Un alto cargo de la Generalitat desmiente a Pradas y sostiene ante la jueza de la dana que el Consell conocía el ‘Es-Alert’

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas aseguró tras la dana de 2024 —la tragedia que dejó 230 muertos en Valencia— que se enteró de la existencia del Es-Alert el mismo día de la catástrofe. Fue a las 19.00. La situación era entonces extrema y decenas de desaparecidos habían muerto por la devastación de las aguas desbordadas del barranco del Poyo, génesis del temporal al inundar poblaciones como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.

Un año y medio después, un alto cargo del Consell ha desmentido a Pradas, que es la principal investigada en la causa que indaga la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra. Ricardo García, que entonces era subsecretario de la Consejería de Justicia e Interior, ha asegurado ante la instructora que la administración valenciana conocía las posibilidades del Es-Alert. “Era una herramienta de primer nivel”, ha afirmado en el juzgado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia como testigo, una condición que obliga a decir la verdad.

El Es-Alert no es una derivada más de las pesquisas. El mensaje se ha convertido en la piedra angular de la investigación. En decenas de autos, la magistrada ha defendido que, si el aviso a los teléfonos se hubiera enviado antes, decenas de vidas se podrían haber salvado. Pero no ocurrió.

Decenas de testigos han relatado ante la jueza cómo las vacilaciones, la imprevisión y la falta de experiencia de los gestores de la tragedia —Pradas era el mando único en la emergencia— lastraron el uso de esta tecnología. Hasta las 19.00, cuando la situación era extrema, no se puso sobre la mesa el envío de la alerta en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo de Emergencias), donde se gestionó la crisis.

También ha declarado en el juzgado como testigo este jueves Juan Ramón Cueva Camps, jefe de la Unidad de Análisis de Riesgo del Centro de Emergencias de L’Eliana (Valencia). En su intervención, ha reconocido que, a las 14.30, la situación en Utiel era “extremadamente grave por las lluvias torrenciales de la mañana” y que la preocupación comenzaba a centrarse en el barranco del Poyo. El peligro evolucionó después —según el testigo— a la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas. Y, a partir de las 17.30, el río Magro comenzó a desbordarse por Algemesí. “Me recordaba a las inundaciones del 2000. El pico, entonces, fueron dos días”, ha indicado.

Cueva Camps, que ha comparecido por segunda vez como testigo ante la magistrada Ruiz Tobarra, ha relatado que, a partir de las 17.30 del día de la desgracia, cuando la presa de Forata pasó a escenario dos por riesgo de rotura, el subsecretario de Emergencias planeó la posibilidad de enviar un Es-Alert.

El testigo ha recordado cómo fue la gestación de esta notifiación, concebida inicialmente por el riesgo de Forata. Y cómo, tras plantear el escenario de la rotura de esta presa, el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, reconoció que ya no había riesgo en la infraestructura. “El siguiente paso es el Es Alert de las 20.11 horas. Nos faltaba texto y saber dónde mandarlo. Se plantea [su envío] a la provincia de Valencia, y no solo a las poblaciones afectadas por Forata”, ha recordado.

En su comparecencia ante la jueza, Cueva Camps ha sostenido que el texto [del Es Alert] se lo dio la consejera Pradas en un papel un poco antes de las 19.50 horas. Y que esta exdirigente le pidió que no se mandara la alerta hasta su autorización. Una aseveración que desmonta la estrategia de defensa de Pradas que, en su declaración como investigada ante la magistrada el pasado año, descargó su responsabilidad en los técnicos y se presentó en el juzgado como una participante más del Cecopi, pese a ser la máxima autoridad en la gestión de la emergencia.