juzgador comparte con la psicóloga forense que sería positivo para el niño tener una relación más estrecha con su madre biológica, pues al igual que se toman decisiones tan drásticas como privar a una madre de su hijo, en busca del bienestar de este último, también debe responder esta sociedad de forma positiva a la evolución de una niña que perdió a su hijo”, argumenta. Y concluye: “Por todo ello, considero que la evolución favorable de la madre, debe tener como respuesta un incremento del régimen de visitas con su hijo, que podrá ser ampliado de acuerdo con la evolución, a través de un punto de encuentro: una vez a la semana por tiempo de una hora”.

Laura vio la luz en aquel momento. Pensó que la lucha de tantos años había merecido la pena y que, por fin, las cosas se normalizarían y vería crecer a su hijo, aunque no estuviera con él. Pero su ilusión, que incluso le transmitió a su pequeño en la siguiente visita, se ahogó en un recurso presentado por el Servicio de Menores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra esa decisión judicial. Consideraron y argumentaron desde el equipo de menores que existía un defecto de forma (“Nulidad por incongruencia extrapetita”), ya que la demanda inicial presentada por Laura y su abogada era para recuperar al niño, no para cambiar el régimen de visitas. Así, otra jueza, esta vez de la Audiencia Provincial, revocó aquella decisión en octubre de 2024. Y Laura siguió (y sigue) viendo a su primogénito solo una vez al mes, durante una hora y vigilada.

Los expertos consultados señalan que el Derecho de Familia supone una excepción a ese principio. Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2011, que en los procesos sobre menores “se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento”.

Una vida en un número de expediente

El expediente de Laura es un recorrido por su dura infancia, por las dificultades encadenadas de su madre, sola, con tres hijos pequeños a su cargo en un país desconocido. Las viviendas que tuvieron en distintas poblaciones de la provincia de Toledo y sus traslados y desahucios. Sus solicitudes de ayuda en los Servicios Sociales de los ayuntamientos correspondientes. Los trabajos efímeros de su madre y su imposibilidad de conciliación, su desesperación, sus abandonos, su depresión y sus muchas medicaciones anti-ansiedad, antidepresivos… En medio de toda esa precaria circunstancia, Laura y sus dos hermanos fueron creciendo, fueron a la escuela, hicieron amistades, tuvieron novios, hijos…

Laura es la mediana. Quiso interrumpir su embarazo (de acuerdo con su pareja de entonces, también menor, y sus padres) pero se toparon con que la madre de Laura es testigo de Jehová y lo impidió, aunque después la echó de casa con el bebé recién nacido. Antes de que les devolvieran a casa de su madre, donde ella intuía que los problemas podían ser muchos, Laura solicitó ir a un centro de acogida para madres adolescentes, pero le dijeron que “no había plazas”. Hoy, seis años más tarde, y tras haber luchado inútilmente por recuperar a su hijo, solo quiere “verlo más”.

Laura es otra de esas niñas que estuvo tutelada por los servicios sociales de Toledo, como las otras dos madres que denunciaron a este periódico la retirada de sus bebés en esa provincia. “En cuanto entramos en el radar del servicio de menores, estamos perdidas”, comenta una de ellas. Y añade: “Muchas han optado por irse a tener a sus hijos fuera de Toledo para que no se los quiten”.