La jueza del pelotazo de las viviendas protegidas de Alicante cita como investigadas a la exedil de Urbanismo y a otras 14 personas

La jueza que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan de Alicante, ha citado como investigadas a 15 personas para los meses de mayo y junio. Entre ellas, se encuentra la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, un arquitecto municipal y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único.

También al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, es decir, el funcionario al que la Generalitat expedientó -suspendió de empleo y sueldo- por los visados de esta promoción y que adjudió una vivienda a su pareja, funcionaria municipal de Alicante.

La concejal de Urbanismo dimitió al poco de trascender el escándalo del pelotazo en la adjudicación de los pisos vendidos por una media de 200.000 euros cuando se estima que su precio de mercado es el doble. Buena parte de los beneficiarios son cargos o funcionarios del Consistorio, gobernado por Luis Barcala, del PP, o familiares de los mismos, además de allegados de participantes de algún modo en la promoción de los 140 pisos.

La promoción, que cuenta con pistas de pádel y piscina, se asienta sobre un suelo que era propiedad municipal y se vendió a un precio inferior al del mercado para posibilitar la oferta de vivienda de protección pública de una media cercana a los 80 metros cuadrados en un lugar, además, privilegiado, muy cerca de la playa. Fue la primera promoción de este tipo en casi 20 años en la ciudad, que también sufre los graves problemas de encarecimiento y carestía de la vivienda, como buena parte de las ciudades españolas.

Igualmente, están llamadas en calidad de investigadas otras diez personas que son beneficiarias de la adjudicación de nueve viviendas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Además, la magistrada ha acordado citar a siete testigos. Son, por parte de la consejería de Vivienda, el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General. Y, por parte del Ayuntamiento de Alicante, la jefa de servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Todas estas citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

En la providencia, la magistrada rechaza la solicitud de la acusación popular que ejerce Ciudadanos de recibir declaración como testigo, y no como investigado, al jefe de Sección de Vivienda Protegida, porque el Ministerio Público considera que este funcionario está presuntamente implicado en los hechos objeto de investigación.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha considerado lógicas las citaciones como investigados de la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y otros técnicos municipales y ha expresado el “máximo respeto a las decisiones judiciales”, además de ofrecerse a colaborar en la causa.

“Entendemos perfectamente esta resolución” ya que trata de que presten declaración todo aquel que ha estado relacionado con la adjudicación irregular de las viviendas de la promoción de Les Naus por parte de una magistrada que será quien “tiene que dilucidar” lo que ha ocurrido. Ha proseguido que no ofrecerá “ninguna valoración porque la juez está actuando, y esa actuación es la que tendrá o no consecuencias, y en base a la cual se tomarán decisiones”.

Por su parte, la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado en un comunicado que las citaciones judiciales ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde y que han formado parte de la estructura municipal. “Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”, ha resaltado. “Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante”, ha añadido la socialista, quien ha comentado que algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión tendrán que declarar ahora como testigos.