Pérez Llorca ofrece a Benidorm “todo la ayuda” por la condena multimillonaria de Serra Gelada

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este lunes Benidorm y ha tenido que referirse al tema que monopoliza desde hace meses la conversación política en la capital turística: la condena al Ayuntamiento a indemnizar con más de 250 millones a los propietarios de unos suelos por la pérdida de edificabilidad en lo que, desde hace veinte años, es el parque natural de Serra Gelada.

A preguntas de los periodistas, Pérez Llorca ha mostrado la voluntad del gobierno autonómico de apoyar al consistorio “como haríamos con cualquier otro municipio que estuviera obligado a cumplir con una sentencia de esta envergadura” y es que la indemnización dobla con creces el valor del último presupuesto municipal.

El jefe del Consell ha apoyado al alcalde Toni Pérez, también del PP, y ha destacado su responsabilidad para cumplir con esta condena sin precedentes en el urbanismo español que, ha defendido, no es reprochable al actual gobierno local porque “viene desde hace muchos años”.

En concreto desde 2003 con unos convenios suscritos con los dueños de los terrenos bajo el mandato del entonces primer edil popular Vicente Pérez Devesa; acuerdos para compensar a los propietarios, los Murcia Puchades, que fueron renovados también por el PSOE hasta que, hace casi una década, esta familia pidió que se cumpliera con lo acordado y empezó la larga batalla que ha terminado dándoles la razón en los tribunales tras pasar por todas las instancias posibles.

Pérez Llorca ha recordado durante sus declaraciones, precisamente, la complejidad de todo el proceso y el PSOE ha aprovechado su ofrecimiento a colaborar para preguntar si el alcalde ha “recogido el guante”. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, cuestiona si se ha planteado expresamente al president la necesidad de ayuda por parte de la Generalitat “ya sea mediante aportaciones económicas o a través de la cesión de terrenos propiedad del Consell para compensar a los propietarios”.

Sin concretar nada sobre este punto, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Lourdes Caselles, ha salido al paso de Escoda afirmando que la Generalitat, a través de la Conselleria de Hacienda, “está informada de todo punto de todos los pasos” que se están dando desde el consistorio benidormense.

Un plan de pagos y varias cartas

Más allá de un posible apoyo de la Generalitat, con 283 millones de indemnización más intereses que ya superan los 70 millones, el Ayuntamiento de Benidorm tiene que ir dibujando cómo cumplirá con la sentencia. Este martes termina el plazo que el juez le dio para presentar un plan de pagos y en las últimas semanas se ha ido descubriendo progresivamente parte de la hoja de ruta que plantean los técnicos municipales.

Para empezar abrir un periodo de audiencia, sentarse a hablar con la familia, para definir los términos del cumplimiento; un posible encuentro con los propietarios en el que el alcalde ha insistido que sólo participarán perfiles técnicos y en ningún caso, ha asegurado también, cargos políticos. Por otro lado está el préstamo de 55 millones aprobado ya por el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Impulso Económico. Ambos puntos han pasado por pleno, pero queda todavía una gran cantidad por cubrir y fuentes municipales no quieren descartar por ahora casi ninguna opción: desde pedir más financiación hasta vender patrimonio o dar suelos a la familia; todo, insisten siempre en subrayar, con arreglo a la ley.

El plazo para amortizar la deuda es otro de los elementos en discusión. Los informes contemplan escenarios que van desde 12 hasta 100 años, punto que también ha generado críticas por parte de la oposición socialista advirtiendo del riesgo de “hipotecar a varias generaciones”.