El TSJ anula el plan de protección del litoral valenciano porque carece de estudio económico

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, Pativel, que la Generalitat aprobó en mayo de 2018 con el objetivo de cambiar el urbanismo voraz que campó a sus anchas durante los gobiernos del PP. El tribunal estima el recurso presentado por una empresa afectada y anula el plan porque carece de un estudio económico-financiero “que refleje los costes de implementar el Pativel y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán de desarrollarlo”.

El Pativel llegó con “la consigna de identificar y rescatar los últimos suelos de valor existentes en el espacio litoral y que todavía se encuentran vacantes”, recogía la memoria del documento. Pero los tribunales consideran ahora que no previó las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Generalitat puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo”, afirma el fallo judicial. La sentencia, que se ha dictado con el voto particular de uno de los magistrados, será recurrida por la Generalitat.

Según los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, el proyecto incumple además la ley para la Igualdad entre mujeres y hombres porque no incluye un informe de evaluación del impacto por razón de género, así como tampoco sobre la infancia, la adoslescencia y la familia.

Otro motivo de nulidad para el alto tribunal valenciano es que “no se haya sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica “y omita las distintas alternativas posibles”.

El Plan pretendía revertir a su carácter rústico lo que antes se había pintado en los planes generales como urbanizable, protegiendo hasta 7.500 hectáreas, salvar del ladrillo al menos los primeros 500 metros de suelo desde la orilla hacia el interior [de lo que todavía no estaba construido] y ponerle fuertes condicionantes en el kilómetro y medio siguiente.

No era fácil. Lo primero que hizo el Gobierno que preside Ximo Puig fue estudiar con qué fuerza le podían llover recursos contra la ley y demandas por responsabilidad patrimonial. Por eso, se optó por dar un periodo de carencia de cinco años para desarrollar los proyecos urbanísticos programados sobre suelo ya urbanizable. El propósito era que pasado este plazo, si los promotores no habían actuado, el suelo volviera a su calificación de rústico.

Recurso de la Generalitat

La Generalitat presentará un recurso de casación contra la sentencia del TSJCV, así lo ha anunciado el consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, porque la sentencia no es firme y “pone de manifiesto el cambio de criterio y de rumbo en la valoración de la sala, que anteriormente se había pronunciado en términos favorables”.

Según la consejería, la sentencia “no entra a valorar el contenido del Pativel como herramienta de protección del litoral, sino aspectos formales del mismo y puntualiza que sí existen informes técnicos presentados, pero la sala los considera insuficientes”.

Por todo ello, el consejero ha trasladado “un mensaje de tranquilidad” y ha asegurado que la Generalitat “seguirá velando por la protección y preservación del litoral a través de todas las herramientas y recursos jurídicos de los que dispone”.