Madrid indemniza 20 años después a una fundación a la que impidió construir un centro para reeducar a 200 menores infractores

Una sentencia judicial obligó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a aprobar en marzo una indemnización de 737.450,71 euros a una fundación con la que había firmado un convenio para construir un centro en el que atender durante al menos 15 años a menores infractores. Ocurre que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tuvo que sacar la chequera cuando la decisión que impidió que llegara a buen puerto este proyecto, valorado en 249.496.405,52 euros, se tomó en tiempos de Esperanza Aguirre. Así, el desencuentro, motivado por una declaración ambiental negativa de la propia Comunidad que impidió la obra, ha tardado casi 20 años en resolverse: el convenio se firmó en 2007, Madrid lo dio por terminado en 2010, y desde entonces se desató un pulso administrativo y judicial que ha acabado con la Comunidad pagando una indemnización y desprovista de un recurso con capacidad para atender a más de 200 niños.

“Una vez más, los impuestos de los madrileños se destinan a tapar los agujeros de la mala gestión de los gobiernos del Partido Popular”, lamenta Tatiana Jiménez, diputada del PSOE, que solicitó información sobre el caso en la Asamblea. “Entre deuda oculta, pelotazos y mala gestión, se están comprometiendo los recursos públicos, y el Gobierno de Ayuso ni se inmuta ni da explicaciones”, añade sobre el pleito que ha enfrentado a Madrid con la Fundación Diagrama. “Suspenden en rendición de cuentas”.

No es la primera vez que Ayuso tiene que pagar una factura de sus predecesores. El PP llegó al poder en la Comunidad de Madrid en 1995. Desde entonces ha gobernado ininterrumpidamente la región capital de España. En ese cuarto de siglo largo, Madrid ha vivido una transformación radical, con una expansión de cientos de kilómetros de su red de Metro, una decena de nuevos hospitales, y una capacidad para atraer población que la ha llevado a rebasar los siete millones de habitantes. En paralelo, se calentó una burbuja inmobiliaria y anidaron tramas de corrupción como la Gürtel, la Púnica, o la Lezo. Y junto a ellas, a veces íntimamente interconectadas, se tomaron (malas) decisiones que se han empezado a pagar ahora en casi todas las áreas de gestión: de la vivienda pública a las infraestructuras de transporte, pasando por la política sanitaria o la educativa.

Un balance negativo que es millonario y suma ceros cada poco tiempo. Ahora, casi 20 años después, ocurre con un centro que nunca se construyó, y que tenía como destino la atención a jóvenes y menores a los que se hubiera impuesto judicialmente medidas de internamiento en régimen cerrado.

La razón del fracaso del proyecto es una declaración de impacto ambiental que alertó de que se quería levantar la instalación, de 12.500 metros cuadrados, en un paraje que es zona de especial protección para aves. Así, concluyeron los expertos en Medio Ambiente de la Comunidad, cuando ya el convenio estaba firmado, aguiluchos laguneros, búhos reales, avutardas, o cernícalos, además de murciélagos, tenían en ese territorio su hábitat de alimentación, campeo “e incluso reproducción”. Algo incompatible con la presencia de los niños.

“A pesar del compromiso (...) por el que el Ayuntamiento de Aranjuez facilitaría las gestiones conducentes a la construcción del centro de ejecución de medidas judiciales en su término municipal, las especiales características de las parcelas de terreno adquiridas por la Fundación (suelo no urbanizable de especial protección) exigían que (...) debiera emitirse la correspondiente declaración de impacto ambiental, la cual finalmente fue resuelta en sentido desfavorable con fecha de noviembre de 2008″, se lee en documentación a la que accedió EL PAÍS. “Motivo por el cual la entonces directora gerente de la agencia dicta, tras diversas conversaciones para procurar una solución de mutuo acuerdo a tal situación, entre las que se barajó la ubicación en otro lugar del centro de menores, la resolución del convenio con fecha 9 de septiembre de 2010 por incumplimiento del mismo imputable a la Fundación”.

200 plazas

El centro, que iba a haberse llamado El Arce, debía haber empezado a funcionar en 2007 con 24 plazas. Un año después, debían estar listas el resto de 200 concertadas. Pero eso nunca ocurrió. En su lugar, comenzó un largo pulso administrativo y judicial que la Comunidad de Madrid ha acabado perdiendo.

El pago supone la mitad de lo que la Comunidad calcula que la entidad sin ánimo de lucro se gastó en comprar los terrenos, contratar un arquitecto y hacer trámites administrativos, en consonancia con la sentencia, que decide un reparto equitativo de los costes. Eso es así porque la sentencia entiende que la responsabilidad de que el proyecto no llegara a buen puerto es compartida, al haber elegido ambas partes emplazarlo en unas parcelas con el riesgo potencial de no ser adecuadas para lo que se pretendía.

“Es una solución salomónica”, reconoce a través del teléfono un portavoz de la Fundación. “Es algo que queríamos cerrar ya, tras tanto tiempo abierto”, apunta sobre el pulso administrativo y judicial. Y lamenta: “Es lo usual con la administración, procesos largos”.

Este diario contactó con la Comunidad de Madrid para conocer su versión, sin obtener respuesta en el momento de publicación de este artículo.

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