Un testigo asegura ante la jueza de la dana que la exconsejera de Mazón investigada dudó sobre enviar la alerta

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y principal investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, “tuvo dudas” sobre el envío del mensaje masivo a móviles Es Alert, según ha desvelado el director de la empresa pública autonómica de emergencias, Raúl Quílez, a la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra. La notificación se ha revelado clave en las pesquisas judiciales. La instructora sostiene que, si el aviso se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas.

En su comparecencia como testigo ante la magistrada, el responsable de SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) ha explicado este viernes cómo fue la gestación del Es Alert a partir de las 19.00 horas, cuando arreciaba lo peor de la emergencia tras el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la inundación de municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. “Pradas tenía dudas sobre la legalidad de esa medida por el covid, el estado de alarma y las sentencias posteriores. Las dudas eran sobre el contenido de un texto, sobre si era posible reducir la movilidad o no de la población”, ha indicado el testigo, según explican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

El testigo ha señalado que, durante la preparación de la alerta, Pradas abandonó la sala para hablar por teléfono. “Dijo que había hablado con el secretario de Estado de Medio Ambiente”, ha precisado. Y ha defendido ante la jueza que el Es Alert que se propuso a las 19.00 fue para advertir a la población de la posible rotura de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas. “Se hablaba de que [la presa] podía colapsar sobre las 21.00. Esto recordaba a Tous”, ha relatado en alusión al municipio valenciano que en 1982 sufrió una pantanada que dejó nueve muertos y un reguero de 33.000 familias damnificadas.

El testigo, que ha reconocido desconocer cómo se tomó la decisión de enviar el Es Alert, ha relatado las vacilaciones que planearon en el Cecopi durante la cuenta atrás de la notificación. “No hay una discusión acalorada. Había una valoración sobre si se ordenaba una evacuación o si era contraproducente. No sé cómo se trabajó el texto”, ha admitido. La jueza ha criticado en decenas de autos el contenido de un aviso que, entre otras omisiones, no instaba a la población a subir a las primeras plantas. Y más de la mitad de las víctimas fallecieron en plantas bajas y garajes.

Quílez ha explicado que los responsables de “discurtir” el Es Alert fueron el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y el entonces responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, que se hizo célebre porque admitir que sus profesionales se retiraron ancitipadamente de vigilar el barranco del Poyo para irse a comer.

En su comparecencia, Quílez, que al declarar como testigo tiene la obligación de decir la verdad, ha insinuado que se enteró por la prensa de la retirada anticipada de los bomberos forestales del barranco del Poyo. Unos profesionales que se marcharon de la rambla a las 15.00, una hora y media antes de que se desbordara. “Me sorprenden después estas informaciones”, ha indicado el testigo, que ha llegado a decir que “no pintaba nada” en el Cecopi. “Estoy de mero espectador por si necesitaban algo de mí”, ha añadido. Y ha recordado la llegada del expresidente Mazón al Cecopi, 17 minutos después del envío de la alerta, cuando la situación era extrema. “Mazón habló con Pradas. Pidió que le pusieran al día. Convoca una rueda de prensa. Tras la rueda de prensa, ya con Mazón, sigue llegando información [al Cecopi]. Ya hay constancia de la tragedia”.