Ayuso alimenta el endurecimiento del PP en política migratoria al pedir el cierre de centros de acogida y la intervención de la UE y los tribunales

Cerrar los centros de acogida a emigrantes de Madrid. Denunciar ante la UE la política migratoria del gobierno de España. Y llevarla a los tribunales. Así, golpe a golpe, va desgranando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las propuestas con las que alimenta el endurecimiento en política migratoria que ha culminado el PP nacional tras su congreso del fin de semana. Ocurre el martes. Habla Ayuso, y sus palabras son el anuncio de un nuevo choque con la Administración de Pedro Sánchez. Nadie se sorprende: Madrid ya recurrió en marzo ante el Tribunal Constitucional el reparto de niños migrantes. Aunque sí hay quien se lamenta: “Es un despropósito en su carrera ultra con Vox”, opina una fuente que cuenta con la confianza del presidente, y que conoce las tensiones que recorren la región madrileña tras la violación en junio de una mujer presuntamente por parte de un joven de Mali de 21 años, residente del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares.

Agosto de 2019. Gracias a un pacto con Cs, Díaz Ayuso llega al poder pese a ser la primera candidata autonómica del PP en perder unas elecciones madrileñas desde 1987. Mayo de 2023. Díaz Ayuso gana con mayoría absoluta. Es un éxito con explicación. La escalera que lleva a la líder conservadora de la derrota a la victoria se construye sobre dos escalones: la desaparición de Cs, y la neutralización de Vox, que encuentra en Ayuso una política con la extraña capacidad de afearle su radicalismo (“los de las bandas latinas son tan españoles como Abascal”); mimetizarlo cuando conviene (al pedir, por ejemplo, la repatriación de 19 menores extranjeros a su cargo); y robarle algunas de sus más preciadas banderas políticas.

Pasa este martes. Justo después de que Vox proponga expulsar a millones de migrantes, lo que Ayuso califica de “populismo”, y tras la violación de la joven en Alcalá de Henares, la baronesa entona un discurso durísimo durante su intervención en un foro sanitario organizado por elEconomista.

La presidenta madrileña defiende, sin aportar prueba alguna, que “la inmigración irregular masiva” es un desafío “provocado” y “perfectamente medido” por el Gobierno de Sánchez para “crear problemas de convivencia”, “saturar los servicios públicos” y, en última instancia, “reventar el país”. “Lo están dejando crecer, y no están haciendo absolutamente nada”, asevera Ayuso, que agrega: “No sé si es que buscan el estallido social o dejar una España ingobernable en el futuro”.

Pero Ayuso no frena tras el primer acelerón. No es un derrape. No ha medido mal las distancias. Al contrario. Está pisando el acelerador a fondo.

“En el caso de Alcalá de Henares está sucediendo algo que es inasumible”, sostiene Ayuso, que ya en 2024 provocó las críticas del Gobierno central por sus declaraciones sobre el centro de Alcalá. “Por eso pedimos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el centro de inmigrantes, tanto de Alcalá como el que pretenden poner en Pozuelo, y el de Campamento, se cierren”, advierte. “No podemos consentir que haya decenas de miles de personas deambulando por las calles de Madrid sin rumbo (...), sin conocer qué problemas traen”, añade. Y remata: “Esto se une a los centenares de miles de personas que todos los años están entrando por la puerta de atrás de Barajas, unido al drama de los menores. Política que se extiende a ellos y que, por cierto, vamos a traer ante Europa, ante los países vecinos, tribunales, donde haga falta”.

¿Cómo acabará el asunto en los tribunales o ante la Unión Europa? El Gobierno regional, consultado por este diario, no lo aclara. “Eso lo concretaremos cuando lo presentemos”, contesta un portavoz, que señala que la presidenta se refiere especialmente a “la situación de los centros de internamiento masivos, saturados y hacinados”, que la administración madrileña describe como organizados, “sin información y coordinación con las autoridades locales y autonómicas”.

“Vomitivo”

Sin embargo, EL PAÍS pudo comprobar que el Gobierno nacional informó por escrito en 2023 al regional de los recursos, plazos y características del dispositivo que se iba a activar. Desde entonces, y al menos durante un largo tiempo, se fue informando periódicamente sobre la capacidad y ocupación de esos recursos que ahora Ayuso quiere cerrar. Una iniciativa que indigna en Moncloa.

“Es un despropósito, es una su carrera ultra con Vox”, sostiene una fuente que cuenta con la confianza del presidente del Gobierno. “Lejos de aportar soluciones responsables para los retos que tenemos solo quieren ‘quitarse a los negros de encima’... Es vomitivo”, opina, minusvalorando que haya opciones legales de que la Comunidad de Madrid logre su propósito de cerrar los centros de acogida. “Ninguna”, afirma. “Es solo ruido, del que las personas migrantes tienen que estar alerta. El abrazo de Ayuso a unos migrantes [en referencia a los latinos] y su criminalización de otros tiene una frontera muy frágil. Y más cuando pactarán lo que haga falta si se da el caso [con Vox, para gobernar España]”.

Esto dijo el delegado del gobierno, Francisco Martín, en sus redes sociales: “En política migratoria también: Vox grita y el PP obedece. El odio que las ultraderechas vomitan en los medios ya se constata en las redes sociales y en las calles, y es de extrema gravedad”.

Lo que es seguro es que el discurso del PP se ha endurecido. Así, la ponencia política aprobada este fin de semana por los populares pone trabas a los inmigrantes en situación irregular, al desligar el empadronamiento de la recepción de ayudas sociales, dificultar el acceso a la residencia de larga duración o restringir la reagrupación familiar; al tiempo que equipara el burka (túnica que tapa todo el cuerpo salvo los ojos) con el hiyab (pañuelo que cubre el pelo) y califica ambos de “negación simbólica y práctica de la libertad de las mujeres”. Un giro con el que Ayuso parece cómoda.