No hay comparación

Me ha dejado pasmada la comparación que ha hecho Isabel Díaz Ayuso al afirmar que el actuar del Gobierno de Pedro Sánchez se asemeja al de Daniel Ortega en Nicaragua.

No puede explicarse una comparación semejante más que por desconocimiento de la Sra. Ayuso de la gravedad de lo que ha sucedido y viene sucediendo en Nicaragua desde 2018. Como nicaragüense que he debido dejar mi país y establecerme en España para proteger mi libertad e integridad física, soy buen testigo de la abismal diferencia entre el gobierno de Ortega y el de Pedro Sánchez.

Hace unas semanas, en Nicaragua, se llevó a cabo la más reciente redada de figuras de la oposición. Dos de ellas lograron salir del país por puntos ciegos. Al no encontrarlos en sus casas, la policía se llevó a la cárcel al hijo de una de ellas y a la esposa, hija y yerno de otro, familiares inocentes que acusó arbitrariamente y mantiene detenidos como cruel represalia contra los que lograron ponerse a salvo. Tomar como rehenes a familiares no se vio en mi país ni siquiera en tiempos de la dictadura de Anastasio Somoza. Y es que, el sistema jurídico ha sido sustituido por la voluntad de Ortega y su esposa, dueños absolutos de un poder que solo se sostiene por las armas de un ejército y una policía que han pasado a ser guardia pretoriana de esta pareja de dictadores. No veo yo en qué manera se puede comparar esa tiranía con el actual gobierno de España.

Mientras aquí nos enteramos por los medios de los debates políticos y observamos una democracia en funciones, con liderazgos sometidos al escrutinio de la prensa y la ciudadanía, en Nicaragua la censura que eliminó y confiscó a la totalidad de la prensa independiente, ahora en el exilio, silenció también el único espacio de crítica restante: los púlpitos. Los sacerdotes críticos, o han sido expulsados del país, o no se les permite volver, o se les encarcela. El obispo que rehusaba callar sus señalamientos, el más respetado y querido, Monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa, lleva más de dos meses sometido a lo que eufemísticamente han llamado “resguardo domiciliar”, que es no es más que casa por cárcel. Nada se sabe de él.

Cierto que la Sra. Ayuso está enterada de que, desde junio de 2021, Ortega mantiene encarceladas a todas las figuras visibles de la oposición, incluyendo los siete que fueran aspirantes a la presidencia. Lo que quizás ignore es que estos cuarenta y cinco miembros destacados de la sociedad, entre los que se cuentan periodistas, empresarios, y líderes políticos, no solo llevan ya más de quinientos días de prisión, sino que el régimen carcelario al que están sometidos pretende destruir su integridad física y mental. Estas personas están aisladas, en celdas de castigo, con luz u oscuridad todo el día, con una alimentación apenas de supervivencia, sin derecho a un libro, a un papel o un lápiz. Las visitas familiares, que por ley debían ser al menos cada mes, son erráticas. Actualmente han pasado más de setenta días sin recibir ninguna y varios presos con hijos pequeños no han podido verlos en todo este tiempo. No sabemos nada de cuatro de ellos que decidieron iniciar una huelga de hambre exigiendo mejor trato y contacto con sus hijos.

Si bien la pasión política puede llevar a acusaciones mutuas entre adversarios, hay un principio de verdad que, en este caso, ha sido ignorado. Esta comparación no solo ofende al Gobierno de España, sino a quienes, llegados del infierno, no logramos comprender que se esgrima nuestra tragedia como arma para denigrar un gobierno que está lejos de parecerse al nuestro. Este es un país cuya democracia funciona y donde el derecho y la libertad son parte esencial del aire que respiramos.

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