Asociaciones de víctimas de la dana exigen en Les Corts responsabilidades y no entienden que Mazón siga aforado

Sonia Fuster, representante de SOS Desaparecidos y familiar de uno de los fallecidos durante la dana del 29-O ha iniciado su testimonio ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, con la voz entrecortada por las lágrimas y un emocionado recuerdo hacia las personas que perdieron su vida por la tragedia. “Hablo desde el dolor, la responsabilidad y la dignidad de quienes seguimos aquí. 230 familias fuimos golpeadas de manera irreversible. Seguimos llorando lágrimas de barro”. Para Fuster “es incuestionable que hubo un fallo en el aviso y en la gestión. Creo que nadie hizo las cosas bien al 100%. Desde aquel día vivimos con ansiedad, incertidumbre y desconfianza. No buscamos culpables, pero exigimos responsabilidades que permitan revisar, corregir y actuar; y responsabilidad de quien no estuvo al mando aquel día”, ha agregado. Entre hoy y mañana pasarán por esta comisión parlamentaria asociaciones y particulares en nombre de las víctimas 16 meses después de la tragedia.

Fuster ha exigido “verdad y justicia” ante una dana que “en pocas horas impactó directa o indirectamente en más de medio millón de personas. ”Fue un colapso en cadena", ha descrito, enumerando muchas de las cuestiones que fallaron: la capacidad de laminación del agua, la coordinación multinivel, el despliegue logístico, la gobernanza, “y, sobre todo, fallaron los avisos”.

La representante de SOS, que ha creado un grupo multidisciplinar para elaborar un amplio informe con propuestas —que los grupos han agradecido—ha concluido su intervención agradeciendo a todos los grupos parlamentarios con un “señorías, sí se puede” en referencia al grado de acuerdo que han manifestado antes y después de su intervención en la comisión. “Hoy han dado un ejemplo de buena política”, ha subrayado.

Alejandro Carabal, presidente de la Asociación de Damnificados de la Dana Alfafar/Horta Sud, Alejandro Carabal, ha iniciado su intervención con un “por fin estamos aquí, por fin estamos en casa”, dejando claro que el Parlamento autonómico es una de las últimas instituciones en recibirlos. Este bombero de profesión ha reclamado que la justicia y la verdad “deben ser el único elemento reparador” para las víctimas, y de las indemnizaciones anunciadas por el presidente de la Generalitat solo días antes de esta comparecencia ha planteado que está bien pero la dignidad está por delante.

“No quiero entrar en lo político pero no podemos aceptar que el máximo responsable de la emergencia [en alusión al expresidente Carlos Mazón] siga aforado y no haya acudido de forma voluntaria a declarar ante la jueza. Si no tengo nada que esconder, voy y entrego el móvil o lo que sea”, ha manifestado. Y ha afeado al PP que le haya dado a Mazón “otro cargo de responsabilidad”, le hayan “subido el sueldo” y proporcionado “otros privilegios”.

Carabal ha incidido en que las víctimas necesitan saber quiénes son los responsables. “Seguimos sin saber lo que se hizo y lo que no”, ha señalado al tiempo que ha pedido planes de emergencia, medidas de prevención y avisos más tempranos a la población. También ha reclamado la comisión mixta entre administraciones, “para que trabajen codo con codo” porque lo que pasó fue “gravísimo”. “Hay preocupación, hay psicosis y hay problemas de salud mental”, ha resumido.

El representante de la asociación de damnificados ha reconocido que el Es Alert es una herramienta “que salva vidas y funciona”. Eso y tener claro el mensaje que hay que enviar a la población porque “perder tiempo cuesta vidas y se ha demostrado”. Si es una inundación, ha planteado el compareciente, hay que ordenar a la población que suba a las plantas altas y permanezca atenta a los canales oficiales.

“La gente ahora está muy mal, hay ascensores que siguen sin funcionar, personas mayores que no pueden bajar a la calle, garajes sin recuperar, seguimos viendo barro, comercios que están abriendo con lo poco que tienen. La presión familiar..., todo eso se va acumulando”, ha descrito Carabal, quien ha pedido que sea la ciencia quien “nos debe guiar” ante este tipo de catástrofes y que la última palabra en la toma de decisiones la tengan los técnicos, no los políticos. “En Bruselas no entienden cómo no se empleó el sistema Copérnicus, que es gratuito”.

Este vecino de Massanassa ha descrito brevemente la noche tan dura que vivieron el 29-O. “Estuvimos abandonados y entiendo que en un primer momento no pudieran ayudar. Pero si de madrugada entraron los ladrones, otros podían entrar. La gente limpiaba de día y vigilaba de noche porque no había puertas en las casas. La gente chillaba por las calles buscando a sus familiares...”, ha descrito. Y ha reprochado la improvisación de las Administraciones. “¿Cómo pudieron venir primero adolescentes a traer agua?“, ha apuntado después de explicar que los afectados lo perdieron todo y allí no había ninguna administración que ayudase. ”Fueron tres o cuatro días eternos y estábamos a cinco rotondas de Valencia. No nos lo podemos explicar“.

Cuestionar el número de fallecidos

En un tono bien diferente, Concepción Cuevas, presidenta de Liberum, una asociación con sede en Asturias, negacionista de las vacunas y del cambio climático y personada en casos como el de la dana, el caso Koldo, el de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, o el del accidente ferroviario de Adamuz, ha vuelto a poner en cuestión el número oficial de fallecidos por la catástrofe, 230 según la investigación judicial: “Son comentarios que nos hacen gente de la zona cero. No sabemos si es cierto o no”, ha defendido. Cuevas ha asegurado que todos los avisos a la población el día de la dana fueron tardíos y hace responsables desde el Gobierno central al ayuntamiento más pequeño. A partir de ahí se ha centrado en denunciar que hubo falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Aemet y no ha querido pronunciarse, a preguntas de Compromís, de la actuación de Carlos Mazón, Salomé Pradas o del jefe de gabinete del primero, José Manuel Cuenca, cuando ese día le escribió a la consejera que se olvidara de confinar a la población.

Cuevas ha manifestado que el Gobierno central debería haber tomado las riendas de la gestión de la catástrofe de octubre de 2024 y declarado el estado de alarma porque hubo varias comunidades autónomas afectadas por las riadas. También ha cuestionado el sistema de alertas que, según ha dicho, pudo no llegar a los dueños de teléfonos móviles con versiones antiguas.