Misión: traer de vuelta a casa a la amiga que huyó para salvarse de su maltratador

“Hace 40 años, Geli era una de las chicas más brillantes de nuestra pandilla; hoy, es una superviviente de violencia machista que se enfrenta al desamparo absoluto porque las instituciones no le dan una respuesta a tiempo”. Es así como las antiguas amigas del instituto Valle Inclán de Pontevedra empiezan a desgranar, en la plataforma de micromecenazgo Donio, ese “infierno de violencia de género que aisló por completo del mundo” a esa compañera que ahora tiene 54 años. Todas y todos la recordaban como “una de las alumnas más aplicadas”, “inteligente, responsable, profundamente buena” y “también muy guapa”, pero habían perdido su rastro hacía décadas. Nadie supo nada hasta el año pasado, cuando un excompañero se la encontró en Facebook.

Comenzaron a ponerse al día. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo te va? Entonces Geli contó. Una pesadilla con un monstruo principal, su expareja, de la que tuvo que huir “con lo puesto” bajo amenaza de muerte. Y el montón de desdichas encadenadas, incluido un linfoma, y los despropósitos burocráticos que se precipitaron después. Fue ella la que tuvo que dejarlo todo atrás hace 15 años, no su agresor. Esa maquinaria administrativa que convierte a las personas en números puede llegar a ser también monstruosa, consideran ahora esas amigas y amigos que, tras aquel primer contacto en la red social, se han unido y puesto manos a la obra para rescatar a Geli. Su objetivo es recaudar 16.000 euros en 55 días, para poder garantizarle una mejora en las condiciones de vida a ella y a su hijo, estudiante, en la ciudad de la que nunca debió escapar si el sistema hubiese funcionado para esta mujer “con riesgo extremo en Viogen”. Las compañeras, repartidas ahora por diversas localidades y asesoradas por la abogada madrileña María Naredo, especializada en derechos humanos y género, se han encontrado en los últimos meses con la falta de información y la negativa de diversos departamentos, dependientes sobre todo de la Xunta de Galicia.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo, organismo responsable de la vivienda protegida, remite a Geli a un sorteo que se celebrará en igualdad de condiciones para todos los demandantes en 2027. Pero las amigas aseguran que no hay tiempo que perder, porque la salud de esta víctima se deteriora por momentos, y su esperanza de vida es “limitada”, en el piso “húmedo, frío, insalubre y con ventanas rotas” en el que acabó tras su paso por viviendas para víctimas de género en Vigo, una ciudad en la que no tiene vínculos. En ese piso actual, cuyo alquiler está subvencionado con un bono de 330 euros sin actualizar desde el principio, Geli ha sacado adelante a su hijo y ha malvivido y sobrevivido a enfermedades que ya apenas le permiten salir a la calle.

Después de darse de bruces con las instituciones gallegas, esta red de amigas ha promovido una queja ante el Defensor del Pueblo, con la esperanza de que este “recomiende la adjudicación excepcional directa de una vivienda protegida en el municipio de Pontevedra”, y que de paso supervise “la actuación de las Administraciones públicas competentes, ante la insuficiencia de las medidas ofrecidas”. En el escrito recuerdan que esta víctima tiene orden judicial de protección y sufre “patologías graves, dependencia severa reconocida [grado dos y discapacidad del 77%] y fragilidad clínica derivada en gran parte de la violencia sufrida”. Además del cáncer, Geli padece el síndrome de Raynaud, un vasoespasmo que estrecha las arterias y reduce el flujo sanguíneo en pies y manos ante el frío y el estrés, algo que se agrava en el piso no adaptado que habita.

Una de sus amigas explica que “pesa unos 40 kilos, si es que llega” y sospecha que “es que se quita de comer”, porque después de los gastos fijos de cada mes no le quedan más que unos 100 euros. “Está en los huesos, el linfoma le desencadenó una patología neurológica, sufre disfagia, le cuesta tragar y hablar, le cuesta moverse, se cae”, enumera. “Tiene también constantes infecciones en la boca y necesita ir al dentista, que hay que pagar”, sigue describiendo el drama cotidiano de la víctima.

Por si esto fuera poco, “posiblemente a causa de los golpes que le daba su maltratador”, padre de su hijo, en la cabeza, ahora acusa sordera. Se trata, como recoge la carta al Defensor —que entre otras cosas se basa en el diagnóstico de una trabajadora social de un hospital de Vigo— de una “emergencia sanitaria y habitacional grave” de una “víctima de género” con “extrema vulnerabilidad” y “desarraigo forzado por riesgo vital”. Huyó de su hogar por amenaza de muerte de un hombre al que, tras un juicio rápido, se le vetaron las armas (las escopetas de caza que poseía) hasta hace un par de años.

A él se le prohibió acercarse a Geli pero no al niño, que entonces tenía cinco años y que también “había sido amenazado” por este hombre que fue condenado a dos años de prisión aunque no llegó a entrar. La propia víctima explica para este diario que no recurrió la sentencia porque temía que su agresor acabara aún “más enfadado”, teniendo en cuenta que fue diagnosticado de “esquizofrenia paranoide” (y pese a ello con licencia de armas), con ingresos en psiquiatría. “En el momento en que cometió los hechos”, no obstante, según su víctima “estaba bien, era consciente y no sufría ningún brote”. El riesgo para el pequeño no fue valorado y el régimen de visitas se mantuvo. “Decían que impedirle ver al niño igual lo podía desestabilizar. Nunca me escucharon ni protegieron a mi hijo”, lamenta Geli, “lo que lloré por él, aquí sola y escondida”.

“Lo que vino después de la violencia de género fue terrible y la llevó a la situación precaria y desesperada en la que está hoy. Sufrió la violencia después de la violencia... todo su desarraigo, su vida en solitario y sin apenas recursos”, protesta una amiga. Ellas son varias y prefieren no aparecer con su nombre “porque lo que importa es Geli”. En el escrito al Defensor afirman que, en su caso, “la vivienda actual constituye un factor de riesgo médico” y le piden a Ángel Gabilondo que “valore si la actuación desarrollada” por las Administraciones gallegas “cumple el estándar constitucional y europeo de protección reforzada exigible en casos de vulnerabilidad acumulativa”.