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El defensor del pueblo valenciano alerta de la pérdida de autonomía de las instituciones por la reforma del reglamento de Les Corts

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, denuncia que no compareció en el parlamento autonómico en 2025 para explicar el informe anual

El síndic de Greuges, Ángel Luna, durante un encuentro informativo tras la entrega de su 'Informe Anual 2025' a la presidenta de las Corts Valencianas, María de los Llanos Massó Linares, y restantes miembros de la Mesa de Les Corts, a 24 de marzo de 2026, en Valencia.Rober Solsona - Europa Press (Europa Press)

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, –el defensor del pueblo en la Comunidad Valenciana– ha denunciado este martes en Les Corts el “grave deterioro” de la relación entre ambas instituciones. Luna ha afeado que en 2025 no fuera llamado para comparecer en la cámara sobre los resultados del Informe anual a les Corts Valencianes correspondiente a 2024, algo a lo que obliga el Estatut d’Autonomia. El balance, entregado este martes a la presidenta y los miembros de la Mesa de Les Corts, da cuenta de las quejas de los ciudadanos que creen que han sido vulnerados sus derechos.

Luna ha presentado en una rueda de prensa el informe correspondiente a 2025. “Desde que asumió el cargo en 2019, ofreció diálogo y cooperación a Les Corts [donde PP y Vox tienen mayoría] para fortalecer la defensa de los derechos de la ciudadanía, pero esa disposición nunca obtuvo respuesta. Esa desafección prolongada se ha agravado notablemente a partir del ejercicio de 2025”, reza un comunicado emitido a los medios..

El defensor comparece en Les Corts y expone el informe anual tras ser citado por la cámara. Los grupos parlamentarios proponen la comparecencia en la Junta de Portavoces, donde se decide el orden del día, pero en 2025 no fue aprobada.

El nuevo Reglamento de Les Corts, según el Síndic, “no se acomoda a lo dispuesto por la Ley del Síndic sobre la exposición de contenidos del informe anual. La ley distingue entre la presentación formal del informe y su exposición pública, que es la que garantiza que el pleno de la Cámara conozca de forma directa los problemas que la ciudadanía traslada al Síndic. Suprimir la comparecencia ante el pleno, advierte Luna, supone una evidente reducción del papel institucional del Síndic. “La comparecencia ante el pleno dota el contenido de su informe de mayor trascendencia y repercusión pública, que si lo hiciese ante una comisión”, ha sostenido el síndic.

Es el último informe anual presentado por Luna, pues su mandato termina en diciembre de 2026. Fue elegido en 2022 con mayoría cualificada y los votos de Compromís, PSPV-PSOE y PP, y el voto en contra de Vox. El defensor ha incorporado al documento un balance de la deriva de la relación institucional con Les Corts durante los siete años que lleva en el cargo, y de la evolución de los principales problemas de la ciudadanía en este mismo periodo de tiempo.

Luna ha denunciado que la modificación del Reglamento de Les Corts en 2025 abre la puerta a intervenir las partidas presupuestarias de las instituciones estatutarias durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat.” Aunque la redacción es ambigua”, el Síndic señala que este cambio produce “un riesgo de presión política contrario a la autonomía e independencia que el Estatut protege mediante mayorías cualificadas”.

En su informe, el Síndic da cuenta del episodio que afectó en 2025 a la Acadèmia Valenciana de la Llengua –la AVL– cuyo presupuesto “fue modificado durante la tramitación parlamentaria hasta comprometer su funcionamiento y anular en la práctica su autonomía orgánica y presupuestaria”. Tras la solicitud de la presidenta de la institución, el Síndic pidió al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Aunque este no llegó a materializarse, sí se emitió una recomendación al Consell “para corregir la situación y salvaguardar la independencia de la entidad lingüística”.

El informe anual de 2025, con más de 5.000 quejas y 23.100 consultas ciudadanas, “confirma el crecimiento sostenido de la actividad de la institución”. El texto señala que en casi el 80% de las quejas recibidas se ha vulnerado el derecho a una buena Administración, por falta de respuesta a las solicitudes o reclamaciones de la ciudadanía.

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